Opinión

Lo que hay que saber en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional (2 de 4)

Por Joseph Harold Pierre

3 - Contra la sentencia

El rechazo a la sentencia se hace por varios motivos. Para algunos, la medida constituye una violación flagrante a la Constitución dominicana de 2010 y el derecho internacional. Para otros, ella se inscribe en la lógica racista del trujillismo. También se considera como un acto inhumano que tiende a provocar un genocidio civil. La decisión también se analiza en términos de su impacto negativo en la economía dominicana.

3.1 Dimensión legal

En cuanto a los aspectos jurídicos de la denegación, en primer lugar, hay que citar a las magistradas, Isabel Hernández Bonilla y Katia Miguelina Jiménez, quienes votaron en contra, basándose en las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecen que “ la calidad migratoria de una persona no se transmite a sus hijos”. En efecto, de acuerdo con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que República Dominicana es signataria, las sentencias de la CIDH son definitivas y vinculantes, y no pueden ser revisadas internamente. Las magistradas también recordaron que, antes de 2010,  las constituciones dominicanas establecieron que toda persona nacida en el país tiene derecho a la nacionalidad, excepto los hijos de diplomáticos y personas en tránsito. Estas últimas difieren de los que han permanecido mucho tiempo en el país. Además, el juez Eddy Olivares de la Junta Central Electoral (JCE) afirma que la Corte ha excedido en sus funciones respecto a la sentencia, ya que transformó un asunto de registro civil en una cuestión migratoria

Muchos juristas dominicanos se han alineado a la posición de las magistradas opositoras, entre  quienes se encuentran los constitucionalistas, Olivo Rodríguez, y Eduardo Jorge Pratts, autor de libros sobre derecho constitucional y director de la maestría en Derecho Constitucional de la PUCMM. El profesor Pratts califica la decisión de “alquimia interpretativa” y “autismo constitucional” y sostiene, al igual que muchos otros, que la sentencia viola los artículos 110 y 74.4 de la Constitución de 2010 que estipulan, el primero,  la prohibición del uso retroactivo de las leyes y, el segundo, la interpretación más favorable de la persona que recurre a una ley para la protección de sus derechos. Un texto publicado pocos días después de la sentencia y que fue muy divulgado en las redes sociales, fue el de Negro Veras. El texto consistió en la exposición de los argumentos a favor de la sentencia, seguidos de su deconstrucción. Los elementos esenciales de la publicación son la diferencia establecida entre “persona en tránsito” y “persona ilegal” y la aplicación retroactiva de la Constitución de 2010 en la sentencia. El defensor de los derechos humanos sostiene que el artículo 11 de la Constitución Dominicana invocada por el Tribunal Constitucional afirma que “todas las personas nacidas en el territorio de la República Dominicana, con la excepción de los hijos de diplomáticos o las que están en tránsito, son Dominicanas”. Veras subraya que  el artículo citado no hace ninguna precisión en la nacionalidad de los padres, si son haitianos o no.

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, por su parte, afirma que la sentencia es una aberración que puede causarle graves consecuencias al país tanto nivel nacional como internacional. El historiador Hugo Tolentino Dipp y el economista Miguel Ceara-Hatton también están en contra de la sentencia. El segundo recuerda que, conforme al Reglamento de 1939, el “tránsito” no sobrepasa los 10 días, y agrega que la decisión del TC emana de un “grupo de dominicanos que quieren ver completarse la triste obra  triste iniciada por Trujillo en 1937”  Subraya también que en el primer circular la JCE, los dominicanos de ascendencia haitiana se identifican por las letras HH (Hijos/as haitianos/as).

3.2 Posición de organismos internacionales y ONG

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas han condenado la sentencia que, según ellos, tiende a dejar apátridas a cientos de miles de individuos.  La UNICEF en una nota del 9 de octubre  dijo que la decisión de la Corte Constitucional “podría tener un impacto devastador sobre miles de niños”. También afirma que la medida entra en conflicto con una serie de acuerdos internacionales firmados por RD y es contraria a los principios fundamentales de los derechos humanos. Organizaciones regionales, como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la CIDH y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) denunciaron la decisión que todas calificaron como discriminatoria. Declararon que esta medida hará apátridas a más de 200 mil “ personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana, legalmente consideradas como Dominicanos y que contribuyeron, como ciudadanos dominicanos, al crecimiento y al desarrollo de la sociedad, la economía y la política dominicana”.  Por su parte, líderes de la región entre ellos los primeros ministros de San Vicente y Trinidad y Tobago, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana y el ex Primer Ministro de Jamaica también expresaron su desacuerdo con la sentencia que no sólo tiene “consecuencias catastróficas” sino que también representa una afrenta a las normas internacionales.

ONG locales entre ellas Centro Bonó y Participación Ciudadana han analizado la dimensión humanitaria de la decisión del TC. Para la ONG de los Jesuitas, la sentencia  es “absurda, insensata e injusta”, mientras que Participación ciudadana le recuerda al Estado que la soberanía no le exime de la “obligación de aplicar las leyes sin discriminación, y conforme al principio de  irretroactividad, según lo establecido en la Constitución”. También hay que señalar que las organizaciones de la diáspora dominicana (España, Estados Unidos y Puerto Rico) rechazaron la sentencia, argumentando que si esta ley se aplica, no tendrán moralidad para exigir los derechos que son violados en su propio país de manera tan vejatoria y absurda. Gerald McElroy de la ONG Yspaniola y estudiante de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, acompañado de un grupo de jóvenes, también condenó la sentencia en su video “Eso no se hace” colocado en You tube y sobre el cual fueron escritos varios artículos.

En la 22 ª sesión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL,  un grupo de mujeres protestaron al grito de “Todas somos Haití”, al instante que el presidente Danilo iba a tomar la palabra. Para estas mujeres, la aplicación de la sentencia aumentaría el abuso sexual y la violencia, además de que impactaría negativamente la salud emocional  las familias afectadas. Cabe señalar que esta manifestación fue mal vista en el país  tanto por los defensores de la decisión como  los que lo rechazan. Para Consuelo Despradel que está a favor de la sentencia, (mientras opta por una solución al drama humano que representa), este acto es una grosería, una vagabundería  una falta de respeto al Estado dominicano. En cuanto a Luis Soto, director de Espacinsular y que está en contra de la sentencia, al gritar “Haití”, estas mujeres hicieron más confusa y ambigua la situación, y le hicieron un favor a los nacionalistas que quieren confundir nacionalización y migración, mientras que los afectados no tienen nada que ver con Haití, ya que son dominicanos.

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