El presidente Danilo Medina, inicia el próximo martes 16 de agosto su segundo mandato como presidente constitucional de la República, es propicia la ocasión para pasar balance de “lo que nunca se hizo”, al rumbo de las políticas públicas, los retrocesos en el orden democrático y las restricciones del Estado de derecho.
En este período identificamos poca avances y el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, queda demostrado con la utilizando y control del Congreso Nacional, para imponer una reforma constitucional para garantizar la reelección.
También no avanzamos en el proceso de racionalización del gasto, por cuanto, el uso y abuso de los recursos del Estado quedo demostrado, violentando el marco legal vigente y el incremento descomunal en el gasto gubernamental en el último proceso electoral de acuerdo a las informaciones de la ejecución presupuestaria en el 1er trimestre de este año.
En el país persisten problemas fundamentales, estructurales, sistémicos y no se percibe el interés del Jefe de la Administración Pública de subordinar a sus subalternos a la Constitución y a la ley, ni mucho menos a la sujeción del régimen de consecuencias y sin políticas públicas efectivas para enfrentarlo.
Hoy afirmamos que el presidente no ha cumplido ni su palabra, ni la ley, ni cumplió su promesa cuando dijo “Al primero que el Rumor Público señale, le voy a pedir cuentas de frente a todos sus compañeros, y cuando le pida cuentas, si no me satisface lo que me diga, simplemente lo cancelo. Todos van a saber que lo cancelé por eso”.
En ese sentido, podemos decir que la gestión de Danilo Medina transito el camino de la impunidad, semana tras semana en programas periodísticos aparecen casos concretos de denuncias de corrupción pública, mientras la administración pública y funcionarios de esta gestión guardan un silencio que raya en lo cómplice y ensancha el nefasto camino de la impunidad.
Esos niveles de impunidad se manifiestan y evidencian vía el poco avance para garantizar la independencia funcional, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción.
En el camino de la necesaria reforma de la administración pública, nunca se hizo, ni se garantizó “la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, para evitar la existencia de órganos en el Estado que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción” como se había comprometido en el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.
En ese sentido, recordamos que la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), debió ser eliminada por el Presidente de la República, pero hace falta voluntad, compromiso, entereza para aplicar la Ley Orgánica de la Administración Pública No 247-12 y su Reglamento de Aplicación
Por cuanto, no logró y nunca hizo los esfuerzos firme para la reestructuración del tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.
La no implemento la Ley de Salario de Sector Publico, es otra de las acciones que no se hizo, no adoptó medidas o acciones que permitan un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado, unificando y transparentando toda remuneración directa o indirecta recibida por el funcionario público, así como creando un sistema remunerativo que asegure la compensación en base al mérito y características de la prestación del servicio.
En el período de gestión del Presidente Danilo Medina, no sesiono nunca, ni se convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Aprovechamos para recordar, que la última vez que se reunió fue con motivo de la juramentación de los designados miembros de las Altas Cortes.
El CNM no ha sesionado para cumplir su misión constitucional de diseñar un sistema de evaluación del desempeño en virtud del principio de seguridad jurídica, de igualdad de acceso y de trato, principios que deben ponderarse al momento de evaluar y seleccionar a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y en virtud del principio de igualdad a los demás integrantes de las Altas Cortes.