Uno de los grandes problemas que como país debemos encarar es la ausencia de una política fiscal que se corresponda con nuestra realidad económica y social. Me refiero a la falta de sostenibilidad tanto en los patrones de gasto público como en los niveles crecientes de la deuda pública. Este es un tema que de no recibir la atención necesaria, conllevaría a muy bajos niveles de dinamismo económico y empleo. Sencillamente, en un país con niveles de desempleo general por encima del 15% donde la mayor parte de los desempleados son jóvenes y más de un 50% de la economía es informal, la indisciplina fiscal no se debería permitir. En este sentido, propongo consideremos internalizar los principios detrás de las “reglas fiscales” como norte de una nueva estrategia fiscal.
Las reglas fiscales buscan restringir la flexibilidad de las políticas fiscales en el largo plazo. Pretenden producir predictibilidad en una serie de indicadores agregados que idealmente conducirían a mayores niveles de estabilidad económica. En el caso chileno, por ejemplo, algunos gobiernos de la Concertación y en particular los últimos, se comprometieron con el balance efectivo de los gastos e ingresos de gobierno. La administración de Ricardo Lagos (2000-2006) bajo la supervisión del entonces Ministro de Finanzas Públicas (hoy Ministro de Educación) Nicolás Eyzaguirre diseñó una regla fiscal que buscaba que los ingresos fueran mayores a los egresos en el 1% del PIB. En resumidas cuentas, la regla buscaba generar disciplina fiscal para generar un crecimiento sostenible no financiado por altos niveles de deuda, como se da en nuestro país.
Todas las reglas fiscales son distintas y por tanto sirven propósitos distintos. Sin embargo, la clave detrás de las reglas fiscales es que sólo se piensan en el largo plazo. De ahí que no pueden verse aisladas de la visión política económica de un gobierno; de ahí que dependen del buen funcionamiento del Estado, del imperio de la ley y de muy altos niveles de institucionalidad.
A pesar de que el gobierno dominicano actual no nos permite tan siquiera considerar la posibilidad de pensar en reglas fiscales, introduzco el tema porque pone de relieve la naturaleza y el origen del debate fiscal. El tema fiscal es de naturaleza político y por tanto debe verse desde la óptica del compromiso de quienes inciden en determinar el comportamiento del gasto de gobierno.
Hoy, a pesar de la disfuncionalidad de la mayoría de nuestros principales bienes y servicios públicos (el suministro de agua potable, de energía eléctrica, la educación, la salud, la seguridad ciudadana), abordamos este tema trascendental desde la óptica del “pacto fiscal.” Un pacto fiscal no logrará mayores compromisos de parte de nuestros actuales funcionarios y peor aun, legitimará el despilfarro del erario público.
Parte de lo que implica alcanzar el Estado democrático y de derecho tiene que ver con la posibilidad de lograr un nivel de sostenibilidad fiscal adecuado para crear las estructuras garantes de nuestros derechos humanos. Eso, sobre todas las cosas, nos lleva a concluir que este gobierno es incapaz de producir los cambios que como sociedad demandamos.
En lugar de hablar sobre pactos fiscales y reformas tributarias, propongo nos replanteemos la política a partir de nuevos y mejores políticos.
He ahí el truco del cambio en la política: ¡políticos decentes para una política decente!
Samuel Bonilla
@sbonillabogaert