Lo ocurrido el pasado domingo en nuestro país no debe ser tomado con ligereza y debe someterse a una investigación profunda y seria. Nos referimos al apagón ocurrido en las pistas de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y el fallo en el funcionamiento del teleférico de Puerto Plata, lo cual mantuvo a más de 30 personas varadas durante largas horas, siendo rescatados los últimos en la madrugada de ayer lunes. Con todo esto, vivimos una parte final del domingo lleno de incertidumbres, no solo por el riesgo que significó lo ocurrido, sino también por desconocer realmente cuáles fueron las causas que provocaron estos hechos.
En cuanto a lo ocurrido en el AILA, hasta el momento la versión más difundida es que se trató de unos ladrones que accedieron al área restringida del aeropuerto, en donde se encuentra el registro eléctrico, cortando y robando los cables que alimentan las luces de las pistas. Esta puede ser una versión preliminar de los hechos ocurridos, sin embargo, esto no puede ser tratado como un robo simple. Esto va mucho más allá, ya que se trata de un atentado contra la seguridad de una de las estructuras que se consideran estratégicas en virtud de la Ley No. 267-08, sobre Terrorismo. Si bien en esta ocasión lo ocurrido solo causó daños de tipo económico para las aerolíneas, quienes tuvieron que modificar sus planes de vuelo y reestructurar los itinerarios de los pasajeros afectados, esto pudo haber terminado en tragedia.
Tratándose de un atentado contra un aeropuerto, la precitada Ley No. 267-08, en su artículo 11, sanciona con penas de 30 a 40 años, “a todo aquel que mediante violencia, soborno, engaño o coacción, o cualquier otro medio ilícito, usando o no armas o instrumentos peligrosos, reales o supuestos, se apodere, capture, bloquee, dañe o perturbe, todo o parte de las instalaciones de puertos o aeropuertos nacionales o internacionales, o interfiera, inutilice o bloquee sus sistemas operativos, o de las aeronaves o naves en ellos estacionados o atracados”. En el caso que nos ocupa, de comprobarse de que hubo un robo de los cables que abastecen la electricidad de las pistas del AILA, el sometimiento a la justicia debe ejecutarse por violación a la Ley No. 267-08, porque vuelvo y reitero, esto no se trató, en caso de que así haya ocurrido, de un robo simple.
En el caso de Puerto Plata, en donde se ha informado que hubo un fallo de una de las poleas, este evento también debe ser investigado de forma profunda, porque, aunque pudo haber sido una coincidencia que se haya producido de forma concomitante con lo ocurrido en el AILA, el mismo día en que el presidente sale del país, deben ser despejadas todas las dudas. Estos son los casos en que es preferible que tilden a uno de “conspiracionista” y salir de todo tipo de dudas, que actuar con ligereza y asumir que son cosas que pasan.
Lo ocurrido el pasado domingo es una señal para que todos los organismos de seguridad del Estado se unan con el objetivo de garantizar la estabilidad de nuestro país y el correcto funcionamiento del Estado. Es momento de pecar por precavidos y no de fallar por confiados. Lo anterior cobra más sentido cuando analizamos el momento histórico que estamos viviendo como nación, en donde por primera vez se está enfrentando a sectores de poder que tienen todo el alcance y la capacidad para causar una crisis de cualquier índole.
Finalmente, felicitar a los hombres y mujeres que este pasado domingo trabajaron incansablemente, tanto para restaurar en 4 horas el funcionamiento de las pistas del AILA, así como para rescatar a las personas que se quedaron varadas en el teleférico de Puerto Plata. Especial reconocimiento a aquellos que actuaron de forma voluntaria en Puerto Plata, como fueron muchos de los miembros de la Defensa Civil que allí estuvieron. Dominicanos de ese tipo, con un gran corazón y una vocación de servicio, deben ser la motivación principal para todos aquellos que aún guardamos esperanza por nuestro, país para continuar luchando día a día para darle a la República Dominicana un futuro mejor.