“Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos”-Nelson Mandela
Ser o no ser, esa es la cuestión, es la primera frase del soliloquio o monólogo del personaje Hamlet, creado por el prominente dramaturgo inglés William Shakespeare. Utilizada masivamente en numerosas situaciones de notables dilemas políticos, bien podría resumir hoy la aparente sencillez de autorizar o no la continuidad de las operaciones de la Barrick Pueblo Viejo Corporation. Veamos brevemente un antecedente muy aleccionador.
Puede suceder que luego de recibido el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas y tramitado al Ejecutivo el proyecto de resolución de aprobación de concesión minera para explotación, nunca se reciba respuesta alguna, ni afirmativa ni negativa. Fue el caso Romero.
Sabemos que para que esta resolución permitiera el inicio de actividades en esa zona, además de la anuencia previa del Poder Ejecutivo, debió contar con la licencia ambiental. Esta resulta o debería resultar de un ejercicio científico-interdisciplinario llamado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que arranca con la comprobación de la documentación y del Estudio Técnico-Económico del proyecto en cuestión. Este debe ser realizado con una elevada e impecable rigurosidad técnico-científica.
Al conocerse el visto bueno preliminar del MEMRD, la oposición de ciertos sectores al proyecto se hizo sentir. El presidente de entonces adoptó la estrategia del avestruz, es decir, su conocida y habitual afonía frente a los asuntos clave de la nación. Era de esperarse que, en un sistema donde el presidente es un faraón, Mimarena se hiciera entonces el chivo loco, exhibiendo una vez más su proverbial inactividad.
Este antecedente político presentó al país como uno de institucionalidad débil en el que las decisiones políticas de alto nivel, que involucran cuantiosas inversiones extranjeras, se toman en función de las cercanías de las elecciones o la presión de intereses anónimos o los niveles de miedo a voces disidentes que habitualmente no disponen de estudios rigurosos que respalden sus posiciones.
Como reiteraba el ministro actual de minas, Ing. Antonio Almonte, en ocasión del Primer Foro Nacional de Minería celebrado el pasado día 6 de mayo, la mejor vía de asegurar la preservación del ambiente y de los derechos de las comunidades y la sociedad en materia minera, al margen de otras consideraciones importantes, es la elaboración oportuna, rigurosa y completa del EIA.
La autorización de inicio de actividades de explotación minera no puede tener lugar sin que se haya completado este proceso-afirmaba el ministro-, debiendo abarcar temáticas como la hidrología y calidad de agua, fauna, flora y plan de monitoreo. De esta visión ambiental se deriva posteriormente el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMMA).
Entendemos que la sociedad y las comunidades involucradas en particular deberían oponerse a los nuevos proyectos mineros o a su ampliación en escalas importantes, solo cuando se ha completado el EIA con resultados nada favorables para el emprendimiento que se trate. Además de ese estudio, cuenta de manera decisiva la visibilidad y actuación de autoridades responsables y honestas, capaces de hacer cumplir las normas ambientales y mineras. La transparencia y rendición de cuentas, y el monitoreo y evaluación participativa de resultados, deben ser efectivos, permanentes y de alta calidad técnica.
El gobierno del PRM tiene la gran oportunidad de demostrar a la sociedad dominicana que se puede hacer minería de manera responsable y sostenible, con mínimos impactos ambientales y tangibles beneficios para el desarrollo del país.
La historia se repite con las peculiaridades propias de nuevas circunstancias y lidiando otros actores. Como en Romero, hoy estamos frente a una decisión en materia minera trascendente para el país.
Se trata de la expansión de las operaciones de Barrick, empresa multinacional que opera en el país desde 2013. Hace algún tiempo tomó la decisión, partiendo de su propio estudio de alcance, de ampliar su planta de procesos y capacidad de relaves.
En este caso, no es necesaria una nueva concesión ya que la Barrick actúa con base en el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (Reserva Fiscal Montenegro), vigente hasta 2038 y renovable automáticamente por otros veinticinco años (hasta un máximo de 75).
De no ampliar sus operaciones el minado terminaría en 2021 y la producción en 2029. En este escenario estaríamos no solo frente a una ralentización financieramente insostenible del rendimiento de las operaciones de extracción del mineral, sino también peleando con una significativa merma de las conocidas contribuciones sociales, económicas y tributarias de la corporación.
Barrick debe concluir la preparación de la documentación pertinente y el estudio de factibilidad técnico-económica del proyecto de expansión. Partiendo de esta premisa, de contar con el visto bueno de autoridad minera competente y del presidente, seguirá el EIA.
Este estudio es la voz de la ciencia y de expertos en el ramo y debería ser el argumento principal de la decisión política a favor o en contra de la expansión prevista. También debe ser base del discurso de los grupos ambientalistas y de la sociedad civil.
De ser favorable, la continuidad del aprovechamiento minero en la mencionada reserva debe ser autorizada porque el país requiere más que nunca de los ingresos resultantes; de no ser favorable, habrá también ganado el país porque ningún gobierno serio estaría de acuerdo con aceptar anticipadamente daños ambientales teóricamente demostrados a cambio de ingresos fiscales relevantes.
Oponerse a la expansión sin nada en las manos no es en absoluto aconsejable. Las percepciones no bastan, mucho menos las especulaciones fundadas en “posibles escenarios” de destrucción del capital natural crítico de una zona determinada. No es voluntad y realidad como en el caso de Hamlet, es ciencia y decisión. Así se avanza hacia el desarrollo.