Ha transcurrido más de una década desde el inicio del proceso de reforma del sector eléctrico, y parecería que la sociedad dominicana no se ha dado cuenta que hay cosas que han cambiado de una manera drástica frente a sus ojos y otras no.

A principio de la década de los noventas se permitió la inversión privada en la generación eléctrica por razones que procuraban un aumento de la capacidad instalada para dar respuesta a los niveles de obsolescencia e indisponibilidad técnica que había en el parque de generación en ese momento. Cabe mencionar, que suplir la demanda de energía en dicho momento era un proceso traumático no sólo por los aspectos técnicos, sino por el errado entendimiento de muchos usuarios que asumían la electricidad como un servicio público gratuito.

El tiempo pasó, y llegamos a finales de la década de los noventas y nos encontramos con el proceso de la capitalización; la llamada reforma del sector eléctrico. Un esquema que propiciaba la participación del sector privado en joint venture con el Estado, en los segmentos de generación y distribución, manteniendo la transmisión en manos del Estado por sus condiciones de monopolio natural. Los resultados alcanzados en la distribución eléctrica son muy conocidos por todos. Capitalizamos en el año 1999 la distribución y comercialización eléctrica y fue dividida en tres empresas. En el año 2003 volvimos a estatizar dos de ellas y la tercera un par de años más tarde. Lo que significa que la contrarreforma llegó cuatro años después de iniciada la reforma.

Todos conocemos lo sucedido con la distribución eléctrica antes, durante y después de la reforma eléctrica. Hemos visto como las perdidas técnicas en vez de disminuir se han mantenido estáticas y más bien se han profundizado hasta el punto de que las redes eléctricas están tan deterioradas que no pueden distribuir eficientemente la energía generada para suplir la demanda pico del sistema. Y en cuanto a las perdidas no técnicas, aquellas que tienen que ver con el robo y no pago de la electricidad, aún se mantienen altos porcentajes, porque no ha sido posible vencer una cultura enraizada en gran parte de la sociedad dominicana que sostiene que la electricidad es un servicio público gratuito. Por más que se ha querido ayudar las estadísticas, todos sabemos que el cuarenta (40%) por ciento de la energía que se sirve a la red se pierde. Situación que nos lleva a concluir que el tema de la distribución eléctrica es el principal problema del sector eléctrico de la Republica Dominicana. 

No obstante eso, y a pesar del conocimiento generalizado de las altas pérdidas técnicas y no técnicas en el área de la distribución, algunas personas y sectores se han dado la tarea en los últimos años de desinformar al país, pretendiendo desviar la atención del problema eléctrico hacia el área de la generación.

De los resultados positivos que produjo la reforma eléctrica, los más significativos se encuentran en la generación eléctrica. Las inversiones en nuevas plantas eléctricas y reacondicionamiento de otras, produjeron un aumento significativo de la capacidad instalada, acompañada de una importante diversificación de la matriz energética. Es decir, se integraron 1,180 megavatios (MW) nuevos en el sistema, y se recompuso la matriz energética de forma tal que a principio de la década pasada teníamos una dependencia de un 85% del petróleo, y hoy tenemos un parque que tiene 27% de gas natural, 16% de carbón y redujo su dependencia del petróleo a 45%, todo esto en los primeros cuatro años de la reforma, sin tomar en cuenta los esfuerzos actuales para integrar mas megavatios al sistema eléctrico usando carbón, gas natural y energía eólica.   

Lamentablemente, el nivel de comprensión de la población sobre el sector eléctrico está plagado de grandes confusiones. Todavía, muchas personas piensan que cuando hay apagones se debe a que no hay plantas eléctricas suficientes para suplir la demanda de energía. No saben que existe la llamada gestión de la demanda, que provoca de manera expresa que alrededor del 20% al 24% de los consumidores no reciba electricidad, ya sea por deficiencias en las redes de distribución, o porque gran parte de las personas o negocios que ubicados en determinados sectores no pagan la energía; todo bajo el precepto de que se pierde menos dinero gestionando la demanda (dando apagones) que permitiendo que quienes no pagan la electricidad la usen.  

Actualmente la capacidad instalada de generación eléctrica se estima en 2,989.6 MW, y la demanda de energía reportada por los organismos competentes es de aproximadamente 1800 MW, lo que evidencia que la capacidad de suplir la electricidad que necesita la población está muy por encima de la demanda. Por tanto queda demostrado y se puede afirmar que el problema eléctrico y los apagones no es por falta de generación eléctrica.