Gobernar un país es una tarea muy difícil, más todavía si se desconoce las precariedades y disparidades económicas y sociales que padece la población. Esta tarea se complica aún más cuando la interpretación de la coyuntura conduce a propuestas de política económica insuficientemente elaboradas, que no están a la altura de las circunstancias y que, lejos de evitar los indeseables resultados de la crisis, nos coloca indefensos frente a ella.
A pesar de las expectativas de la rápida recuperación económica, la realidad muestra un panorama distinto. En efecto, el producto interno se contrajo en el mes de enero en -1.8% del año en curso y, pese a que ya casi termina el mes de marzo, el BC no publica su indicador temprano que mide el nivel de actividad económica (IMAE) correspondiente al mes de febrero del presente año, lo que produce incertidumbre e induce a pensar que el resultado del crecimiento del PIB no está en la trayectoria prevista por la estrategia de la política de comunicación de las autoridades del BC. En otros años, se habría pregonado la recuperación de la economía (en forma de V) en el mes de febrero.
Lo cierto es que los resultados de la política económica que sigue la administración del PRM no ha podido mantener constante el número de pobres, por el contrario, se ha producido un aumento de la pobreza general de un 7%, excluyendo las ayudas gubernamentales (es decir, calculando la pobreza, neta de las transferencias del gobierno), según se consigna en el Boletín No. 8 de Estadísticas Oficiales sobre la Pobreza Monetaria, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) correspondiente al 2020.
Ese dato es consistente con la tasa de desocupación abierta que pasó de 5.3% durante el segundo trimestre del 2020 a 7.1% en el tercer trimestre del mismo año y aún se desconoce cómo se comportó esta variable al final del 2020. La situación del mercado laboral es más dramática cuando se incluyen los trabajadores desalentados, cuya tasa de desempleo era de 9.9% en el cuarto trimestre del 2019 y que aumentó a 16.8% en el tercer trimestre del 2021. La situación del mercado laboral es consistente con el aumento general de la pobreza, lo que sugiere que las políticas económicas extraordinarias puestas en marcha por los gobiernos del PLD y el PRM, que pretendían mitigar los efectos negativos de la pandemia, han sido claramente insuficientes.
Lo más preocupante es que las autoridades circularon informes económicos en los que afirmaban que la recuperación económica sería rápida, colocándose en el grupo de países que creyeron en las prometedoras proyecciones de los organismos internacionales. Contraria a las expectativas de rápida recuperación que tienen los organismos internacionales y el BC, Stephanie Kelton (al igual que Randall Wray y Scott Fullwiler) sugiere que la recuperación económica de la crisis provocada por el coronavirus tendrá forma de U, con una diferencia de que el período de recesión será relativamente más prolongado que las crisis que examinó la autora desde 1948 hasta el 2007. Lo que se debe, según su punto de vista, a la timidez con que los gobiernos usan la política fiscal para salir de esta crisis económica; obviamente atrapados por la lógica de la política neoliberal que argumenta que el aumento del gasto público saca al sector privado del mercado (crowding out).
En el caso de la economía dominicana, el error de la política económica actual no radica solamente en el monto de la expansión fiscal (déficit), sino en financiar el déficit fiscal con préstamos denominados en moneda extranjera, como si esta moneda fuera abundante en el país. Este error en la selección de los instrumentos de políticas se debe a una combinación de factores. Primero a la inexperiencia en la hacienda pública que reacciona contratando préstamos externos ante la caída de los ingresos públicos, sin percatarse no sólo de los límites que ese tipo de financiamiento impone a la eficacia del gasto público para mantener el crecimiento económico, sino que además revela que ha dedicado poco tiempo a explorar otras alternativas financieras igualmente viables y estables en el mediano plazo.
Por otra parte, el BC ha continuado con la misma política de hace más de veinte años. Sus autoridades saben que padece de insuficiencia en la generación de divisas y, por tanto, favorece el endeudamiento en moneda extranjera que, posteriormente, las desperdicia implementando una política cambiaria de flotación administrada, con ajustes ocasionales y rezagados con respecto a las condiciones del mercado cambiario. La costosa acumulación de reservas internacionales del BC no solamente compromete a las finanzas públicas, ya que debilita su balance financiero y el del sector público afectado por el déficit cuasi-fiscal que produce.
Esta política cambiaria se ha impuesto por más de dos décadas en base al temor y a las ventajas que el BC le ha proporcionado a la banca dominicana, a través de la creación de una renta que perjudica a los ahorrantes dominicanos, ya que la banca se queda con el 2% de los pagos de intereses que hace el BC a los tenedores de los títulos del BC. Las autoridades monetarias promueven el endeudamiento externo para mantener la estabilidad cambiaria y el gobierno entrega las divisas al BC para que continúe con el mito de la estabilidad cambiaria.
Para muestra, un botón. Al 21 de marzo del año en curso, el BC acumula RD$749,692.3 millones (equivalentes a US$13,168.67 millones) en colocación de certificados al público, lo que equivale al 39.7% de la deuda pública externa del país, considerando hasta febrero del 2021. La pérdida de reservas internacionales no impidió que el tipo de cambio se devaluara en 9.4% al cierre del mes de febrero; aún cuando el gobierno depositó los US$2,500 millones provenientes de los bonos colocados en el último trimestre del 2019 en el BC.
Además, cuando el BC compra divisas a los bancos comerciales, incurre en el costo de pagar una atractiva tasa de interés, cuyo costo no se recupera porque la moneda americana se compra para mantener el valor del peso dominicano. El gasto de las reservas internacionales del BC entre 2005 y 2016, ha sido aproximadamente de US$15,000 millones intentando controlar un precio en un mercado gobernado por las incontrolables fuerzas del mercado interno. Un ejemplo reciente de esto es la volatilidad de las reservas internacionales del BC entre el 2019-2021 tal y como muestra la siguiente figura.
Todavía hay tiempo para entender la situación económica e instrumentar políticas temporalmente consistentes, que permitan no sólo detener los efectos nocivos que ha caudado el choque macroeconómico que produjo la pandemia a inicios del 2020 sino también minimizar los efectos de mediano y largo plazo de las políticas que hoy se implementan.
Lamentablemente, el sector privado no debe diseñar políticas públicas porque se convierte en juez y parte, garantizando conflictos sociales e inestabilidad política. Por eso, hay que dar marcha atrás, reconocerse con el poder conferido por el voto para cambiar de rumbo y hacer un gobierno para la gente.