Pentagrama tenía planeado para esta semana y la próxima, un par de trabajos en los que se abordaría el tema de la dictadura constitucional y la tesis de la dictadura con respaldo popular del gran maestro de la política dominicana, don Juan Bosch, las circunstancias obligan a reflexionar otro problema grave, este tema lo abordaremos en próximas entregas.
El pasado domingo, siendo las cuatro o las cinco de la tarde me encontraba acompañando un sobrino en el Hospital Marcelino Vélez, quien resolvía problemas de salud de una hermana suya. Entre llamadas y búsquedas de una pinta de sangre, el ambiente se vio transformado de un momento a otro por el ingreso violento de un carro al área de emergencia, nada menos que un taxista, que huía de una horda de motoristas, quienes trataron de darle alcance para lincharlo.
Robert de la Cruz, el taxista que había tenido un accidente con una pareja en un motor, apretantemente por la imprudencia de los que se desplazaban en el motor, se detuvo en el lugar del accidente, los recogió del pavimento y los subió a su carro; no sin antes, ser agredido, y roto el cristal delantero del vehículo, robada la cartera con sus documentos y saqueado el carro por la horda solidaria. A pesar de todo este salvajismo, no abandonó las víctimas, huyó en su carro hacia el hospital más cercano, el Marcelino Vélez, y auxilió las víctimas.
Los linchamientos en los que se machacan con piedras, palos, se ejecutan personas con armas de fuego, se le da candela a una persona viva, o, se le arrastra colgando de una soga por el pavimento; se han vuelto episodios naturales y recurrentes en el país, en el que haciendo uso de una conducta barbara, se hace gala del mayor salvajismo con el justo derecho solidario de asesinar, ultrajar la dignidad y, despojar de su vida una persona.
Solo hay que gritar un ladrón, aunque no lo sea; un violador, aunque no lo sea; ahí va el chofer la mató, para que una turba solidaria le persiga y le aplique la pena de muerte, ley reservada a los linchadores, o, criminales encubiertos en solidaridad.
En nuestro país no existe la pena de muerte, por lo que todo el participe en un linchamiento se le debe procesar en la justicia y aplicar la pena máxima establecida en el código procesal penal 30 años, agravado con el tipo penal de turba y asociación de malhechores. Hay que parar el fomento de la cultura criminal, a través de los linchamientos u pseuda ejecuciones populares. Yo que escribo, usted que lee y el que no se entera, mañana puede ser víctima de un linchamiento por una u otra razón. Nunca hay razón, ni derecho para profanar la sagrada persona, o, despojar de su vida un ser humano hijo de Dios.