En última instancia un pacto fiscal será el resultado de las discusiones sobre la estructura tributaria que pretendemos los dominicanos y de lo que deseamos hacer o pretendemos hacer con el gasto público. Tiene esto último mucho de filosofía, pero la gran idea respecto al gasto público es su control y sus límites. Se habla poco de su calidad como tema de discusión. El gasto público no es para disponer del erario pensando como ricos, con manifestaciones de derroche que ni lo mismo ricos practican. El gasto público es para la realización del bien común.
No creo en la noción de limitar el gasto público total sobre la base de una responsabilidad fiscal que oculta la filosofía de gastar poco para que haya pocos impuestos para los que tiene mayor capacidad contributiva y circunscribir las recaudaciones a un modelo tributario regresivo donde los ingresos provengan de impuestos aplicados a todos por igual con el argumento de ser justo horizontalmente mientras somos distintos verticalmente.
Lo relativo al gasto público pasa por un buen desempeño del sistema político en termino de atender las necesidades que la gente quiere ver resueltas y el modelo de sociedad que quiere, teniendo como prioridad las necesidades que satisfechas resuelven problemas sociales y que deben ser opciones con soluciones en los programas de gobierno de los partidos políticos de tal modo que tengan vigencias en el proceso político y sean realizables a través del sistema como interpretación de las pretensiones de los ciudadanos. Si esto sucede un pacto fiscal es innecesario. La necesidad misma de un pacto fiscal es una premonición de que tenemos un sistema político defectuoso, que no funciona para enfocar los problemas de la gente, sino los asuntos del poder mismo y de cada uno de sus pretendientes y de grupos dominantes de intereses.
Los limites en el gasto público no deben responder al criterio de la austeridad como noción filosófica de que lo mejor es gastar poco para equilibrar las cuentas donde los impuestos recaudados también sean poco dejando el lastre de una gran deuda social y excluyendo las políticas redistributivas.
La contención del gasto público debe reflejarse en los grandes deseos de nuestros políticos y la afición de realizar sus sueños suntuarios para su satisfacción personal, como la ampliación de un despacho. Los límites en la disposición de los recursos públicos no deben tener como único objetivo el macro propósito de eliminar la corrupción, sino que al mismo tiempo deben propender a erradicar la vocación de muchos funcionarios públicos de donar el dinero del erario como si fuera suyo, de hacer compras que no están en marco de las funciones de las instituciones que dirigen y de las promociones personales en publicidad de instituciones cuyo único fin es prestar un servicio público indivisible, que no se pueden transar en el mercado por el principio de no exclusión, y su proveedor, que es el Estado, no tiene competidores porque no actúa en el mercado con la necesidad de destacar la calidad de sus productos que sólo deben ser buenas políticas y establecer mejores objetivos económicos, que sirvan también para proveer de bienes preferentes en el sentido de Richard A. Musgrave, aquellos que la sociedad prefiere su provisión a través del Estado, como la salud y la educación.
Los límites del gasto público, como parte de una política instrumental, se deben dirigir a circunscribirlo a los objetivos de la política económica, en la medida que son el resultado de la vigencia de propósitos de los ciudadanos que votan y se manifiestan en el proceso político y que para su realización ponen el gobierno a cargo de un partido político con cuyo programa estuvieron de acuerdo y votaron mayoritariamente por el mismo.
El gran pacto fiscal de los gobiernos es con la gente que vota sus propuestas de gobierno para consagrarlas como objetivos de la política económica y no establecer los objetivos de diferentes con grupos de intereses a través de la discusión de pacto que sería en cierto modo una estafa. En todo esto es necesario que el sistema político opere, las sociedades sólo hablan de pacto cuando la representatividad y el sistema político no funcionan y se procura hacer la distribución de la carga tributaria y determinar la estructura del gasto público a través de acuerdos entre grupos dominantes.
Lo expuesto son ideales, pero en el mundo no deja de tener vigencia el cínico que en materia de impuesto dice: déjame a mi hacer la distribución y que otros se ocupen de los ideales. El cínico no opera con los ideales que pretende que la democracia funciones con la menor asimetría en la disposición de información pertinente, sino en un sistema de grupos de intereses que Tomas S. Adam hizo notar en 1928, cuando decía: «la imposición moderna o la elaboración de las leyes tributarias en su aspecto más característico es una contienda de grupo en la que fuerte intereses tratan vigorosamente de liberarse de las cargas tributarias actuales o futuras, se trata ante que nada de una gran disputa donde aquel que confía plenamente en la economía, la razón y la justicia se retirará, al final, derrotado.».
Sin iniciar las discusiones para lograr un pacto fiscal estos grupos se manifiestan en los medios a través de gente que demuestra una crasa ignorancia en materia de los impuestos, que diserta y actúa hasta en los centros universitarios en un tema como el impositivo del que Bertrand Russell decía que sobre el mismo nadie reconoce ignorancia, y nadie se declara inexperto, como decía Ortega y Gasset sobre el tema del amor.