En esta media isla los problemas son los mismos y siempre recurrentes. Sobre todo cuando se resaltan en vallas publicitarias en todos los rincones del país. Las candidaturas presidenciales de Temístocles Montás y Francisco Javier García, ministros de economía y de turismo, respectivamente, demuestran la falta de compromiso del gobierno de Medina con la institucionalidad. Que estos señores se mantengan en su puesto, a pesar de su proselitismo, muestra que la práctica de repartición de ministerios como botín de campaña forma parte del eslogan “continuar lo que está bien”.
Repartir ministerios y otras instituciones a los colaboradores más cercanos de una ardua campaña electoral es una práctica muy común en los gobiernos dominicanos. Esta costumbre implica la más pura aplicación de la visión patrimonialista del Estado en el que cada ministerio o institución constituye una parcela personal del beneficiario.
Esto dice mucho del sentido de respeto a la ley que tienen estos candidatos y con ello todo lo que sería un hipotético gobierno suyo: más de lo mismo. Y el país no necesita más de eso
El manejo irresponsable del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Dirección Nacional de Migración por parte de grupos aliados es el perfecto ejemplo de cómo las instituciones repartidas se aíslan y no son ni dirigidas ni controladas por el gobierno.
Los ministros han decidido que son presidenciables y concursar por la nominación. Quizás porque a través de los ministerios que dirigen han consolidado liderazgos de hojalatas.
El problema jamás será que se lancen como candidatos a la presidencia de la República, puesto que les asiste ese derecho. Lo que está mal es que lo hagan y sigan siendo ministros, es decir, que estén manejando fondos públicos y teniendo las influencias que les otorga estar frente a un ministerio.
Los ciudadanos no pueden tolerar que se haga campaña desde un puesto ministerial o funcionarial porque estas personas son responsables del cumplimiento de dirigir la política del gobierno en determinados departamentos para alcanzar los objetivos de interés general.
Es inaceptable que los ministros estén haciendo campaña no sólo porque tengan bajo su cargo el uso de recursos públicos sino también debido a que reciben financiamiento privado para sus actividades proselitistas. Nadie controla los fondos privados que reciben estos funcionarios públicos. Y esto puede prestarse, por ejemplo, al tráfico de influencias.
Hay que destacar que los ministros estén en campaña es una franca violación a la Ley de Función Pública, Ley No.41-08, que en su artículo 80, numeral 13 y 14, prohíbe a los funcionarios públicos hacer actividades políticas.
De hecho, la violación a esta ley, siendo a penas candidatos a la presidencia, es una carta de presentación a la ciudadanía. Esto dice mucho del sentido de respeto a la ley que tienen estos candidatos y con ello todo lo que sería un hipotético gobierno suyo: más de lo mismo. Y el país no necesita más de eso.
Dimitir en estos casos es un imperativo de principios. De ser distintos habrían dejado sus cargos desde el momento en que decidieron lanzarse a la carrera presidencial.