Un debate entre libertarios y marxistas en el tema del salario mínimo o control de alquileres es interesante cuando con claridad se expresa la lógica sustentan las conclusiones. En esto, los libertarios son más sinceros. Siempre exponen los argumentos lógicos por lo que rechazan el salario mínimo, “alquiler justo” o cualquier imposición ajena contraria al precio que refleje la voluntad de partes contratantes en un intercambio.  El marxista es, por lo general, oportunista y oculta su agenda.

Para el libertario, el individuo tiene un derecho natural de adquirir propiedad privada: ser dueño del pedazo de tierra que fue el primero en ocupar/cultivar o adquirir uno por compra pase esa prueba de legitimidad.  De la tierra no se puede ser dueño por el simple hecho de ser el primero que registró un pedazo donde el poder político señaló había que llevar un papel, tampoco por expropiación violenta de primeros ocupantes o compras con vicios de consentimiento. Cada individuo también es libre de tomar sus decisiones de consumo, ahorro o inversión con sus bienes.  Tiene poder soberano sobre su decisión de consumir hoy todo lo que vendió en el mercado de los frutos de su tierra o ahorrar una parte con la intención de guardar para consumir mañana o acumular para poder invertir, como comprar un tractor para mejorar la productividad.

Su libertad, de hecho, es absoluta para disponer de su propiedad en todo lo que no dañe directamente a terceros.  Si ve que su vecino es más productivo que él, puede ofertarle su terreno y llegar a un acuerdo que, por el simple hecho de expresar la voluntad de las partes, se considera los beneficia a los dos: alquiler, venta, producción en sociedad donde división patrimonio refleje valor acordado de las propiedades y responsabilidades conducción de la nueva finca. No se descarta tampoco la opción de vender para trabajar en dependencia para quien ha demostrado sacar más provecho a la tierra o la formación de cooperativas por asociación voluntaria.  Ningún acto de fuerza puede impedir esas decisiones soberanas de propietarios en una sociedad libertaria.

El individuo nace con derechos naturales ningún gobierno puede limitar o eliminar para obtener en cooperación con otros los bienes y servicios necesarios para su supervivencia.  Nace con derecho para adquirir propiedad privada por libre intercambio, no con el derecho a robar o despojar con violencia, directa o indirecta, a los demás de sus propiedades legítimas.  En el ejemplo del que vende su terreno a campesino más productivo, la venta puede darle liquidez suficiente para una casa propia y otra para fines de alquiler en el centro del pueblo.  Una ley que imponga bajar el alquiler a un monto establecido por congresistas es, simplemente, un robo que no puede reclamar y una transferencia del valor robado a la parte con que ya se había pactado otros términos.

Existen evidencias abrumadoras sobre el efecto de los controles de precios en frenar la inversión en nuevas unidades de vivienda y el deterioro de las condiciones de las que están con renta controlada cuando el gasto de mantenimiento resulta incosteable para el propietario. También ejemplos de lo que pasa con la situación de las viviendas en un sistema libre y en uno de renta controlada.  Para el libertario estas son evidencias que ilustran una realidad que se deduce de la lógica, no una prueba de su hipótesis que está a la espera de la próxima recolección de datos para ver nuevos resultados.  Favorecer control alquiler sobre propiedades privadas legítimas es un robo. Caso cerrado.

Con el salario la historia es parecida. El ser humano nace con propiedad privada de su cuerpo y es quien tiene el derecho a disponer la manera como utilizará sus talentos y habilidades para obtener su sustento.  Ningún poder coactivo se justifica para coartar sus decisiones como logrará eso durante su vida.  Es libre de determinar si será en la vida “un hombre orquesta” que en su conuco va a sembrar víveres, criar gallinas, pegar cada clavo de lo que será su vivienda, guardar efectivo en el colchón y hacer remedios caseros. En sociedad libertaria se puede estar bien como un ermitaño Crusoe o especializarse y disfrutar al máximo los beneficios de la división del trabajo dedicándose a lo que cree es mejor.

Ser trabajador o empresario es un producto de esa libertad de elección. Las revoluciones liberales terminaron con las monarquías y oligarquías donde la posición del individuo en la generación de riqueza estaba determinada por el linaje o por un privilegio real.  La libertad permitió usar el ingenio en cualquier actividad y entrar en contratos libres con quienes aceptaban incorporarse como accionistas o trabajadores en una empresa.  En el capitalismo no se nace predestinado de por vida a ser obrero o empresario. Tampoco la foto que retrata hoy su situación es la misma que tendrá en unos años. No hay nada seguro. Hoy puede ordenar las transferencias a las cuentas de nómina, luego de comprobar los balances en los bancos que tiene su empresa. En unos años, podría estar en situación de dependencia y estar su número de cuenta de ahorro entre las que van a recibir transferencias de salarios.

En los mercados libres y competitivos no hay nada seguro. El empresario inicia un proyecto empieza a pagar salarios sin haber realizado un solo peso en ventas. En un año piensa salir con la producción de un bien, que espera pueda cautivar a los consumidores para que abandonen otras opciones existentes o supere las que otros lleven al mercado al mismo tiempo.  Es un año pagando sueldos que no podrá recuperar de los trabajadores si las ventas y disponibilidad de capital no dan para continuar con la empresa. El trabajador por el salario que aceptó recibir se cubre de los riesgos de la incertidumbre de las ventas, uno que asume completamente el empresario.

A diferencia del trabajador que tiene su remuneración asegurada, el beneficio del empresario es incierto.  Por eso para ser exitoso debe tratar de pagar un salario que esté lo más cercano a la estimación del producto marginal que aporta cada trabajador.  Si paga por encima, gana menos que sus competidores; si se equivoca por un buen margen, verá como se marchan los trabajadores al recibir una mejor oferta.  La competencia, en consecuencia, favorece a los trabajadores porque pueden irse con el mejor postor por sus servicios. Es este proceso de subasta libre que se altera para dañarlo, cuando una ley impone un precio mínimo al que se los empresarios pueden iniciar sus ofertas. 

Al hacer ilegal la contratación a salarios menores al mínimo, están dejando fuera del mercado laboral a todos aquellos cuya productividad marginal es menor al salario mínimo.  Los deja fuera porque la ley no hace obligatorio contratar ni tampoco impide despidos.  Personas con deseos de trabajar aceptando un salario menor al mínimo, como en el caso de los más jóvenes o estudiantes, ahora no pueden conseguir ese empleo con el que iban a iniciar su entrenamiento y carrera en el mercado laboral.  Al igual que pasa con todo bien cuyo precio aumenta, la demanda disminuye y se hacen más atractivo los bienes sustitutos. Menos puestos de trabajo en personal aporta menos al producto marginal y se reduce el precio relativo de inversiones de capital para aumentar la productividad.

Esas son parte de las explicaciones que dan sin mucho rodeo los libertarios para oponerse a leyes de salarios mínimos. Por hablar claro se ganan “el no me simpatizas” del Quico del Chavo entre obreros ven un ataque a sus intereses o personas bien intencionadas que creen es posible legislar por decreto la felicidad. El coro, por eso, se lo hacen a los izquierdistas.

Los marxistas son propensos a embaucar a las personas presentándose como paladines de los que el salario no les alcanza para comer o la mitad del sueldo se le va en pagar un alquiler abusivo.  Por su apoyo, por ejemplo, a que el salario mínimo se ajuste al costo de la canasta básica promedio y el aplauso de un proyecto para aumentar la protección a los inquilinos, hoy son referentes de propulsores de la justicia social.  De esa manera ocultan a las personas las ideas incómodas que sustentan su filosofía y plan para dirigir la sociedad: la prohibición de la propiedad privada y el odio al intercambio libre de los individuos para satisfacer sus intereses particulares.

El marxista apoya salarios mínimos, control alquiler y, en general, fijación de precios por decretos a todos los bienes y servicios porque con eso destruye la esencia de una economía de mercados libres y competitivos.  Sin precios libres, colapsa el sistema donde todo el que es dueño legítimo de un activo puede subastarlo para intercambiar con el individuo que le otorgó la valoración más alta.  Se va directo al caos económico que provocará en corto plazo una gigantesca burocracia intervencionista, no marxista, dedicada a buscar el precio justo de todo. Saben que el destino en poco tiempo de eso es el desabastecimiento general de bienes y servicios, seguido de una crisis política de la que prometen sacar al pueblo con una dirección “científica” del proceso económico sustituyendo funcionarios por dirigentes marxistas.  Se sustituye el desabastecimiento intervencionista por la escasez generalizada socialista, pero ahora con un control absoluto del poder coactivo en una dictadura de partido único suprime todas las libertades políticas y económicas de los individuos.

El marxista que un debate no expone esos fundamentos de lo que piensa, es un político que busca sumar apoyo a sus ambiciones de controlar poder coactivo (una candidatura independiente al congreso) o un profesional apelando a simpatías para conectar con todo el que siente que debe ganar más por su trabajo y pagar menos por su alquiler (catedrático, comunicador, predicador).  Deben ser más sinceros y aprovechar cada oportunidad para mostrar su odio a la libertad de actuar de las personas, de hacer cosas independientes a la voluntad expresa de los dirigentes.  Que digan esa verdad ahora, que expliquen lo hacen por nuestro propio bienestar y que sus mandatos se respetan o se enfrenan castigos mortales. En el futuro, cuando tengan las riendas del poder, así estaremos preparados para respetar el mandato que toda acción individual debe tener como norte el beneficio general de la sociedad.