Aun está en el tapete el tema la intimación que le fue hecha a Nuria Piera por el señor Euclides Gutiérrez Félix, connotado funcionario público y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, motivado en cuestionamientos que hizo la comunicadora sobre la procedencia de costosos inmuebles, nepotismo y su negativa en pagar una millonaria facturación por consumo de energía eléctrica en varias de sus propiedades. El funcionario también intimó a los patrocinadores del programa semanal de la comunicadora.

La actitud intolerante del señor Gutiérrez Félix, provocó no solo la condena del gremio que aglutina a los comunicadores, también motivó una ola de manifestaciones solidarias de varios sectores de la sociedad. Un grupo de comunicadores, que ha demostrado ser lo más selecto de la prensa no comprometida con intereses partidistas, económicos o de cualquier naturaleza, también se hizo copartícipe de la posición de la periodista.

El peso de la solidaridad expresada públicamente, provocó que el funcionario retirara la intimación a los medios, pero al mantenerla en contra de la periodista, esta acudió a un Recurso de Amparo. La Cuarta Cámara Civil y Comercial conoció y emitió sentencia aprobando ese recurso, mediante el cual se le ordena al funcionario, "Cesar toda amenaza  en contra de los anunciantes del programa de la comunicadora". Esta conminación judicial favorece también a los "anunciantes de cualquier periodista, programa o medios de comunicación". La atinada decisión del Tribunal, garantiza la libertad de expresión a todos los dominicanos.

El proceso judicial, de extraordinaria importancia por tratarse de un influyente funcionario del gubernamental, implicó situaciones que deben ser resaltadas por sus implicaciones éticas en la imagen del gobierno.

El funcionario en cuestión, recibió  el apoyo irrestricto de la cúpula de su partido cuando el Secretario General del PLD y algunos de sus más

reconocidos dirigentes, convocaron una rueda de prensa donde expresaron su "apoyo irrestricto" al funcionario, argumentando que "es un compañero íntegro". Fue lastimoso, aunque explicable la solidaridad, ver cómo algunos dirigentes a quienes se les acusa de corrupción, apoyaban la actitud intolerante y soberbia de su compañero de partido a quien se le acusa de  lo mismo. La acción se presenta como un desafío del poder corrupto ante una sociedad impotente que espera otros valores en el comportamiento de sus gobernantes.

Se esperaba que en lugar de apoyo "irrestricto", su propio partido propiciara una investigación transparente que demostrara tal integridad. Por el contrario, se le dio un espaldarazo al servidor público ampliamente cuestionado y la impunidad quedó sellada como ha sucedido con otros denunciados.

A pesar de este comportamiento en contra de la libre expresión del pensamiento y el proceder inadecuado de un ciudadano que se niega a pagar los servicios públicos que recibe, éste encontró apoyo en otro grupo de reconocidos comunicadores. Aunque no extrañó mucho la identidad de quienes se prestaron a tal despropósito, ya que todos coinciden en defender y justificar las acciones más negativas de quienes dirigen la nación. Parecería que alguien en el Palacio Nacional les requirió que reafirmaran "el clima de libertad de expresión que impera en el país", negando que el gobierno propicie una situación como la que se desprende del comportamiento del funcionario que intimida a medios y patrocinadores para que no cuestionen su comportamiento como administrador de los bienes públicos.

En su afán por beatificar la condenable actitud del funcionario, estos comunicadores, no pueden ocultar su vergüenza detrás de rostros marcados por la bonanza que le permite la cotización de su criterio y con el semblante frío de quien debe cumplir un encargo en el cual no creen. Ellos hicieron comparaciones donde se victimizan a sí mismos. Esas comparaciones de siempre para Intentar descalificar al denunciante de un mal actual, con la mención del mal de otro gobierno.

Cuando el comunicador, orientador de la sociedad, defiende una causa política, está en su derecho constitucional como ciudadano, pero debe reconocer que pierde la objetividad para adherirse a una causa de derechos, especialmente a una tan indefendible como el despropósito de quien trata de violentar derechos o quien no cumple sus deberes ciudadanos.

Estos comunicadores gubernamentales, olvidaron que no es lo mismo que un funcionario competente, dentro de las normas del respeto y la justicia, investigue a un periodista prepotente que se ha dirigido al Presidente de la República en forma insolente. En aquella ocasión existió mucha diferencia con lo acontecido a un inofensivo médico, golpeado en San José de Ocoa cuando portaba un cartelón que solo ofendía la susceptibilidad de los más intolerantes.

Debían recordar que solo insinuar que los periodistas que expresaron su solidaridad con Nuria Piera, y ella misma, fueron tan duros enfrentando lo que creyeron mal en otros gobiernos, como lo han sido con la corrupción en este gobierno. Y si se puede decir que ahora han sido más implacables con la corrupción, es porque también, esta  ha sido peor que nunca.

El abuso con el médico de San José de Ocoa, el impedimento de entrada que se hizo a un grupo de muchachos a la Feria del Libro porque promovían con colores amarillos la asignación del 4% para Educación, el impedimento a un periodista para estar en un sitio público porque promovía el 4% en su maletín, son abusos incalificables contra la libertad de expresión. Si estos casos y la Intimación que un servidor público hizo a una comunicadora y sus patrocinadores,  han provenido de las autoridades gubernamentales ¿No es razonable pensar que a ese nivel se tiene un plan sistemático para amedrentar a la prensa?

Todo ciudadano, y más, quienes tenemos la oportunidad de emplear estos medios para emitir opiniones, estamos en el deber de repudiar la soberbia y intolerancia  del poder del Estado manifestado en contra de la libre expresión de las ideas.  Vaya nuestra solidaridad a Nuria Piera y todos quienes han estado a su lado en esta noble causa. La sentencia que admite su pedimento, realza el buen nombre de la justicia y es un triunfo de todos los que aspiramos a conservar el clima de libertades públicas que tanto esfuerzo ha costado al pueblo dominicano.