Durante 1996-2000 se inició la implementación de la agenda neoliberal en el país. La lógica de del Consenso de Washington impuso la re-estructuración económica de toda América Latina, cuyos países habían avanzado (unos más que otros) en su proceso de industrialización, reduciendo el acceso de las exportaciones de los países desarrollados a los mercados en países de la región latinoamericana.
Las oficinas nacionales de planificación en América Latina, apoyadas por la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), elaboraron los planes de desarrollo de mediano alcance de los países de toda la región, especialmente de los países de menor desarrollo, enfatizando en sus mercados internos. La implementación de estos planes se caracterizó por el impulso de la producción industrial, sustituyendo importaciones que previamente provenían de los países centrales.
De aquí que, el decálogo neoliberal priorizó en su agenda de reforma la globalización de los mercados. De esta manera se eliminaba la competencia que enfrentaban los países centrales en los mercados de latinoamericanos y se inició un proceso para poner fin al estancamiento de las exportaciones de los países centrales en la región. Las negociaciones para globalizar los mercados terminaron garantizando la hegemonía de los países ricos sobre los países menos desarrollados del continente americano, lo que resulta clave para entender este proceso.
Durante las conversaciones de la globalización, no se desmontaron los subsidios al sector agropecuario de los países ricos, lo que impidió la competencia de nuestros productos agrícolas en los mercados de esos países. Además, mantuvieron el régimen de patentes, impusieron reglas de origen para las exportaciones de los países de la región e impusieron reglas sanitarias para las exportaciones latinoamericanas, (Stiglitz, 2002; Sachs, 2017). Todos estos elementos diezmaron las exportaciones latinoamericanas, aumentando el déficit de la balanza comercial, lo que contribuyó al deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos; mientras que los países desarrollados lograron amplios superávits comerciales y mayor impulso del comercio exterior a su crecimiento económico respecto del desempeño económico de los países subdesarrollados.
La impronta de mayor importancia de la globalización en nuestros países ha sido la satanización de la participación del gobierno en la economía. El slogan de que el mercado es el mecanismo que mejor asigna los recursos económicos, descarta la intervención del gobierno en la economía, excepto para el rescate de la quiebra de las firmas privadas. Con esto se consagra la utopía de que el individuo o la firma (guiados por sus propios intereses) son capaces de lograr soluciones de equilibrio en los mercados. En otras palabras y según la teoría económica convencional, el egoísmo y la libertad individual logran que todos estemos mejor.
Esta creencia dirigió los destinos públicos desde mediados de la década de los noventa. Con esta idea, más de once mil trabajadores fueron despedidos durante el proceso de capitalización de los ingenios azucareros del estado durante la administración del expresidente Fernández. De los ingenios privatizados sólo algunos funcionan junto al Central Romana y el Grupo Vicini, lo que ejemplifica la limitada competencia que existe en la estructura productiva de ese sector.
Luego llegó la privatización a los puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, sector eléctrico, el sistema de salud, el sistema de pensiones, la educación y más recientemente se intenta privatizar la inversión pública y las empresas eléctricas a través de las asociaciones público-privadas (APP) administradas por fideicomisos, instituciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) califica de ilusión fiscal (Fouad, Matsumoto, Rui y Rial, 2021).
El proceso de privatización también discute, desde hace ya varios años, leyes para la creación y regulación del mercado del agua. El gobierno dominicano intenta crear un ambiente seguro para la inversión eliminando mediante leyes los riesgos que normalmente enfrenta cualquier inversionista. En tal sentido, el presidente ha reafirmado su decisión de invertir los recursos públicos a través de APP administrados por fideicomisos, que son calificados de poca o ninguna transparencia para la administración de los recursos públicos en cualquier parte del mundo, incluyendo aquellos países con fortaleza institucional. Las APP y los fideicomisos conducen generalmente a un incremento del déficit fiscal debido al sub-registro del gasto público y aumento de la deuda pública, contradiciendo los supuestos beneficios que se les atribuye a estas entidades.
La inversión pública que se ejecute a través de estos mecanismos tiene dos defectos. Uno es el desperdicio de la experiencia pública acumulada en la administración de los proyectos de inversión pública y el otro es que las necesidades de inversión carecen de objetivos de mediano y largo plazos, sobre todo porque se desvinculan de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y se conciben en función del beneficio de las firmas privadas que participan del botín estatal.
La experiencia de la privatización en el país ha sido traumática. El sector privado no ha logrado avances significativos (o algún avance) en aquellos servicios públicos que administra. Un ejemplo de esto es la sustitución del sistema de pensiones de reparto por el de capitalización individual, en el que al sector privado le ha ido muy bien, pero los trabajadores no tendrán un retiro decente que les permita cubrir sus necesidades básicas. Con lo cual, las AFP han tenido sustanciales beneficios a costa de empobrecer la vejez de los trabajadores. Por consiguiente, su consumo futuro y su acceso a los servicios de salud serán significativamente menores.
Pese a que las AFP han tenido beneficios anuales que superan los RD$10,000 millones, los pensionados(as) tendrán, si alcanzan las trecientas sesenta cotizaciones, un salario de reemplazo equivalente al 23% de su último salario. La ley 87-01 autoriza un descuento del salario de cada trabajador, el cual se deposita en una AFP, eliminando la libertad que los neoliberales le confieren a cada agente económico para que cada trabajador construya su retiro futuro y fija cuantiosos beneficios para las AFP como una proporción del total de los aportes, sin que estas empresas enfrenten riesgos.
La generación eléctrica ha sido conducida por el sector privado desde su privatización. En cambio, la distribución está en manos del gobierno. Los apagones, las pérdidas eléctricas y los elevados precios de generación resultan en parte de la ineficiencia reguladora, así como de la falta de competencia en la generación eléctrica y provocan en la actualidad transferencias del gobierno al sector que son cinco veces mayores que cuando no se había producido la privatización. De lo que resulta que el servicio eléctrico sea caro e incierto. El decálogo neoliberal no se ha cumplido. Lo peor no es esto, sino que el gobierno pretende privatizar a Punta Catalina aún conociendo las deficiencias del sector privado que puede caracterizarse como tecnológica y competitivamente atrasado y fundamentalmente rentista.
Los dominicanos aspiran a que el sector privado reconozca que debe trabajar con el gobierno. El gobierno debe invertir en actividades que sean de provecho para la creación de tecnología, que sean útiles para la innovación en el sector privado. Para esto se necesitan empresarios innovadores que no dependan de las leyes ni del gobierno para obtener beneficios.
El gobierno debe invertir en el desarrollo de nuevas ideas, en impulsar la innovación en el sector privado y con ello crear nuevos bienes para competir en los mercados nacionales e internacionales. Los incentivos que por más de cinco décadas ha recibido el sector privado sólo han contribuido para aumentar sus beneficios, eliminando el deseo de competir y creando una dependencia absoluta del gobierno, sin cuyo apoyo no pueden sobrevivir en el mercado. Las leyes no deben orientarse a sustituir el espíritu innovador (exenciones fiscales), es preciso evitar la sobreprotección que termina aislando las firmas criollas de la competencia, limitando su progreso técnico y sus posibilidades de crecimiento.