Una lectura analítica de nuestra prensa nos puede servir como una excelente guía para percatarnos de los problemas psicosociales que enfrentamos y para percibir cómo muchas de las dificultades señaladas están intrínsecamente ligadas entre sí.
Así, el periódico Hoy del pasado viernes destacó que, según una encuesta de la ONU, un 40.3% de los dominicanos reportó que alguien de su hogar perdió su trabajo de manera permanente o temporal o experimentó disminución de sus ingresos con la crisis de la COVID-19.
En cuanto a la alimentación, un 36% de los encuestados expresó que ha reducido la porción o cantidad de comida servida; un 25.1% dice que ha limitado el número de comidas por día y un 3.4% dice que ha pasado días sin comer.
El Caribe llamó la atención sobre los suicidios, que se elevan a 253 en los 5 primeros meses del año, en su mayoría del sexo masculino. Según los profesionales de la conducta los suicidios tienen por razón principal la depresión, que ha aumentado mucho después de la pandemia de la COVID-19. Esta condición puede ser provocada por la pérdida del empleo, problemas pasionales, trastorno bipolar y el consumo de estupefacientes o alcohol.
Pongo estos acontecimientos en relación con un artículo del Diario Libre que concierne el síndrome de alcoholismo fetal y su subregistro en el país. “El 58 % de todas las mujeres que consumieron alcohol (185) eran adolescentes y dentro de ellas 18 tuvieron hijos o hijas que presentaron malformaciones. De las 31 usuarias que consumieron alcohol durante el embarazo, 16 de ellas también consumían drogas”.
Un niño, hijo de una madre consumidora de alcohol o de cualquier otra droga, puede nacer con problemas físicos, mentales y de crecimiento, un cuadro que se confunde con otras patologías, por lo cual solo se puede diagnosticar el síndrome de alcohol fetal cuando se conoce la historia del consumo de la madre. De estas pequeñas víctimas hay muchas en los sectores vulnerables y tienen su futuro comprometido desde la concepción.
Sin lugar a dudas, hay un lazo entre estas informaciones y una entrevista publicada en el Listín Diario que se hizo a Alex Taylord, productor y conocedor del movimiento en la música urbana, para quién la música es un reflejo de la sociedad.
Dice Taylord que, “cuando vemos a una Tokischa besándose con una amiga en un video, lo que estamos viendo es un reflejo de la realidad de la prostitución de niñas de 12, 13 y 14 años que existe a granel en los barrios (…); con su actuación lo que está denunciando es que desde temprana edad ha tenido este tipo de conducta (…) la sobre exposición sexual, el acceso fácil a las drogas, nos traerá consecuencias lamentables”.
Precisa el entrevistado que “vamos a tener una sobrepoblación de niños engendrados por niñas y jóvenes drogadictos. Más que atacar a esos jóvenes, debemos crear una forma de cambiar esa realidad”.
Como bien lo dice Tahira Vargas en su columna sabatina del periódico Hoy, “la búsqueda de dinero genera un vínculo con la calle desde la infancia”.
Paula Disla, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), resalta en el mismo diario los cambios positivos que se están realizando en los albergues y reitera que hace falta presupuesto y personal para hacerle frente a la situación de desprotección que atraviesan muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) de la República Dominicana.
Así cerramos el círculo y volvemos a la encuesta Enhogar, de la cual hablábamos la semana pasada. Esta retrata la sociedad dominicana, prerrequisito para que se puedan definir y focalizar políticas públicas, las cuales deberán además tomar en cuenta la aceleración del crecimiento de la brecha socio educativa que ha tirado a la calle aún más niños y niñas.
El aumento del desempleo provocado por la pandemia, así como por despidos en la administración pública, provocan más desesperanzas y marginación social. Empuja a los hijos e hijas de las familias más desfavorecidas a buscárselas en la calle y recurrir al trabajo infantil, librándolos a las peores formas de explotación.
Ahora bien, todos como seres humanos estamos concernidos por estas negaciones de derechos, ya que la cohesión social y la seguridad dependen de una lucha exitosa contra la pobreza. La sociedad civil, las Ongs, debemos trabajar y aportar a las soluciones en la medida de nuestras experticias y capacidades.
No obstante, el responsable de velar por el bienestar de la población es el gobierno. Este debe ocuparse de garantizar una educación de calidad, trazar políticas coherentes con presupuestos y gastos que lleguen dónde tienen que llegar, así como de acabar con la mojiganga que frena la educación sexual científica e integral en las escuelas y la prevención de embarazos en adolescentes.
La mirada del gobierno debe ser integral. Frente a la violencia que impera en nuestros barrios y en la sociedad en general la respuesta no debe ser solamente represiva. Hay que ver el trasfondo de las situaciones que nos refiere la prensa día tras día. Y actuar en consecuencia sobre las causales.