A partir de los prejuicios raciales que enarbolaron como “científicos” algunas disciplinas sociales del siglo XIX el tema de la “regeneración” de los pueblos se hizo una constante en el pensamiento social latinoamericano. Si bien hubo autores con posturas optimista frente a la mezcla racial ocurrida en el Nuevo Mundo, mayoritariamente la intelligentsia se mostró pesimista en torno al hibridismo entre blancos y negros. La razón fue muy sencilla, el componente negro, como decía Vasconcelos, no posee la misma afinidad moral que el componente indígena americano respecto al blanco civilizado. Irremediablemente, una cosa era el mestizo y otra muy diferente el mulato; raza y moral versus ley.
Montados en este presupuesto es poco lo que se discute en el país en torno a la relación entre ley y moral dentro del conglomerado social. La razón para esta escasa discusión es porque mayoritariamente nuestra intelectualidad se decantó por la cuestión moral y, en específico, por los valores morales transmitidos en la religión cristiana. Así, cuando se planteó la necesidad de “regeneración” de la nación o, en otras palabras, la conducción de la nación por las sendas del progreso y la civilización lo hicieron a partir de una dupla: la inmigración blanca (preferiblemente) y adecentar la cultura a través de los valores cristianos (sobre todo el de la caridad).
A partir de lo anterior vemos cómo pocas veces se pensó de forma explícita en la cuestión de la ley y, ante todo, una sana comprensión de la ley que pudiese calar en la conciencia nacional. No es que el tema del imperio de la ley como garantía para una democracia real y efectiva estuviera ausente de las teorías sociales y políticas del momento; para nada. Sin embargo, la constante que se percibe cuando estudiamos el pensamiento social dominicano desde el siglo XIX hasta mediados de la siguiente centuria es que pesó más la cuestión moral-racial que la necesidad de la aplicación de la ley. Ello a pesar de que el Estado y el sistema de justicia poseían todas sus facultades e instrumentos para una sana ejecución.
La apuesta se hizo sobre la conciencia y no sobre las consecuencias frente a los actos reñidos con los intereses públicos. Se prefirió castigar con la deshonra y no con las consecuencias penales emanadas de una correcta aplicación de la ley o pensar que solo el “bárbaro” era incapaz de la moralidad. Es mucho lo que se puede conjeturar sobre esta decisión de “hacerse el chivo loco” frente a la corrupción administrativa o, en el mejor de los casos, el llamado “borrón y cuenta nueva” a favor de la democracia y la concordia de la familia dominicana.
Si partimos del presupuesto de que una sociedad democrática debe fundamentarse primero en el imperio de la ley y no en la conciencia moral de los individuos, aunque lo segundo contribuiría grandemente a lo primero, empecinarse de forma discursiva en alentar a la regeneración moral de la sociedad y no denunciar-sancionar la infracción de la ley (sobre todo en lo que respecta a la corrupción administrativa) es más de lo mismo.
Es lo que veo en la intelectualidad criolla desde Manuel de Jesús Galván quien escribió un opúsculo apologético a Pedro Santana en 1862, en el que expresó que la anexión regeneraría moralmente al incivilizado pueblo dominicano, hasta Pedro Pérez Cabral y su Comunidad Mulata en 1967 en donde plantea la debacle moral de nuestras instituciones como el inicio del fin de la nación. Dígase lo mismo para Rafael Angulo Guridi, José Gabriel García, Américo Lugo, Francisco Moscoso Puello, entro otros pensadores dominicanos del siglo XIX e inicios del XX.
Si vemos la historia política y militar del país perfilaremos la misma situación, añadida una malévola cultura de confabulaciones y ocultamientos de la verdad y desapego a las leyes. Claro no todo ha sido tan calamitoso ni todos han sido tan vulgares, hay sus honradas excepciones. Pero en este caso se trata de que lo negativo sea la excepción y no la regla.
La ley debe estar por encima de cualquier consideración moral de los individuos. Aunque, en última instancia, no se trate de reñir u optar entre una y otra, pero sí de priorizar políticamente.