Han pasado más de 70 años desde que se reconociera a la mujer la facultad de elegir y ser elegida, constituyéndose este logro en el primero y más significativo de la lucha de las dominicanas por alcanzar un papel protagónico en la vida política de la nación. En aquel primer sufragio de 1942 resultaron electas dos diputadas y una senadora; hoy día la presencia de mujeres en posiciones políticas de importancia continúa siendo escasa.
A modo ilustrativo, citemos el ejemplo del Congreso Nacional. De los 191 diputados que conforman la Cámara de Diputados (provinciales, nacionales y en el exterior) 150 son hombres (78.5%) y sólo 41 son mujeres (21.5%). La representatividad femenina en el Senado de la República no es muy distinta: conformado por un total de 32 senadores, 28 son hombres (87.5%) y solamente 4, mujeres (12.5%).
En cuanto al Poder Ejecutivo, sólo 4 de los 21 Ministerios de nuestro país se encuentran bajo la dirección de mujeres. Sin embargo, las mujeres constituyen el 49.8% de la población dominicana, ganando cada vez mayor presencia en las aulas, además de ser un grupo determinante en la inclinación de la balanza por uno u otro candidato durante las elecciones.
Con esto no pretendemos minimizar los logros alcanzados por las mujeres con relación a su participación en la dirección del aparato estatal, sino llamar la atención en cuanto a que estos no son suficientes y que es necesario reforzar la lucha. Esto implica que los partidos políticos, como instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, capaces de representar intereses plurales, articular voluntades colectivas y ejercer eficazmente labores de la vida política democrática, deben estar a tono con los cambios sociales impulsados en materia de equidad de género, enfocándose en garantizar una mayor presencia de la mujer en posiciones políticas de liderazgo. De ahí la importancia de contar con una Ley de Partidos que sirva para estimular la participación amplia de la población en la vida política y de manera particular, de las mujeres.
El pasado mes de marzo fue retirado del Congreso Nacional un proyecto de partidos políticos que pretendía desconocer la equidad de género en los cargos de dirección de los partidos, manteniendo barreras que limitan el acceso de las mujeres a los cargos de dirección interna del partido, ignorando la cuota del mínimo de 33% y redactando la obligación de dichas agrupaciones de alcanzar resultados visibles y concretos en la igualdad de género como una simple obligación de medios y no de resultados.
La mujer dominicana enfrenta hoy muchos obstáculos: feminicidios, embarazos juveniles y discriminación laboral son solamente algunos. No nos engañemos, nadie tiene mayor interés que nosotras para promover, elaborar y supervisar el desarrollo e implementación de políticas tendentes a resolver estos problemas; lo que requiere de la creación de espacios para, desde la política, priorizar estos aspectos en la agenda nacional.
La aprobación de una Ley de Partidos adecuada es vital para transformar la manera de hacer política en República Dominicana. A la vez, constituye una herramienta importante para asegurar la representatividad femenina en el aparato estatal. Es necesario que la sociedad se mantenga atenta para que los próximos proyectos sometidos sean respetuosos de lo establecido por nuestra Constitución en materia de género.