Estamos viviendo momentos extraordinarios y difíciles que nos han hecho replantear todo nuestro esquema social y económico. Esta pandemia ha traído consigo nuevas formas de operar de las empresas, de relacionarnos socialmente y de que nuestro gobierno se viera en la necesidad de adoptar medidas para colaborar con la subsistencia de las personas y empresas de nuestro país, previendo que en un futuro puedan recuperar la operatividad y los beneficios económicos que hasta hace poco redituaran.
Existen 1.4 millones de MiPyMEs, que representan el 98% del total de empresas en el país, generando 2.2 millones de empleos en la economía nacional, lo que equivale al 54.4% de la población laboral en República Dominicana, aportando a nuestro PIB el 38.6%, pero de este número solo se encuentran registradas en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 3,325 personas físicas y morales, que intervienen en la actividad empresarial a través de dicho mecanismo[1]. De acuerdo con el discurso de rendición de cuenta presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 27 de febrero, las 67 sucursales que desarrollan el programa de Banca Solidaria habían prestado más de 6 mil 500 millones de pesos a 145,000 pequeños y medianos empresarios, la mayoría mujeres, con una tasa de recuperación de créditos del 99%. De su parte, Banreservas otorgó préstamos a través de 26 entidades intermediarias por 866 millones de pesos., en 18,500 préstamos, con cero morosidad, estableciendo en su discurso que el fomento del microcrédito permitió la reducción del financiamiento informal – o usurario- en un 8.3%.
Es un tiempo en que las autoridades se han enfocado en dictar medida paliativas a la solución de los problemas inmediatos, y aunque son oportunas y necesarias, no debemos dejarnos llevar del día a día, y olvidar los logros legislativos alcanzados y que conducirán a las Mipymes a otro nivel de emprendimiento económico a través del recurso de adquisición de facilidades crediticias, haciendo especial énfasis a la ley 45-20 sobre Garantías Mobiliarias, sobre la cual nos hemos referido anteriormente. Las garantías mobiliarias son un importantes mecanismos para impulsar la inclusión financiera, ya que les permiten a las Mipymes que no poseen bienes raíces, presentar otros tipos de garantías para obtener facilidades crediticias en el mercado financiero nacional, accesando a baja tasa de intereses y a la brevedad que demanda la necesidad de la empresa, sin abandonar las garantías idóneas que requiere dicho mercado. .
Esta ley, promulgada el 10 de febrero de 2020, contempla un plazo de 10 meses para su puesta en vigencia, es decir, para el mes de diciembre de este año, entendiendo que la idea es que sea operativa para el 2021, lo cual no será posible sin la instalación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), de acuerdo con los requerimientos y condiciones establecidos en el mismo artículo 51 de la ley, así como de la elaboración y promulgación de los reglamentos necesarios a que hace mención el texto legislativo.
Todo esto suena como una utopía lejana, pero podría convertirse pronto en realidad. Debemos aprender de la crisis actual, sacar las conclusiones correctas y derivar líneas de acción, pues en nuestro país no es suficiente con aligerar las cargas de las Mipymes, debemos apostar por su desarrollo, y esta ley aunque aparenta de difícil aplicación ha demostrado en los países donde se encuentran vigente que viabiliza el acceso de estas empresas en el sistema financiero, como acontece en Colombia, desde la entrada en operación del Registro de Garantías Mobiliarias en el 2014 hubo inscripciones de 1,3 millones de préstamos garantizados con bienes muebles, celebrados durante la vigencia de la Ley. En México, con el nuevo registro electrónico centralizado con inscripciones y consultas en el año 2011 se multiplicaron por 4 el número de inscripciones (número de préstamos), 97% a PYMES y 26% en el sector agrícola; en China en 5 años y medio de aprobada la ley de garantía mobiliaria se han desembolsado $6 billones de dólares en préstamos, un 60% a PYMES desarrollándose notablemente las industrias del factoring y del leasing.[2]
Somos de opinión que la Ley de Garantía Mobiliaria es una poderosa herramienta para las Mipymes que no debemos descuidar. No es nuestra intención subestimar la situación que vivimos, pero se impone llamar la atención para que no se descuide ni caiga en el olvido esta ley, ya que viene en auxilio, promoción y ayuda al desarrollo de un sector que, como se ha puesto de relieve en estos días, necesita de la ayuda de las autoridades para permanecer activo, por lo que no se debe permitir que la crisis relegue al olvido este importante sector para seguir adelante por el camino trazado.