Los acontecimientos recientes ligados a una organización criminal organizada para traficar con drogas y lavar dinero sucio, han puesto en la palestra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que cursa en el Congreso Nacional.
Dicho instrumento legislativo busca que, a través de un procedimiento que concluya con una sentencia firme que declare la extinción de la propiedad y prive a los delincuentes de los bienes adquiridos ilícitamente, sin necesidad de condena penal. Con ello las propiedades mal habidas salen de las manos de quienes figuran como propietarios de bienes que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, los utilizados o provenientes del tráfico de drogas, los provenientes de actividades de delincuencia transnacional organizada y los de toda infracción prevista en las leyes penales (artículo 51.5 de la Constitución).
En realidad las organizaciones delictivas tienen mucha facilidad para no ser “descubiertas” por mucho tiempo y para incorporar dinero sucio en el torrente económico, con la consecuente afectación de las instituciones democráticas, la balanza de pagos, la economía, la estabilidad de precios y la competencia leal en las actividades comerciales y productivas legítimas.
Es un instrumento adicional a los existentes, como la Ley de Lavado de Activos, que debe ser valorado y que la sociedad y el Congreso deben conciliar para que sus disposiciones no sean más de lo mismo, sobre todo por las debilidades de algunas instituciones de persecución de los delitos aludidos.
El Ejercicio de la acción, sin ser penal, le correspondería al Ministerio Público, el mismo que muchas veces se ve con las manos autoatadas para la persecución eficiente del crimen organizado. Si leyes existentes establecen mecanismos de medidas cautelares, como las incautaciones, ¿dónde está la lista negra de los bienes nunca incautados y todos los demás que han sido objeto de dicha medida? Existen serios cuestionamientos sobre la protección, uso y disposición de estos.
Solo la fortaleza institucional permitirá que un medio como el que se pretende ataque la delincuencia donde más les duele a los criminales, que son sus bienes, y pueda servir a los objetivos propuestos. De lo contrario, seguiremos siendo efectivos en producción legislativa e irresponsables en su ejecución.