En mi segunda oportunidad como Administrador General del Banco Agrícola (2007-2012), dediqué tiempo y esfuerzo en la búsqueda de una fuente de financiamiento segura, de bajo precio y de largo plazo para disminuir los costos de producción y mejorar la competitividad de la agropecuaria nacional. Y sí la hay y está al doblar de la esquina: es la Ley 43-14 de Alquileres.
Data “de la era de Trujillo” (1955), confirmándose aquello de que “no hay nada tan malo que no tenga algo bueno”. La Ley es una excelente disposición legal para agenciarle recursos financieros al sector agropecuario, pero con tan poca fuerza de aplicación que permite ser burlada. Y en efecto, así ha ocurrido.
Al percibir que solo es acatada parcialmente, cuando el propietario entra en conflicto con el inquilino y tiene que acudir ante el juez, comprendí la necesidad de su modificación.
Aportamos varias iniciativas, pero la idea central que soluciona el problema es que para inmuebles rentados la certificación de cumplimiento por parte del Banco Agrícola debe ser un requisito para la aprobación de contratos de servicios, tales como: energía, agua, teléfono, cable, e Internet, entre otros.
El proyecto se cayó porque el sector privado atacó con saña las propuestas. Que yo recuerde, una sola empresa se pronunció públicamente a favor.
En este momento, de nuevo se debate la modificación de la Ley de Alquileres, habiendo sido aprobada en primera lectura en la Cámara baja. Los diputados Henry Merán y Demóstenes Martínez han rescatado el proyecto. De nuevo varias organizaciones del sector privado se pronuncian en contra, defendiendo el manejo gratuito de miles de millones de pesos que legalmente deben estar en el Bagrícola ayudando a financiar la producción de alimentos. ¿En buena lid, de quién es ese dinero? Es del inquilino, quien lo avanza en garantía de cumplimiento de contrato.
En ocasión del primer intento de modificación de la Ley de Alquileres (2010-2011), el sector privado alegaba que dichos recursos debían ir al Banco Nacional de la Vivienda (ya desaparecido) o a la banca hipotecaria. ¡Cuánta hipocresía! En 56 años desde el 1955 hasta el 2011 ese sector nunca reclamó esos recursos para el sector construcción.
Desde el primer debate para adecuar la Ley han transcurrido ocho años y tampoco en ese tiempo se escuchó al angurrioso sector referirse al tema. Pero cuando de nuevo se abre la posibilidad de la modificación salen al ruedo con el mismo mentiroso sainete. Confío que en esta ocasión los congresistas legislarán a favor del pueblo.
Lo más sorprendente del caso es que las principales organizaciones del sector no salen a defender la que debería ser su causa: dinero abundante y barato para financiar el campo.
¿Dónde está la JAD? ¿Dónde está CONFENAGRO? ¿Dónde está la ADIA? ¿Dónde está la ANPA? ¿Dónde están las federaciones y asociaciones de productores de arroz, de café, de cacao? ¿Dónde están las decenas de asociaciones de ganaderos? ¿Dónde están los porcicultores? ¿Dónde los productores de pollos y huevos?
¡Dios mío, el sector agropecuario es huérfano de padre y madre!
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El autor es ingeniero agrónomo y economista agrícola, ex Administrador General del Banco Agrícola y ex Director General del IAD/01-04-2019