Las ciencias del chivo expiatorismo o arte de culpar siempre al otro, es tal vez, el mejor recurso de los que pretenden lavarse las manos frente a la lamentable y desafortunada crisis post electoral. Unos no la creyeron posible, otros la preludiaron y los verdaderos responsables, para lo único que se organizaron fue para ella. Los líderes del 1% y el cero no se sabe qué por ciento, de no existir la crisis, estos pseudos líderes; estuviesen hoy con la cabeza cubierta de cenizas, escondiendo la cara en una bacinilla de porcelana y dándose golpes de pechos por sus incoherencias de unirse sólo para el caos, la turba que hace morir inocentes y la anarquía anti estado de derecho, y no, para la lucha inteligente digna de líderes políticos con causas y compromisos más allá de una candidatura.
Una ley General Electoral obsoleta (275-97), inconsistente, antinómica e inconstitucional, sumada, por demás, a un sistema en su máxima degradación, degradación esta de entelequias llamadas partidos. Todos y cada uno, sin excepción: fracturados y divididos en más de una parcela o grupos, es la maraña electoral con que tuvo que lidiar la JCE, para mínimamente organizar unas elecciones en paz y civilizadas.
La ruptura de la institucionalidad interna en los partidos, ruptura de la llamada democracia interna, provocada más que todo por las primarias de encuestas. Dieron lugar a los primeros muertos de este período electoral y que han seguido en esta crisis irresponsable post electoral, como si la violencia fuera algo consustancial a todo proceso eleccionario dominicano.
El error grave de la JCE fue no aplicar a los que reclaman hoy el cumplimiento de la ley 275-97, el imperio de esa misma ley, cuando no cumplieron con los plazos de alianzas o mercado persa y de inscripción de candidaturas o botín personal. La JCE dejó que las luchas intestinas y los negocios electorales se tragara el cronograma electoral con prorrogas y chances al margen de los límites establecidos
No es un secreto que la guerra entre los que se aplican cualquier método sin importar su naturaleza ética para eliminarse entre sí y a sus partidarios: en el PLD, PRD, PERSC, PRM y las otras cosas, lo que hicieron internamente fue firmar entre ellos, con el fin de concurrir juntos; un armisticio de guerra electoral, que por la ausencia de liderazgo en los dirigentes de hoy, rebrotó por generación espontánea de forma violenta e incontrolable en cada colegio electoral.
El error grave de la JCE fue no aplicar a los que reclaman hoy el cumplimiento de la ley 275-97, el imperio de esa misma ley, cuando no cumplieron con los plazos de alianzas o mercado persa y de inscripción de candidaturas o botín personal. La JCE dejó que las luchas intestinas y los negocios electorales se tragara el cronograma electoral con prorrogas y chances al margen de los límites establecidos y, como dice un aforismo: “cuando de la prorroga se hace una norma, la ley pierde razón de ser”.
El ex presidente Andrés Pastrana (Colombia), la OEA y los organismos de observación electoral nacionales y extranjeros, reclaman y exigen, todo lo que aquí muchos sabíamos. Que se carece de una legislación electoral actualizada y una ley de partidos que regule un derecho fundamental como es la democracia en la sociedad e interna en los partidos, derecho, este, peor protegido en los presentes comicios.
La pregunta que creo debemos hacernos en esta crisis política post electoral, es ¿dónde están los constitucionalistas dominicanos y los expertos en derecho comparado electoral? ¿Dónde están los togados que defendieron la reforma constitucional y la reelección?
El Estado dominicano asumió un compromiso a través de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en este caso, llamadas reformas asociadas al primer eje, en su Artículo 29.6 que cito: “La normativa democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los sistemas de partidos y electoral, se aprobará y consolidará en un plazo no mayor de tres (3) años”.
El plazo previsto por esta ley 1-12 del 25 de Enero de 2012, tenía como finalidad haber alcanzado la meta para estas elecciones de una normativa democrática del sistema político y electoral. Evitando así, una crisis como la que nos acogota; pero, por carecer de una cultura de continuidad del Estado estamos en ella.