La ley 155-17 sobre el lavado de activo es una de las mas importantes promulgadas en los últimos años. En su trasfondo busca evitar que se usen recursos obtenidos ilegalmente para financiar el terrorismo, aunque tiene también el doble propósito de crear confianza en los inversionistas y reducir la competencia desleal.
Obviamente tiene un alto costos para el país, ya que limita el movimiento de dinero en la economía producto de la corrupción, el tráfico de drogas y otras formas ilícitas de hacer riqueza, como el tráfico humano y el contrabando.
Pero mas importante que la ley de lavado es como controlar o reducir drásticamente la corrupción pública y privada. Porque la ley por si misma no lo hace.
El último informe de la OXFAM es definitivamente demoledor. Señala que gastos oscuros o misteriosos se producen en 40 programas del gobierno repartidos en 22 instituciones públicas. A estas instituciones se les entregan RD$80 millones sin compromiso alguno de rendir cuenta sobre su uso.
Sobre la presidencia de la república, señala que se gasta otros RD$13,800 millones anualmente sin ningún control o registro.
Oxfam continúa hablando de otros programas gubernamentales donde se gastan miles de millones de pesos sin conocerse los resultados ni saberse a quienes beneficia. Y refiriéndose al dinero robado señala lo siguiente:
“Por ejemplo, en el período 2016-2018 el volumen de recursos envueltos en casos de corrupción o dispendio de recursos que han salido a la luz pública en medios de comunicación asciende a casi RD$16,700 millones. Este monto sería suficiente para duplicar las transferencias de recursos asignados a todos los ayuntamientos del país”
Esa suma representa solo lo que se ha hecho de conocimiento público en los medios de comunicación por lo que el monto envuelto en actos de corrupción que no se hace público quintuplica esa cifra conservadoramente hablando. Se estima que al año la corrupción y el dispendio representan un 1.2% del PIB o unos RD$55 mil millones.
Solo imaginemos lo que hay detrás de Punta Catalina, obra que terminará costando US$3,000 millones.
Aquí no se compra un rollo de papel sanitario si no hay por el medio una comisión, que ahora ronda entre el 20% y el 30%. No hay una obra de infraestructura donde no haya que pagar sobornos. Puede ser una zanja o un camino vecinal, no importa su tamaño o costo.
Para mover un papel de una institución a otra o dentro de una misma institución le ponen mil trabas. Y estas no están justificadas por razones de control o transparencia sino para que el ciudadano tenga que pagar coima o una gratificación a algún empleado para que circule su documento.
Conseguir un permiso en alguna institución para cualquier cosa implica pagar mucho dinero, ya que se la ponen en china para evitar que usted logre ese permiso que requiere solo un sello de 100 pesos.
Lamentablemente la ley de lavado de activo no podrá frenar esa practica tan extendida en todo el ámbito del quehacer publico y privado. Porque al final de cuentas, siempre hay forma de escaparse de la ley y transparentar el dinero robado.
Por algo somos calificados como el tercer país más corrupto de América Latina y uno de los mas corruptos del mundo.