Con la posición asumida por el presidente Leonel Fernández respecto del papel de la Policía Nacional en la investigación criminal, ha demostrado que solo está dispuesto a tomar medidas que permitan la necesaria transformación de la sociedad dominicana cuando no represente riesgo para su gobierno. Lamentablemente las grandes transformaciones sociales e institucionales nunca ocurren sin que sus protagonistas asuman algún tipo de riesgo.

Todos sabemos, y nuestro presidente primero que todos, la necesidad que tenemos de transformar la Policía Nacional, que desde que tengo conciencia no cumple con el rol que le corresponde, y por el contrario, ha sido siempre y es un aparato represivo, de control político y social para el presidente de turno, que no se mete con los que tienen el poder, siempre que los que tienen el poder no se metan con la estructura policial. Esa estructura que permite explotar a los que no tienen forma de defenderse, a través redadas indiscriminadas para obtener un peaje de salida, de investigaciones truncadas a cambio de la recompensa correspondiente, de policías asignados como choferes y de mil y una forma mas para permitir que el jefe de turno, y sus allegados reciban, en declaraciones de Guzman Fermin, decenas de millones de pesos anualmente.

Y todo eso lo saben, mejor que nosotros, los que han tenido el privilegio del voto ciudadano para gobernarnos, pero no han tenido el coraje de enfrentarlo. Una vez el actual presidente, en  su primer período de gobierno (1996-2000) dijo, y hay testigos, que estaba consciente de la necesidad de reformar la policía, pero que dicha reforma tomaría tiempo, pues el riesgo de que desde la propia policía se pretendiera desestabilizar  el gobierno que pretendiera hacerlo, era muy alto.  Pues bien, ¿cuánto es el tiempo necesario para hacerlo? El presidente Fernández pronto completará su tercer periodo. Ha tenido más oportunidades que ninguno (excepto Balaguer), y ¿qué tenemos?

No tenemos nada, y lo acaba de demostrar el presidente Fernández al ceder a la presión del jefe y ex jefes de la policía que pedían que los miembros del cuerpo policial asignados a la investigación criminal siguieran respondiendo al jefe policial del turno en vez de al Procurador General de la República.

La Ley Orgánica del Ministerio Público, recién aprobada en el Congreso, había dispuesto la creación de un órgano técnico policial que respondería exclusivamente al Procurador General de la República porque estaría dedicado a la investigación de los crímenes y delitos, al levantamiento de las evidencias que permitirían condenar a los responsables. De inmediato, el jefe actual de la Policía y otras voces reclamaron al presidente Fernández que observara la ley para evitar que la "seguridad ciudadana" se perjudicara. Algunos llegaron a exponer el argumento risible de que se politizaría la investigación criminal debido a la dependencia del Procurador con el presidente de la República. Risible no porque no pueda ocurrir lo denunciado, sino porque ocurre lo mismo cuando quien dirige es la policía misma.

El presidente Fernández sorprendió a muchos cuando promulgó y publicó la ley sin observaría, y decepcionó a unos cuantos, entre los que me encuentro, cuando días después presentó un proyecto de ley en el que aceptaba que los policías que forman parte de la investigación criminal sigan teniendo como superior jerárquico principal al propio Jefe de la Policía en vez de al Procurador General de la República.

Los argumentos para motivar el proyecto presidencial no pueden ser mas pobres. Se alega que la ley contraviene los artículos 255, 256 y 257 de la Constitución, pues los miembros de la policía deben estar regidos por su ley orgánica y no por otras leyes. Es cierto que la nueva Constitución tiene muchas contradicciones, pero no con respecto a este tema. El artículo 169 de la Constitución señala que el ministerio público "es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad". No hay que ser abogado para entender que el ministerio público dirige la investigación penal.

Ese artículo 169 no entra en contradicción con los artículos 255 a 257 de la Constitución, que tratan sobre la Policía Nacional, y que son utilizados para justificar el proyecto de ley del presidente para evitar que demos ese primer paso de sacar del control policial la dirección concerniente a la investigación penal. El artículo 255 de la Constitución señala que la policía es un órgano bajo la autoridad del presidente de la República, como también lo es el Procurador General de la República, por lo que no se viola la Constitución por el hecho de que un departamento policial especifico esté bajo la dirección exclusiva del Jefe de la Policía o del Procurador General. En adición, esa autoridad presidencial no está por encima del cumplimiento de la Constitución y las leyes (normativamente hablando).

El mismo artículo 255 dispone que la "Policía Nacional tiene por misión….. Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente". La  Constitución no señala como autoridad competente al jefe de la Policía, pero sí al ministerio público cuando en su artículo 169 lo designa como director de la investigación penal. ¿Cómo puede un fiscal dirigir a la policía encargada de la investigación penal, si al Jefe de la Policía, e incluso a cualquier superior en rango le bastaría una contraorden para impedirle realizar su labor?

Se alega que el artículo 256 de la Constitución dispone que todos los aspectos relacionados con la carrera policial se regirán bajo su "ley orgánica y leyes complementarias". No existe ninguna dificultad con que lo relativo a ingreso, nombramiento, ascenso y retiro  de los miembros de la policía dedicados a la investigación penal se  rija por la ley orgánica de la Policía Nacional, respetando el mandato constitucional de que estarán bajo la dirección de la autoridad competente, que es el ministerio público.

El presidente Fernández conoce muy bien cuál es el problema. Se trata de un problema de corrupción que genera inseguridad para la mayoría de los dominicanos. No hay duda de que asumir la reforma policial implica riesgos, pero para eso elegimos a nuestros gobernantes, no para que se hagan los suecos.