Legislar para la libertad religiosa es uno de los ejercicios más emblemáticos y difíciles del sistema democrático.
Encontrar el justo equilibrio entre la autodeterminación religiosa y los intereses políticos determinados e influidos por prácticas e ideologías foráneas, reviste serias dificultades.
Por ejemplo, a muchos le gustaría la existencia del llamado Estado laico, soñando con erradicar principios y valores religiosos.
A otros les apetece alcanzar limitaciones a la libertad religiosa en el sentido de relegar todas las confesiones cristianas a un segundo o tercer plano y así quitarles su presencia social.
En fin, enumerar las corrientes antirreligiosas nos tomaría meses; sin embargo lo que queremos es simplemente un instrumento que regule de manera adecuada el ejercicio religioso.
En el país nunca hemos tenido una ley de libertad religiosa. Recientemente ha habido un primer esfuerzo de una proyecto elaborado por los senadores Mateo y Paula.
Ya desde hace dos años, tanto el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y representaciones de otras confesiones religiosas habíamos elaborado un borrador de proyecto de ley de libertad religiosa
Opinamos que el proyecto elaborado por los senadores mencionados, debe ser mejorado y completado por ese borrador que cité en el párrafo anterior que establece un sistema rector para regular las entidades religiosas, el régimen de exenciones fiscales, y otros aspectos.
Siempre hemos dicho que para la intervención y regulación estatal de las iglesias debe crearse una Dirección de Cultos o un Consejo Nacional para las Religiones donde deben estar representadas las diferentes confesiones del país.
Debe ser no partidario y sus representantes deben ser escogidos por ternas presentadas de los máximos organismos de esas instituciones religiosas.
Esto así porque el gobierno interno de las iglesias muchas veces es complejo y ajeno a intreses políticos y económicos del momento.
De todas maneras, esperamos dar nuestro aporte, un estudio bien elaborado en los próximos días a fib de que la libertad religiosa en el país tenga un instrumento legal adecuado.