Viento Sur

Legisladores y seguridad social

Por Felipe Ciprián

La disposición de los diputados de tratar de modificar la Ley de Seguridad Social en sus diversos aspectos da una extraordinaria oportunidad para ajustar cuentas con un sistema de abusos descarados y manipulaciones en perjuicio de los ciudadanos que han quedado como rehenes de una “mafia legal” que está acabando con los asalariados y con los empresarios que participan en la producción real y formal.

Todo comenzó con la concepción de que los asalariados y sus patronos tienen que pagar la totalidad del sistema en forma obligatoria, lo que constituye una cuantiosa merma para los ingresos de los trabajadores y aun mayor para los empleadores.

Por eso nos obligaron a pagar el 2.87% del sueldo para fines de “pensión” y el 3.04% para el Seguro Familiar de Salud.

Si hablamos del Sistema de Pensiones, es suficiente saber que los asalariados que tenían más de 45 años cuando se inició la aplicación de la ley, no tienen tiempo de acumular el número de cuotas necesario para optar por ella, pero se les obligó a cotizar para tampoco pensionar a los jóvenes con el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.

El resultado ha sido una gran cantidad de personas cotizando desde hace 12 años, miles de millones de pesos engrosando las arcas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de los bancos comerciales. A los dueños reales de ese dinero solo les espera la devolución, mientras tanto los fondos están represados y los asalariados no tienen forma de acudir a ellos salvo que vayan a uno de esos bancos a someterse a la más cruel usura.

Así cualquier asalariado con 57 años de edad tiene más de 500,000 en el Fondo de Pensiones, los administra una AFP que lo deposita en un banco y aunque el trabajador nunca será pensionado, no puede retirar su dinero del sistema.

Eso los legisladores deben corregirlo y dar la oportunidad a todos los afiliados que tenían 45 años o más cuando la Ley fue puesta en marcha a que retiren sus fondos y los pongan a negociar ellos mismos a su mejor conveniencia y bajo su propia administración. Nadie como su verdadero dueño puede administrar sus bienes y hacerse responsable de los buenos o malos negocios que haga, sobre todo si es una persona adulta.

Del lado del Seguro Familiar de Salud los abusos son cotidianos.

Lo primero es que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) solo se comprometen a dar atención sobre las enfermedades que se curan solas con cualquier tontería en materia de medicamentos, pero excluyen al asegurado de las catastróficas que son las que precisamente el paciente no puede pagar por su alto costo.

En resumen, las ARS reciben con brazos abiertos a los jóvenes (menos susceptibles de enfermar) y no quieren a los más adultos o les excluyen determinados padecimientos precisamente porque saben que tienen más altas oportunidades de contraer una enfermedad.

Las ARS quieren sus afiliados jóvenes y sanos, pero entonces incumplen su obligación de realizar salud preventiva, que es el éxito de la medicina moderna por su menor costo social, económico y sobre todo humano.

Hay ARS que someten a personas aspirantes a beneficiarse de la afiliación de más de 60 años a exámenes totalmente ilegales, como prueba de Sida, diabetes y otras, las que si salen positivas, solo los aceptan con la condición de que no les darán asistencia para esos padecimientos.

Sin servicio de salud preventiva para sus afiliados ni siquiera cuando en el país hay epidemias como el cólera, dengue o leptospirosis y dejando fuera a los más viejos, las ARS confunden los servicios de salud con una carnicería, solo que al precio tan alto que nadie sobrevive.

Legisladores, estudien bien esa “mafia legal” y rómpanle el cuello que aquí solo están ganando dos: los administradores y los bancos, nadie más.

Y haréis justicia.

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