Los proliferantes casos donde agentes gubernamentales y personalidades ligadas al lavado y al comercio ilícito de estupefacientes, solicita un conocimiento de instancias de poder respaldadas por el gobierno y sus líneas “discretas” de trabajo, constituyen un archivo extenso e intenso de barbarie.
La información pública a través de la prensa diaria, registra una saturación orientada a la fragmentación de usos políticos, derivación de hechos parecidos en un guión político reconocido por la incidencia en hechos de corrupción justificados y dilatados en el tiempo y el espacio de la esfera pública. La acción política instalada en el espacio electoral, sugiere imágenes deslumbrantes que surgen de un conflicto político-social motivado por la decadencia social y el aparato político dominante preparado por núcleos de representación y acciones propagandísticas.
El gobierno actual ha creado un hiperaparato basado en la incidencia del Senado de la República, la Junta Central Electoral, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República y otros ministerios autorizados por sus niveles complementarios de apoyo político y de seguridad, verbigratia Ministerio de las FFAA, Policía Nacional, AMET y otros organismos coercitivos como la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El hiperaparato de dominación que ha funcionado desde 2004 hasta hoy y cuya jefatura política está en el Gobierno Central y sus hilos conductores, proporciona un manejo ya autónomo de operaciones donde el crimen organizado, el mecanismo perverso de propaganda política, la absorción de grupos que han sido comprados y cuyos miembros han sido colocados en nóminas y nominillas diversas del gobierno junto a otros equipos complementarios o de apoyos en las coyunturas económicas, colaboran desde las diversas esferas del poder político dominante.
El cinismo político reinante en la sociedad dominicana de hoy, resulta clave para entender también los diversos males que agobian a la ciudadanía, hoy supuestamente amparada en un imperio de papeles, derechos y normas desprovistas de sustancia legal, funcional y moral. Todo el desequilibrio o la anomia que prevalecen en el actual ordenamiento-des-ordenamiento político se perfila en el derrumbe institucional visible en los cuerpos sociales de representación.
En efecto, los agentes de transmisión de autoridad en este llamado “Estado de excepción” (según la perspectiva del filósofo Giorgio Agamben), conmina a re-pensar lo social como un conjunto que en su práctica decadente va perdiendo procesualmente sus derechos de base. La esfera pública se ha convertido en los últimos doce años en un vertedero de fórmulas políticas propias de un estado de corrupción que cubre la superficie informativa y comunicativa amordazada por los mecanismos de control de Estado-gobierno actual.
Flujos, maquinarias, cardinales de control, hilos conductores de un des-ordenamiento donde los actores institucionales, jurídicos, legislativos y ejecutivos contaminan las diversas narrativas políticas subsidiarias de productividades construidas bajo la tutela de la cúpula de gobierno y partido.
Los mensajes que diariamente registra la ciudadanía acumulan hechos, informes y relatos producidos por equipos incidentes en la gobernabilidad.
La propaganda prodictatorial empleada por la gestión gubernamental de Danilo Medina se hizo sentir mediante los pagos a la prensa desde la primera semana de gestión hasta hoy, justo antes de las elecciones de mayo de 2016, cuando la presión interna de su partido ha creado la peor crisis de membresía desde su fundación hasta el presente.
Las respuestas de algunos dirigentes de tendencias a lo interno de dicha agrupación político-partidista, ha sido contundente frente a las decisiones del Comité Central, toda vez que cierta actitud dictatorial y arribista le dio el golpe mortal a la llamada autoridad oficial peledeísta, evidenciándose los niveles de contradicciones que hasta el momento no se habían hecho visibles en el seno de dicha tribu gubernamental.
Hasta el momento, el modelo de contradicciones generadas por luchas internas de intereses, se le había adjudicado única, histórica y exclusivamente al PRD. Pero como ese partido se unió al PLD conformando una alianza artificiosa y desapareciendo como fuerza política oficial legalmente constituida, el partido oficialista comparte usos y vicios de lo que ha sido la práctica política nacional en los llamados partidos tradicionales mayoritarios (PRD, PR y PLD).
La rotura de una política nacional quebrada por la crisis del sistema mismo de partidos, avanza en todos los niveles y grados de representatividad, siendo así que las vertientes y líneas de resistencia en el marco de la lucha interna que enfrenta el partido de gobierno, evidencia una política de apariencia, parecer y juego de visibilidades que corroe sus fuerzas bajo la pantalla de la “organización” y la “disciplina” de partido.
De ahí que sus altos gerentes, dirigentes y “corporativos” se reconozcan como cabezas de acciones corruptoras y manipuladoras que han quebrantado la soberanía y la democracia como concepto que integra jurídicamente el ordenamiento social del país. Los golpes asestados a las instituciones constituidas en base a la legalidad de sus jurisdicciones, han revelado una obstrucción y mal uso de los derechos ciudadanos.