Desde que el Presidente de la República declaró a la República Dominicana en Estado de Emergencia, el pasado 19 de marzo del año en curso, han sido múltiples las medidas dictadas por el gobierno para tratar de prevenir y combatir esta pandemia. Lamentablemente, no todas estas medidas han sido cumplidas a cabalidad por parte de la población y tampoco las autoridades han hecho el gran esfuerzo para su cumplimiento.
La realidad es que, las primeras 2 o 3 semanas a partir de que el país entró en un cierre total con el objetivo de garantizar el distanciamiento social, hubo mucha conciencia en gran parte de la ciudadanía, entendiendo la amenaza que representa este virus y el peligro de exponerse saliendo a la calle. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigo de como, tanto de parte de las autoridades como de la población en sentido general el nivel de preocupación frente al virus ha disminuido. Si bien el gobierno, ha mantenido el horario del “toque de queda” desde las 5:00 PM hasta las 6:00 AM y el Presidente de la República en su discurso del pasado 17 de abril anunció que serían mucho más estrictos en el seguimiento de las personas que salen a la calle, exigiéndoles que solo lo hagan para resolver necesidades básicas, en la práctica, ha ocurrido todo lo contrario.
Cada día más, las calles de la ciudad de Santo Domingo lucen con un flujo de vehículos y de personas lo más parecido a lo que vivimos en circunstancias normales. Cada día más, tenemos negocios, cuyos servicios que ofrecen no son básicos para la población, abriendo sus puertas, si bien no en un horario normal, pero sí abiertos al público. A esto le sumamos la manifestación del famoso “peregrino” en Puerto Plata, el pasado domingo, en donde se concentraron cientos de personas, dando muestra de la triste ignorancia de nuestro pueblo. Todo esto resulta verdaderamente preocupante.
Desde el punto de vista de quien suscribe, la realidad es que el pueblo dominicano le ha perdido el respeto al COVID-19. Esta falta de respeto, entre otras cosas, se debe a la falta de carácter con respecto al tema que ha habido de parte de las autoridades en los últimos días. Si bien no contamos con un régimen de consecuencias lo suficientemente efectivo para quienes violen las medidas dictadas por el Presidente de la República durante el Estado de Emergencia, tal y como señalábamos en nuestra entrega de la pasada semana, existen acciones que pudieran ser llevadas a cabo con el objetivo de disminuir el flujo de personas en las calles y con ello lograr el verdadero distanciamiento social, el cual es clave para enfrentar esta pandemia.
La decisión anunciada por parte del Presidente de la República en su último discurso de fiscalizar las salidas de los ciudadanos fue correcta. Lo que necesitamos ahora mismo es que esta medida sea llevada a la práctica. Esto no quiere decir que todo el que salga a la calle sea detenido y llevado preso, pero sí que haya una presencia policial en los distintos puntos de la ciudad, así como en las provincias del país, en donde la Policía, con la protección adecuada, detenga a los vehículos para verificar el motivo de la salida y a su vez para motivar a las personas a permanecer en casa. Esta medida si bien no es coercitiva, resulta ser disuasiva para la población por 2 razones fundamentales: (i) a las personas no les gusta ni les interesa ser detenidas por la Policía, por lo que evitarán salir a la calle si no es estrictamente necesario y; (ii) la ciudadanía entenderá con mayor claridad el carácter de esta situación pues percibirá el papel proactivo asumido por las autoridades.
No puedo concluir, sin antes mencionar que, este próximo 30 de abril concluye el período de distanciamiento social ordenado por el Presidente de la República en su decreto 151-20. Por su parte, el Senado de la República ya autorizó la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia por 25 días adicionales, realizada por el primer mandatario, quedando aún pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, la cual conocerá el asunto hoy martes 28. En ese sentido, el Presidente tiene nueva vez la obligación de decidir si el país continuará ejecutando medidas de distanciamiento social, o, si por el contrario, empezamos nuevamente a abrir las puertas tanto de nuestras empresas como de nuestras fronteras. Esta decisión no es fácil, son muchos los intereses que se encuentran de por medio y muchas las partes que se ven afectadas económicamente, sin embargo, el Presidente debe tener muy en cuenta que de la única forma en que la República Dominicana podrá salir de esta situación es si se preserva la salud de su capital humano, elemento necesario para poder rescatar nuestra economía.