Los Estados, bajo ningún criterio deben enviar otro mensaje a los perpetradores del crimen y la violencia, que no sea el de la tenaz persecución, de mano de hierro, y de una justicia pronta y eficaz. Es decir, que el principal protagonista de tal persecución, que es el Estado, debe procurar que aquella sea lograda y se combatan las conductas reprensibles.
Nada de esto será posible si el Estado no se muestra implacable y no acoge el propósito firme de restablecer y mantener el orden social. En la República Dominicana debemos de una vez por todas, acabar con la indulgencia del aparato de justicia y la timidez del Gobierno, que se aferra a mantener su popularidad, por lo que no toma medidas que entiende podrían resultar odiosas para cierto porcentaje de la población que mantiene sus índices. No se percibe una verdadera voluntad del Gobierno de enfrentar el flagelo, pues la impresión es de que se dan palos a ciegas, sólo cuando el clamor de la ciudadanía llega al confort que rodea a los funcionarios estatales.
Otro factor incidente en el grado cada vez mayor de inseguridad y delincuencia es, que son pocas las oportunidades de empleo con que cuenta la mayor parte de la población, aumentado esto, porque los dominicanos pierden sus empleos para ser facilitados a la mano de obra extranjera; producto de lo cual, los jóvenes encuentran gran dificultad en insertarse en el mercado laboral, y les limita las posibilidades de estudio.
El Estado debe ejercer de aparato regulador y sujeto de garantías, que adopte medidas preventivas contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, debe implementar medidas disuasivas de carácter; de manera que los delincuentes no sigan por sus fueros, que no se les aprieta el pecho para desafiar una autoridad por la que no sienten respeto, pues en muchas ocasiones, los encargados de perseguir a los criminales, criminales son.
El criminal, debe temer a la justicia, sin embargo no sucede así en este país y es fácilmente demostrable pues, un gran porcentaje de los sometidos a la justicia por crímenes o delitos, los encuentra usted en las fichas policiales con amplio historial delictual, que no han purgado las penas correspondientes a crímenes anteriores, pues la justicia ha sido benigna o simplemente esta no ha sido impartida.
Veo titulares en los medios de comunicación, que dan cuenta de que el Gobierno “no ha podido” detener o enfrentar la criminalidad, y contrariamente, yo entiendo que “no ha hecho el esfuerzo necesario” ante una calamidad que conjuntamente con la corrupción estatal, se han convertido en el mayor cáncer que ataca el desarrollo y la convivencia social de la República Dominicana.
Los hechos acaecidos en los últimos días demuestran que la policía con que contamos necesita de mucha atención, que se traduzca en medidas profilácticas y de preparación técnica; los recursos que se destinan a enfrentar la criminalidad no son suficientes; de igual manera, no podemos seguir con un aparato policial en el que no existe un régimen de depuración de sus miembros.
Este país sufre riesgos de seguridad conformados por todo un conjunto de vulnerabilidades, porque no se atienden a tiempo y suficientemente, los problemas que son causa de la criminalidad, como son: el elevado nivel de pobreza, debilidad de las instituciones gubernamentales, la desigualdad social, la exclusión social, y corrupción institucional en diversos sectores estatales, entre otras graves dificultades.
El Estado está obligado a proporcionar, no sólo desarrollo y bienestar a la ciudadanía, sino que también tiene sobre sus hombros la sagrada misión de proveer la seguridad necesaria, sin la cual, tal desarrollo y bienestar no son posibles.
El Estado debe cumplir con su función básica que es ejercer el legítimo monopolio de los medios de violencia, sin embargo, aquí puede usted observar que los delincuentes cuentan con armas de las que no tienen control los organismos llamados a ello. Los ciudadanos pedimos y esperamos que el Gobierno asuma su rol, reclamamos mano dura contra el crimen, exigimos acciones contra la corrupción en los tres poderes del Estado.
Se hace necesario, de una vez por todas, que dejemos atrás la informalidad de la reacción frente a las amenazas, debemos contar ya con un sistema de seguridad formalizado, la reacción debe ser estratégica y debe ir relacionada con los planes de desarrollo nacional.