Cada vez que a algún gurú de las recaudaciones se le ocurre buscar dinero para robustecer los ingresos, mira invariablemente hacia tres partes para colocarle cargas tributarias adicionales: los combustibles, las bebidas alcohólicas y el servicio telefónico.
Todos con impuestos indirectos, pero ineludibles (que es lo mismo que directos) están virtualmente acosados.
Lo que llama la atención de todo esto es que las empresas telefónicas se comportan con una indiferencia ante ellas mismas y sus clientes que da mucho de qué hablar.
En la última carga de impuestos aprobada en octubre pasado, las telecomunicaciones cargaron con 12 pesos más de impuestos por cada 100 que contrata el usuario, y si algo hicieron para resistirlo fue como es costumbre “tras bastidores” porque nunca se refieren en forma contundente al deterioro del clima de negocios que significa un golpe de esa magnitud.
En República Dominicana hay acciones sostenidas de hostilidad al vital servicio de telecomunicaciones (a las empresas y a los clientes) que en cualquier otra parte del mundo hubiesen provocado una reacción de defensa. Pero inexplicablemente aquí todas se silencian y al final terminan perjudicadas y sus clientes exprimidos.
Siempre cito el caso de Puerto Rico. Cuando el legislativo se dispuso a discutir una ley para prohibir que se hablara por teléfono celular mientras se conduce un vehículo, las telefónicas allí dijeron: Muy bien, que se prohíba, pero también hay que prohibir conducir vehículos fumando, comiendo, agarrando la mano de la novia, leyendo… porque para todas esas acciones también se separa una mano del volante. Hasta ahí llegó el proyecto de ley.
Aquí, en cambio, hay una ley que prohíbe hablar por un celular cuando se conduce, pero se puede conducir con una sola mano y llevar cualquier otra cosa –menos un teléfono- en la otra.
Las telefónicas pierden cientos de millones de pesos al año por robo de cables que todo el mundo sabe que luego salen fundidos por los puertos del país como exportaciones de metales y no precisamente por alguna empresa minero-metalúrgica. ¿Quién les responde por esa carencia de orden público en un servicio que se precia de ser uno de los mejores de Latinoamérica?
Pero aun así las telefónicas se dejan pegar más y más impuestos porque es muy sencillo pasarlos a los clientes perdiendo de vista que estos no tienen una capacidad ilimitada de asimilarlos y que su negocio es el que al final perderá ingresos.
Ya sabemos que los departamentos legales de las telefónicas no se inmutaron cuando el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones elaboró su archifamoso Reglamento 086-11 para que ellas permitan que los organismos de investigación puedan expiar la telecomunicación de usuarios en forma directa y sin autorización de un juez.
¿Acaso no saben las telefónicas cuál es el procedimiento legal para ese tipo de interceptación?
¿Ignoran las telefónicas que se hacen cómplices junto a esos organismos de vulnerar derechos elementales del ciudadano que cualquier tribunal puede juzgar con éxito?
Como si todo lo anterior fuera poco, ahora el flamante diputado Elpidio Báez (PLD-Santo Domingo), en otra acción de su cosecha, lidera un proyecto de ley de asistencia en emergencias (911) para el que quiere penalizar por adelantado a todos los usuarios de líneas fijas con una tasa de 20 pesos para financiarlo.
¿Van a permitir las empresas telefónicas esa nueva carga a sus clientes o van a alzar su voz para decirle al Congreso Nacional que tome el dinero de “El Barrilito” para que funcione el Servicio 911?
¿Qué favores le deben las telefónicas al Estado dominicano que ante tantos acosos siempre se comportan como esclavos llegados de tribus del centro de África?