Cada año, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza el desempeño de la economía dominicana y discute sus conclusiones preliminares con las autoridades dominicanas. La nota de prensa publicada el 6 de mayo del presente año por el FMI en su portal describe los principales hallazgos de la misión del Artículo IV, entre los que se encuentra la versión oficial del crecimiento económico y que han resaltado los medios de prensa locales.
No obstante, sorprende que haya pasado desapercibido que el FMI también señaló que hacen falta reformas en la administración financiera del gobierno y que tanto el regulador y supervisor del sistema financiero se empeñen para que las normas prudenciales que se aplican en el país alcancen los estándares internacionales. Estos aspectos son de vital importancia para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica ahora y en el futuro.
No me voy a referir al crecimiento económico puesto que la autoridad del BC excluye como fuente del crecimiento al empleo, al salario real, la productividad de los factores productivos (capital y trabajo), la tasa de interés, los impuestos, el consumo, el gasto público, las exportaciones netas, el tipo de cambio, entre otras variables. Tal vez, cuando se publique una visión más amplia y completa del desempeño macroeconómico del país, será entonces cuando se podría dedicar tiempo a analizar el contenido del reporte sobre el comportamiento macro de la economía dominicana.
Ahora bien, la nota de prensa del FMI trae recomendaciones que indican que la situación es de cuidado; por lo que vale la pena detenerse en alguna de ellas. El FMI sugiere reformas en la administración financiera del gobierno y en la aplicación de las normas prudenciales, las cuales deberían acercarse a las normas internacionales. Ambos elementos son de capital importancia para preservar la estabilidad de la economía dominicana.
En el corto plazo y desde la perspectiva de los ingresos tributarios, el FMI propone la ampliación de la base tributaria (por ejemplo, la reducción de las exenciones fiscales y de los subsidios) lo que indudablemente tendría efectos redistributivos y macroeconómicos importantes. Sin embargo, estas reformas tendrían efectos pasajeros, si no se llevan a cabo las reformas institucionales que propone el FMI en el área fiscal. Las lecciones aprendidas de las reformas tributarias del período 2005-2007 señalan que se logró momentáneamente aumentar la presión tributaria, retrocediendo poco tiempo después, hasta colocarse alrededor de su nivel histórico de aproximadamente 13% del PIB.
Este comportamiento de la presión tributaria es lo que justifica la necesidad de completar las reformas financieras del estado. Aunque existe el marco macroeconómico de mediano plazo, el presupuesto por programas, el marco presupuestario de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo, entre otros, ninguna de estas reformas corresponde al funcionamiento institucional que ha propuesto el FMI en la administración financiera del gobierno ni tienen el contenido que recomienda.
Por el lado del gasto, la misión del Artículo IV recomienda la reforma de sector eléctrico debido a que el subsidio del gobierno central tiene un impacto importante en las finanzas públicas. Pero esto no sería posible sin que antes haya una reforma profunda en el mercado eléctrico. A ese sector le hace falta transparencia, no hay competencia por ser un mercado oligopólico, ineficiente, caro, donde se producen rentas escandalosas que han resultado de la corrupción y que el gobierno actual no ha podido corregir.
En esta ocasión, el FMI ha sido cuidadoso en no sugerir, como en otras ocasiones, reducir el gasto social. Por el contrario, está de acuerdo con su mantenimiento para evitar la ampliación de los niveles de pobreza y la posibilidad de convulsiones sociales y mantener un clima social que permita poner en marcha la reforma fiscal que recomienda la misión.
Por otro lado, la nota de prensa del FMI contiene otros aspectos no menos preocupantes, los cuales fueron reseñados en mi artículo de la semana pasada Reforma Fiscal y Enfrentamiento Social, publicado en este diario digital el 6 de mayo. En el país, la reforma fiscal debe perseguir fundamentalmente el fortalecimiento, la eficiencia, transparencia y operatividad de las instituciones públicas; lo que permitirían reducir paulatinamente la corrupción, la ineficiencia en el gasto y, sobre todo elevar el impacto del gasto público en la economía. Ninguna de estas tareas lograría estos objetivos en el corto plazo, pues se trata de un cambio de cultura y de una profunda transformación de las instituciones públicas. Además de que estas transformaciones riñen con los intereses de aquellos que han convertido en rentas la ineficiencia pública. En este sentido, el FMI se refirió a que el gobierno debe perseguir la colocación de la deuda pública en una senda estable en el mediano y largo plazos. Para esto se necesita un marco macroeconómico de mediano plazo que incluya no solamente verdaderas proyecciones macroeconómicas, un análisis de sostenibilidad fiscal y de sostenibilidad de la deuda, sino también un reporte que evalúe los riesgos fiscales.
Lo novedoso de la Nota de Prensa del FMI es su recomendación de que la aplicación de las normas prudenciales para el sector financiero debe alcanzar los estándares internacionales. Presumo que esta recomendación no sólo se fundamenta en el relajamiento de la aplicación de esas normas durante la pandemia de la COVID-19, sino que considera además el deterioro del capital de los bancos por falta de una efectiva regulación y supervisión bancarias. La descapitalización bancaria es un proceso que dura años en una economía que ha exhibido altos niveles de crecimiento económico. Esto se comprueba porque se puso en marcha un programa de capitalización gradual de las instituciones financieras hasta alcanzar el nivel de capital previsto en las normas internacionales.
A pocos debe extrañarle este comportamiento del regulador y el supervisor bancarios. Lo que hoy ocurre en el sector financiero, coincide exactamente con la situación de este sector durante el período 1996-2000, en el que hubo inobservancia programada de las normas prudenciales, convirtiéndola en el canon conductual de la autoridad financiera; lo que sin dudas exacerba las dificultades para alcanzar el nivel de capitalización bancaria que señalan las normas prudenciales. Durante este período, Aristóbulo de Juan, consultor financiero internacional para el BC, evaluó el sistema financiero dominicano y determinó que varios bancos comerciales podrían quebrar si no se atendía con urgencia sus deficiencias de capital; incluso en 1998 recomendó cerrar urgentemente uno de esos bancos (Calvo, 2018). Pero gracias a la gradualidad en la constitución del capital, las quiebras fraudulentas acontecieron en el 2003.
Esta situación es importante tenerla en cuenta, ya que la economía dominicana aún se encuentra por debajo sus niveles de crecimiento históricos. Esta caída de la actividad económica se reflejará en la recuperación de créditos de la banca por lo que cabría esperar que el capital de los bancos se deteriore de continuar la recesión económica. Sabemos que el BC puso en marcha su plan de gradualidad en la constitución del capital de las instituciones financieras, por ahora el problema está bajo la alfombra, pero no ha desaparecido. Esperemos que el BC siga las recomendaciones del FMI y que no intente cambiar los hallazgos y recomendaciones de la misión cuando se discuta en el Directorio del FMI. Y ojalá que el BC no se oponga a la publicación inextenso del reporte del Artículo IV.