Ciertamente hay motivos sobrados para suponer que si no en todos, en buena parte de las obras contratadas con la ODEBRETCH, tanto las realizadas como las que se encuentran en ejecución, pudieran haberse registrado significativas sobrevaluaciones.
Tan solo el hecho de haber admitido el pago de sobornos por 92 millones de dólares, lleva a la lógica conclusión de que ese dinero no salió de los fondos de ODEBRETCH sino que fue cargado a las operaciones realizada en el país, por lo que los sobornos salieron en realidad de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos.
Sin embargo, la gran diferencia, en algunos casos enorme, entre los presupuestos originales de la mayoría de las obras asignadas y el costo final erogado por el Estado, permite prejuzgar que el monto de las sobrevaluaciones tiene que haber excedido con mucho los 92 millones de dólares del soborno. Es posible, sin temor a incurrir en exageración, que la cantidad sea entre cuatro y seis veces mayor y que aún nos quedemos cortos.
La Cámara de Cuentas ha sido apoderada por la Procuraduría General de la República para llevar a cabo la auditoría. Obviamente, la misma requerirá del concurso de peritos y técnicos calificados. El presidente de la Cámara, Hugo Alvarez, ha informado que de Brasil vendrán dos especialistas para llevar a cabo una investigación exhaustiva, que es de esperar como tan necesario que exhiban una hoja de servicios impecable. En el plano local, pudiera y debiera contarse con la colaboración del OISOE, el CODIA que por ley es asesor del Poder Ejecutivo en esta materia y la propia UASD, que dispone de un buen equipo de ingenieros. Un trabajo que deberá ser llevado con absoluta transparencia.
Acudir a los tribunales es la vía expedita de que dispone el Estado para lograr el debido resarcimiento con total independencia del acuerdo homologado con la Procuraduría en el caso del confesado soborno. Se trata de dos situaciones distintas, tal como coincide en señalar un grupo de reconocidos juristas que fueron consultados por Diario Libre. Una unanimidad de opiniones que resulta infrecuente encontrar en el campo interpretativo del Derecho.
En el primer caso, del delito de soborno confesado por la empresa y por el cual se compromete a pagar una multa ascendente al doble de los 92 millones de dólares, o sea, 184, que por su condición de persona jurídica es única sanción que correspondería imponerle.
Y en el segundo, de un expediente judicial por posible delito de estafa en el cual, una vez comprobado, también el Estado estaría en capacidad de reclamar de la empresa brasileña el reembolso de las cantidades cobradas en exceso por la ejecución de las obras.
Todo esto al margen del compromiso asumido por la ODEBRETCH en el acuerdo homologado, de revelar los nombres de quienes recibieron los sobornos para la asignación de las obras. Un listado que es esperado con diferentes motivos de ansiedad entre quienes afilan la guillotina ansiosos por cortar cabezas y los posible implicados por temor a perderla.
La fecha tope para abrir esta caja de Pandora es el 19 de mayo según el acuerdo homologado, por lo que solo queda entrar en cuenta regresiva arrancando las hojas del almanaque de aquí a entonces.