El tiempo que me ha tocado vivir

Las rigideces en el presupuesto del 2014, 2 de 2

Por Isidoro Santana

En el artículo pasado exponía cómo el manejo de los recursos públicos ha alcanzado tal grado de rigidez que ahora la administración presupuestaria se ha convertido en una terrible fuente de angustia para la gente que trabaja en eso. Cómo pese a tantas necesidades insatisfechas,  ahora los subsidios y el servicio de la deuda pública se están tragando los impuestos que pagan los contribuyentes.

Esta es una razón más, no la principal, para esforzarnos porque el dinero público se destine sólo a lo básico. Siempre me ha llamado la atención el pobre criterio que tenemos los dominicanos sobre cuál es la misión del Estado en la sociedad, y cómo tanta gente persiste en que el dinero público se use para satisfacer apetencias privadas.

Un ejemplo ilustrativo se ve en la reacción percibida a través de la prensa ante el decreto de septiembre pasado, mediante el cual se prolongaban hasta diciembre las disposiciones de austeridad fiscal. La mayoría de las críticas provenían de grupos, o se referían a reclamos al Gobierno, que en otros países lucirían ridículas, como que ahora no van a recibir canastas, o que los combos no van a trabajar en fiestas navideñas.

A mi juicio, la mayor parte de lo contenido en el decreto debería establecerse, no por un año ni por meses, sino para toda la vida. Es más, la austeridad no debe ser parte de un decreto, sino de una forma de ser, de una forma de concebir la vida y de dirigir la cosa pública ¿En qué país del mundo se ha visto que sea función del Estado repartir canastas ni hacer fiestas navideñas?

El problema que más atormenta ahora a los responsables del manejo del presupuesto público es ver cómo la mayor parte de los recursos están comprometidos por malas decisiones tomadas en el pasado. El Estado se ha metido como en un túnel del cual no se alcanza a ver la salida. Evidentemente, hay que hacer un esfuerzo monumental para evitar que se repitan malas decisiones que agraven el problema futuro.

Un aspecto crucial al cual quiero referirme es al costo de los intereses de la deuda pública. En el presupuesto 2014 hay 109 mil pesos para educación (preuniversitaria), y cualquiera creería que ese es el componente más grande del gasto público. Pero no es así. Son los intereses. Lo que pasa es que en el presupuesto una parte está oculta.

En el gráfico que ilustra este artículo se ve que para el año 2000 el costo de los intereses de la deuda apenas superaba los 2,300 millones de pesos, y en el proyecto de presupuesto que se discute en el Congreso ya está en torno a los RD$71,500 millones, habiéndose multiplicado más de 30 veces en 14 años. Esto ya de por sí luce escandaloso, pero más escandalosa es toda la verdad, pues en el proyecto sólo constan los intereses que pagaría el Ministerio de Hacienda. Resulta que ahora el Banco Central paga más intereses que el Gobierno por su propia deuda. Es más, de los 71,500 millones en el presupuesto, sólo 52,300 corresponden al pago de la propia deuda del Gobierno, y los otros van destinados a ayudar al BC con una parte de los suyos.

En total, se espera que en 2014 el contribuyente pague casi RD$110 mil millones por intereses, aunque la parte del BC es sólo un estimado, porque tanto el monto de la deuda como las tasas podrían variar. Con esto se habría multiplicado el costo de la deuda casi por 50 en 14 años.

Es curioso que ahora el BC pague más intereses, por cuenta del contribuyente, que los que paga el mismo gobierno por la suya. Y ojo que el Estado dominicano tiene más de medio siglo endeudándose: primero se endeudó para construir obras de infraestructura; después, para pagar servicios; más adelante, para otorgar subsidios, para derrochar, para robar, para mantener baja la tasa de cambio. Y ahora tiene  que endeudarse para pagar deudas viejas y sus intereses.

El contribuyente dominicano no se da cuenta de lo que le cuesta la deuda del Banco Central porque de ese costo la Dirección de Presupuesto sólo le aporta una parte por vía de la Ley de Recapitalización. Pero es un autoengaño pensar que la parte que DIGEPRES no le entrega ya nos libramos de pagarla. Lo que estamos haciendo es posponiendo su pago. El BC la paga por su lado  y para neutralizar su efecto coloca nuevos certificados a cuenta de deuda pública, que muchas veces no nos damos cuenta de que existe, pero que tarde o temprano hay que pagarla.

Hay que buscar fórmulas que permitan impedir que siga aumentando este costo, porque en poco tiempo no habrá carga tributaria que aguante. Y no estamos incluyendo las amortizaciones, porque nos hemos acostumbrado a pensar que siempre habrá reenganche.

Cuando se presentó el caso BANINTER, algunos economistas utilizamos todos los medios al alcance intentando convencer de que  ese fraude no podía pagarse, que no habría dinero para eso.  Hoy, con  la deuda cada día mayor a pesar de mil reformas tributarias, estamos más convencidos que nunca de la razón que teníamos.

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