Definir una política hacia Haití sobre la base de un respeto mutuo, tomando en cuenta el historial de nuestros vínculos y las características de esa relación, es una de nuestras prioridades. La inmigración ilegal es uno de los temas pendientes de abordar con la seriedad y profundidad que amerita.
No se sabe cuántos haitianos viven ilegalmente en el país. Se habla hasta de un millón, lo que representaría cerca del quince por ciento de nuestra población adulta. Sean reales o no las estimaciones, lo cierto es que el aumento de la inmigración agrava los problemas sociales, por efecto de su impacto en el empleo, los servicios hospitalarios, la enseñanza pública y otras áreas de la vida nacional.
Los dominicanos hemos rehuido el debate de este tema, esencial en el marco de las relaciones con el estado vecino. Una comisión bilateral mixta, creada por gobiernos de ambas naciones para discutir en un plano de franqueza y amistad las diferencias existentes, puede sentar las bases de esa política y buscarle salida a una enorme cantidad de asuntos pendientes todavía de discusión y solución. No es el caso establecer ahora responsabilidad por la carencia de políticas encaminadas a solucionar la inmigración ilegal masiva hacia el territorio nacional, producto tal vez de la indiferencia, la apatía que por décadas ha caracterizado el trato diplomático entre los dos países, como si Haití estuviera bien lejos de nosotros y no al lado nuestro, separado sólo por una frontera frágil de más de trescientos kilómetros de longitud.
Las naciones no se percatan de los peligros que las amenazan, sino cuando ya dejan de serlo y se convierten en una realidad que deben entonces enfrentar en condiciones desventajosas. La cuestión es que si posponemos indefinidamente el tema de la inmigración, en el plazo de una década podríamos vernos con tres millones de ilegales, situación ésta que el país no podría manejar de ningún modo.