Desconstruyendo

Las reformas

Es preciso evitar las exigencias populares en el único espacio que tiene la gente cuando la democracia le niega los mecanismos de participación: las protestas.

Por Apolinar Veloz

En República Dominicana, durante el período que precede a cualquier reforma social o económica, suelen circular datos, análisis y propuestas de qué debe reformarse y cómo debe hacerse. Estas propuestas son adelantadas por algunos de los actores, así como por organizaciones sociales que discuten propuestas de reformas con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en general; tal es el caso de la reforma fiscal integral del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y organizaciones de la sociedad civil.

En este espectro, se incluyen las propuestas de algunos funcionarios públicos que estiman necesario impulsar una reforma fiscal que expanda la base tributaria, como si fuera la única alternativa para mejorar las finanzas públicas, afectada profundamente por los intereses de políticos y empresarios y por la debilidad institucional y el control que detentan algunos grupos privados sobre el sistema judicial. En cambio, las organizaciones de la sociedad civil piensan en una reforma fiscal que sea pareja, progresiva y eficiente, que permita la mejoría de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero además, añaden que la reforma fiscal debe integrar otros sectores por su incidencia en las finanzas públicas.

Existe inquietud en la ciudadanía ante este proceso de reforma, ya que su bienestar está severamente afectado por la organización de la producción y la distribución del producto. A partir de estas preocupaciones estas organizaciones tienen una idea de reforma mucho más amplia, que abarca todas aquellas leyes con incidencia en impuestos o que reducen el bienestar de los dominicanos.

A la propuesta de reforma fiscal del gobierno, las organizaciones sociales se adhieren a la inclusión de otras reformas que fortalecerían los ingresos públicos y que aumentarían el bienestar ciudadano. Además de la reforma fiscal, existe consenso para reformar la ley de seguridad social, la ley eléctrica, la ley que regula los combustibles y la ley general de educación, ya que afectan a las finanzas públicas por el lado de los ingresos tributarios y por el lado del gasto público.

En tal sentido, se señalan a modo de ejemplo, deficiencias en la implementación de la ley de seguridad social, en lo referente al sistema de pensiones como al sistema salud, cuyos resultados favorecen por mucho los negocios de las ARS y las AFP. Respecto a las primeras, el gasto de bolsillo en salud es enorme y la tasa de reemplazo en el sistema de pensiones es alrededor del 27.3% que los pensionados disfrutan por un período de tiempo limitado. De manera que el balance de las cuentas individuales se queda en manos de estas empresas.

Igualmente, existe un amplio consenso en la población de que la generación y distribución eléctrica son negocios de elevados costos, los cuales se reflejan en la tarifa eléctrica y gravitan seriamente en el bienestar de los hogares dominicanos. Por tanto, la Ley General de Electricidad No. 125-01 debe ser objeto de revisión y reforma, por cuanto el subsidio al sector eléctrico que oscila entre US$900 y US$1,300 millones por año, lo pagan el grueso de los contribuyentes dominicanos. Al mismo tiempo que el gobierno cubre las pérdidas de este sector, esos recursos se convierten en ganancias para los generadores. Los contribuyentes financian las pérdidas y ese subsidio se convierte en beneficios para las generadoras de electricidad, mientras los apagones los sufre la población en general.

También las quejas ciudadanas giran en torno a los elevados precios de los combustibles debido a la inobservancia de la Ley 112-00. Esta ley ha servido para ajustar automáticamente las deficiencias de ingresos del gobierno central. Cuando el gobierno tiene deficiencias en la recaudación de impuestos, recurre al bolsillo de todos los dominicanos para su financiamiento. Paralelamente, muchas empresas gozan de subsidios en la importación de combustibles, incluyendo algunas de generación eléctrica. Esto ejemplifica la regresividad del sistema impositivo, mientras pocos generan beneficios, el grueso de la población experimenta pérdida de ingresos. Cada usuario del transporte público o privado a través de la corrección semanal del precio de los combustibles reduce los ingresos reales de las familias.

Asimismo, un amplio segmento de la población cuestiona la eficiencia de la inversión del 4% del PIB en educación. Por tal razón, la Ley General de Educación No. 66-97 que regula la estructura del gasto del 4%, no debiera tener la intención de enriquecer a los proveedores de servicios al sistema de educación público o a los constructores, sino atender prioritariamente la calidad de los profesores y medir regularmente la calidad de los egresados de ese sistema. El gasto en educación se paga con los impuestos que pagan las familias dominicanas; por tanto, deben recibir a cambio una compensación justa en calidad de la educación por los impuestos que pagan.

A estas reformas habría que agregar los efectos de la debilidad de las instituciones públicas que alcanzan, entre otros, a la regulación de la competencia, a la corrupción pública y privada y los derechos humanos. Es preciso echar una mirada a la estructura de los mercados, la cual está ampliamente dominada por monopolios u oligopolios. Evidentemente que esto no favorece la competencia que pregona la teoría económica convencional y los empresarios dominicanos; particularmente en un país en el que resulta muy difícil producir conocimientos y el gobierno no se percata de que la producción de conocimientos impulsa el crecimiento y mejora la competencia en los mercados y de que el desarrollo en la actualidad se vincula al aprendizaje.

Los perjuicios que genera la actual organización de los mercados dominicanos se incrementan con la protección estatal. Un sinnúmero de empresas se beneficia con legislaciones especiales que les eximen de las cargas impositivas (zonas francas, turismo y los contratos especiales) que otras empresas regularmente pagan. El resultado es que con poco esfuerzo esas empresas elevan sus rentas (ganancia sin inversión) cuando reciben cuantiosas exenciones fiscales. Este hecho ha convertido paulatinamente a las empresas criollas en enclaves productivos, ajenos al proceso moderno de crecimiento que lidera la investigación y el desarrollo de nuevas ideas de reorganización industrial y, por tanto, la distancian de la implementación de procesos de innovación. Todo lo cual explica al ausentismo de la mayoría de las empresas locales en los mercados internacionales.

En estas condiciones económicas y sociales, si el gobierno quiere, puede crear un escenario de concertación nacional para escuchar, discutir, proponer y consensuar estas reformas colocando primero a la gente. Las reformas que aquí se proponen deben garantizar el bienestar de la población mediante reformas que sean parejas, progresivas y eficientes: cada uno de los dominicanos debe aportar a las reformas de acuerdo con su nivel de ingreso o beneficio.

En democracia, esa sería la forma de alcanzar acuerdos que beneficien a todos y que eviten el empeoramiento de los resultados ya conocidos de la economía de mercado, tales como la concentración del ingreso, la desigualdad y la pobreza. Si las reformas que se necesitan para el avance del país (en materia institucional y económica) se tratan de imponer, con una lógica similar a la que discurre en la dirección de las empresas privadas, entonces el gobierno estará apostando al caos social.

El actual gobierno tiene una carga muy pesada que le impediría avanzar en esta dirección puesto que tiene una grave dificultad para conciliar objetivos diametralmente opuestos en la implementación de las políticas públicas que beneficien a la mayoría. La esperanza que albergan los ciudadanos es que tenga en cuenta la población que lo eligió.

Durante estas dos décadas se han acumulado enormes distorsiones en la sociedad dominicana que han empobrecido a la población y envilecido a algunos políticos y empresarios. Corregirlas todas no es una tarea fácil, pero tampoco el gobierno ha dado indicios de que desee progresar en la dirección correcta. Es preciso evitar las exigencias populares en el único espacio que tiene la gente cuando la democracia le niega los mecanismos de participación: las protestas. Es importante integrar todas estas reformas en un proceso ascendente y sin pausa, hasta que el último perjuicio que estas políticas públicas ha causado a la población sea definitivamente eliminado

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