Finalmente, el Consejo Nacional de Educación pospuso las Pruebas Nacionales de Secundaria para septiembre del año en curso. La fecha pautada para julio resultó ser inviable dado el incremento consistente en el número de contagiados en el país. El optimismo con el que el sector educativo regularmente se piensa a sí mismo fue vencido por la irrefutable realidad de la expansión comunitaria del covid-19 en nuestro país. La prudencia indica, lejos de toda duda, que es innecesario someter a la población educativa preuniversitaria a una situación de posible contagio.
Las razones para la no suspensión definitiva, al menos en este año escolar, de las Pruebas Nacionales es su poder vinculante, según el departamento de Calidad Educativa del Minerd. En este sentido, el interés del Ministerio será el de ajustar las pruebas a los contenidos presenciales ya dados; obviando, naturalmente, los contenidos suministrados en la educación a distancia. La lógica argumentativa ha sido esta y es razonable aparentemente si no entendiéramos que el actual gobierno ha basado su propaganda de éxitos en la llamada “revolución educativa” y que esta emergencia deja ver, a todas luces, las falacias del discurso publicitario.
Con certeza me dirán que estoy mezclando una cuestión meramente técnica o educativa con una cuestión política. En modo alguno, en cuanto al sistema de educación pública se refiere lo político lleva la primacía sobre lo técnico-educativo; por lo que las decisiones técnicas-educativas se ven afectadas por la autoridad política. La no suspensión de las Pruebas Nacionales es una decisión política y no meramente educativa ya que el fracaso de lo técnico-educativo afecta lo político.
El poder vinculante de las Pruebas Nacionales está en su carácter de obligatoriedad para el paso del estudiantado de Secundaria a la universidad. Atar una cuestión de medición de la calidad educativa a una ley general de educación, resultó ser en su momento, una garantía de ejecución. El interés evaluativo de las pruebas constituyó la razón lógica para su realización; pero esta no ha sido la realidad.
Se pensó en que ofrecerían datos válidos sobre la calidad del alumnado que salía de Secundaria. Con esos datos no solo las universidades se esforzarían en “nivelar” al estudiantado a sus parámetros de ingresos, sino que los centros educativos de “Media” (públicos y privados) tomarían acciones concretas sobre aquello que no se aprendió de modo que, sobre la base de esta medición de la calidad, se estableciera una mejora significativa en la acción educativa. Hay datos, pero en la mayoría de las veces, son datos inertes, poco ilustrativo de las condiciones reales del estudiantado que sale y que no permiten tomar una serie de acciones sobre los estudiantes que entran a Secundaria. El propósito no se cumple y sucede lo que suelo ver en el sistema educativo en general: poca efectividad de los procesos.
Las Pruebas Nacionales constituyen un “elefante blanco” atractivo para ciertos sectores que son los que pujan por su permanencia. No miento cuando digo que las voces que auspician su anulación son más que las que demandan su permanencia.
Hay una realidad que se impone a partir de la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación: la posposición para septiembre trae más incertidumbres al estudiantado, a los padres y madres y a los docentes. Para septiembre, el chico o chica que debió tomar las pruebas en condiciones normales ya está insertado en la universidad. Al menos, eso es lo que se espera. Aquí se cae sino lo cuestiona, de modo inmediato, la obligatoriedad de las Pruebas Nacionales para el ingreso a la universidad.
La salida lógica a esta coyuntura de emergencia hubiese sido impartir las Pruebas Nacionales en modalidad virtual. Lo que no resultaría difícil dada las experiencias de las universidades con la prueba Poma y otras pruebas de medición de habilidades cognitivas, razonamiento verbal y comprensión lectora.
Es un discurso vacío decir que las Pruebas Nacionales evalúan el currículo oficial estructurado por competencias y asignaturas. Sólo evalúan contenidos memorísticos y no habilidades de ningún tipo; incluyo aquí a Lengua Española, centrada en la medición de contenidos literales y lexicales de las lecturas propuestas. Esta nueva posposición solo indica que las decisiones políticas alargan la agonía del fracaso de las Pruebas Nacionales.