La versión digital del Periódico HOY del 3 de junio del año en curso, recogió las propuestas de algunos de los candidatos presidenciales que participaron, bajo el esquema de selección de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). El ex presidente Leonel Fernández, quien es candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo (FP), Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Luis Abinader candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), expusieron sus propuestas de políticas económicas para el período 2020-2024.
Existen algunas coincidencias y discrepancias en las propuestas de los candidatos presidenciales. Todos los candidatos coinciden en la promoción de las asociaciones públicas-privadas (APP) para implementar los planes de inversión del gobierno.
Las APP han sido usadas en muchos países desarrollados para eliminar la supuesta ineficiencia del gobierno durante la implementación de las políticas neoliberales. No obstante, el gobierno inglés luego de un tiempo de ejecutar esa política de inversión conjuntamente con el sector privado, se vio en la necesidad de re-adquirir varias empresas de servicios públicos privatizadas, debido al fracaso de la administración del sector privado. Ver el documento titulado “El Desastre de las APPs en el Reino Unido: Lecciones de finanzas privadas para el resto del mundo” (en inglés The UK’s PPPs Disaster: Lessons on private finance for the rest of the World, https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/The-UKs-PPPs-disaster_Final-version_02.17.pdf ).
Una de las debilidades de este mecanismo, es que el sector privado ha utilizado las finanzas públicas para transferir sus riesgos de mercado al sector público; de ahí el incremento de los riesgos fiscales han aumentado los déficits fiscales y la deuda garantizada por el gobierno. Si esto ocurrió en el Reino Unido, cuya fortaleza institucional es sin dudas superior a la dominicana, qué no ocurriría en el país.
En los últimos veinte años la sociedad dominicana ha presenciado contratos dañinos para la salud financiera del gobierno, tal es el caso de la Carretera Santo Domingo-Samaná, RD-Vial y Barrickgold para citar algunos. En el caso de la Carretera Santo Domingo-Samaná, el sector privado elaboró su estudio de mercado sobre-estimando la circulación vehicular para justificar la viabilidad financiera del proyecto y se protegió de este riesgo incluyendo una cláusula en el contrato que establecía el compromiso del gobierno de mantener la tasa interna de retorno en caso de que se produjera una diferencia entre la tasa interna de retorno y la tasa de beneficio del proyecto.
Por eso, todos los ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos para cumplir con las proyecciones de beneficios de esta firma privada, que sin dudas negoció muy bien en perjuicio de los contribuyentes. Esto se conoce popularmente como un peaje sombra que asciende a más de cuatro mil millones de pesos por año. En el caso de RD-Vial, sus operaciones son financiadas con la colocación de bonos del Banco de Reservas (BR) y los recursos los administra un fideicomiso privado. Los contribuyentes no saben cómo el exministro de Obras Públicas, hoy candidato presidencial Gonzalo Castillo, manejó esos recursos públicos. Pero, además, esa deuda no ha sido contabilizada en el stock de la deuda pública como sugieren las mejores prácticas contables internacionales. Estas son dos de las desventajas de las APPs que apoyan los candidatos a la presidencia para beneficio del sector privado.
Los candidatos del PRM y del PLD anunciaron su compromiso de impulsar al sector industrial. El sector industrial ha disfrutado de leyes de incentivos por más de cincuenta años (con la excepción del gobierno de Juan Bosch, que fue derrocado en 1963), con exenciones de impuesto sobre la renta, de aranceles sobre materias primas y maquinarias, pero sobre todo con la protección decidida del gobierno, restringiendo la competencia internacional. El sector industrial también ha sido co-responsable del empeoramiento de la cuenta corriente y de la década perdida; facilitada por la Ley de Protección e Incentivo Industrial No. 299 de 1969, promulgada inicialmente por 10 años y cuya permanencia fue postergada por veinte años más. Más recientemente el espíritu de esa ley tiene nuevas versiones, desde el 2007 hasta la fecha.
De la misma manera ha ocurrido con el desarrollo de las zonas francas, el turismo y, en menor medida, con el sector agropecuario, a los cuales los gobiernos les han otorgado tratamiento privilegiado e igualmente ha ocurrido con la inversión extranjera.
El candidato del PRM prometió cero corrupción y contrabando, pero no expuso cómo se mediría la corrupción. Esta propuesta corajuda no deja de tener inconvenientes, porque tendríamos que saber quiénes son responsables del contrabando en RD, cuántas empresas privadas están envueltas en escándalos de corrupción y cuántos funcionarios públicos han estado involucrados a lo largo de esos años. También propone crear cada año ciento cincuenta mil empleos, si resultare ganador de las elecciones. En el 2019, el sector informal produjo más puestos de trabajo que la industria. Habría que preguntarse si existe alguna propuesta que introduzca cambios esenciales en la relación sector privado y gobierno, excluyendo la morbosa figura de las APPs, para promover el empleo formal.
El gobierno debe promover al sector privado de otra manera. Por ejemplo, a través del financiamiento de la investigación básica que posteriormente las firmas utilizarían para desarrollar nuevos productos que compitan en los mercados internacionales. Pero la promoción de lo privado a través de la reducción de las cargas impositivas, le resta progresividad al sistema tributario dominicano e inclina los sacrificios tributarios hacia los consumidores. La doctrina del mercado, sin la intervención del gobierno, se fundamenta en la permanencia en el mercado del más capaz y no del más inútil.
Pero el más capaz es aquel empresario que está dispuesto a cooperar con el gobierno, utilizando los resultados de la investigación básica que financia para competir en la nueva división mundial del trabajo (Mazzucato, 2015). Se sabe que las fases de la invención y la innovación son etapas superadas en el curso del desarrollo económico (Amsden, 1989) y que ahora nos encontramos en la etapa del aprendizaje (vea las experiencias de China, Singapur, Tailandia, Malasia, Vietnam).
Cabe destacar que el único candidato que hizo referencia al capital humano fue el candidato del PRM, aunque con un alcance limitado, ya que solamente considera la capacitación de la mano de obra. No cabe duda de que es una buena idea, pero la terminación de esa formación le corresponde a la firma, que convierte a la mano de obra en un factor productivo y garantiza su permanencia en la misma, con un salario de eficiencia que mejoraría la distribución del ingreso. Sin embargo, el candidato olvidó que el sistema de salud y de educación (que actualmente son un desastre) forman parte del paquete del capital humano.
Ninguno de los candidatos hizo referencia a la debacle de la privatización del sistema de seguridad social. Un sistema caracterizado por la ausencia de competencia y la concentración de mercado que auspicia el sector privado.
Por otro lado, el candidato del PLD propone construir de cien mil viviendas, con tierras donadas por el gobierno, con un aporte del 10% al costo de la obra y la creación de un fondo de garantía para subsidiar las tasas de interés. Asimismo, promete reactivar las construcciones públicas de vías de comunicación, obras agrícolas, portuarias, así como del transporte de pasajeros. De la misma manera el candidato de la FP coincidió con esta propuesta, cuando afirmó que promoverá una política fiscal expansiva a través de la construcción de obras.
Los candidatos del PRM y la FP coinciden en apoyar a la economía circular. La basura se ha convertido en gran negocio para los ayuntamientos y reciclar, usar los desechos sólidos para industrializarlos y luego colocar los bienes producidos en los mercados no es una mala idea, pero precisa de un acuerdo político.
Ninguno de los candidatos hizo referencia a las políticas de corto plazo. Nadie se refirió, al menos en la nota de la versión digital del periódico HOY, a la política fiscal, cambiaria y monetaria. Irremediablemente, la atención al corto plazo pondría en espera a todos esos planes de mediano y largo plazo. Ninguno abordó el déficit fiscal, la deuda pública, la pérdida de reservas para mantener el tipo de cambio, el déficit cuasi-fiscal, la nueva y escandalosa propuesta de capitalización del banco central, el déficit de la cuenta corriente, el desempleo, la desigualdad y la pobreza.
La realidad es una sucesión de hechos, vinculados entre sí, y los programas de mediano y largo plazos no tienen valor si los dilemas y dificultades del corto plazo no se solucionan para avanzar. Es un buen inicio, pero se necesita mucho más para cambiar.