El debate de la reforma fiscal en la sociedad se ha acelerado recientemente y su perspectiva y contenido varían según los participantes en la discusión del tema. El empresariado propone que se amplíe la base tributaria, los organismos internacionales proponen la ampliación de la base tributaria con un aumento del gasto social y las organizaciones sociales esperan una reforma fiscal pareja, eficiente y progresiva.
Lo cierto es que esta reforma debe ser integral, si el gobierno desea conseguir algún acuerdo con la sociedad y que cumpla con los criterios previamente mencionados. Los empresarios y el gobierno plantean una reforma fiscal integral que revise no solamente la estructura tributaria sino también la estructura del gasto público. Es preciso que se integren al pago de impuestos todas aquellas actividades que han estado exentas por décadas sin resultados que justifiquen este sacrificio fiscal. Asimismo, es importante que se revise el texto de la ley de impuestos internos que permite una interpretación imprecisa, dando lugar a la elusión fiscal.
De la misma manera, el gobierno debería tener como uno de sus objetivos de largo plazo reducir la evasión fiscal, que según el Banco Mundial alcanza un 43.4%. Como en otros países, se debe criminalizar efectivamente la evasión fiscal y evitar las negociaciones discrecionales entre la DGII y los evasores. En tal sentido, debe cesar el uso indiscriminado de los fideicomisos con el propósito de esconder ganancias de la autoridad fiscal. La lucha contra la corrupción se inicia con la transparencia en el gobierno y los fideicomisos promueven la opacidad.
El gobierno debe asimismo incluir otras fuentes de ingresos que actualmente no contemplan por temor a que se lastime la inversión extranjera. Tal es el caso del oneroso contrato con la minera Barrickgold. El país sabe que ese contrato se aprobó por órdenes presidenciales en el 2009 sin previa lectura. Este contrato resulta frustrante por los exagerados grados de libertad que exhibe la minera; y un ejemplo de esto es que no se conoce públicamente la composición de los lingotes que exporta; aunque se sabe que Barrick-PVDC recibe un informe de la composición de los mismos. Peor aún, los ingresos por la venta del oro se reciben cuando la empresa lo vende.
El público desconoce la pureza del oro y de la plata exportada, además del peso de cada lingote, o sea que la empresa no es transparente con los beneficios de esa explotación minera. Tampoco se disponen de los reportes del daño medioambiental, aunque sí existen reportes de universidades canadienses que confirman su existencia. Lamentablemente, la pasada administración del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se opuso legalmente a su publicación en el país.
Por todo lo anterior, el contrato completo de esa mina debe revisarse. No sólo porque todos los riesgos descansan sobre las finanzas del país sino porque los pagos de impuestos están atados a ese contrato y no a la ley minera. Debe revisarse sobre todo considerando que Mark Bristow, CEO de Barrickgold Corp., ha dicho públicamente que desea que todos sus socios en el mundo tengan una participación igualitaria con la empresa. En Papúa Nueva Guinea, las autoridades lograron una participación de 57% en las utilidades y en Tanzania se renegoció el contrato con Barrickgold luego de una prohibición de las exportaciones de oro y la minera terminó pagando US$300 millones en impuestos atrasados.
La mina de oro del país es una de las más eficientes que tiene Barrickgold Corp. a nivel mundial. Según Statista PVDC-Barrick, ocupó en el 2019 la sexta posición a nivel mundial en costo de producción (US$592 por onza troy). En el 2020, su costo de producción fue de US$504 por onza troy y para el 2021 se estima un aumento entre US$520 y 570. De manera que renegociar el contrato no implicaría el retiro de la firma de RD, si esa empresa se guía por las utilidades que genera en el país.
Para financiar el déficit fiscal se puede pensar en la reducción del costo de la política monetaria, evitando el costo financiero que representa la tesorería que gratuitamente le realiza el BC a los bancos comerciales. Los certificados emitidos por el BC al 12 de mayo de este año alcanzan el monto de RD$745,061 millones (o US$13,996.72 millones) que representa un 18% del PIB. Esos recursos están depositados en las bóvedas del BC, sin que tengan ningún uso productivo. Los recursos que necesita el gobierno para financiar el déficit fiscal del 2021, se podrían conseguir traspasando al gobierno central la cantidad de dinero que necesite para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, previo acuerdo con los tenedores bonos. En este caso, se reduce la deuda del BC y aumenta la deuda del gobierno central, pero como son entidades del sector público no financiero, no aumentaría la deuda de este sector.
De la misma manera, el tesoro dominicano podría emitir deuda que el BC compre con emisión monetaria. En este caso, aumentarían la deuda interna del gobierno dominicano y los activos del BC (bonos del gobierno) y el BC mejoraría su estado financiero. El gobierno puede financiar el déficit fiscal para este año bajo este esquema; aunque el mismo resulte relativamente más complicado que el anterior por el nivel de apertura de la economía. Si el aumento de la demanda agregada por el gasto del gobierno se gasta en importaciones, aumentaría el déficit de la balanza corriente y esto tendría efectos sobre el tipo de cambio. Por tanto, habría que controlar momentáneamente la cuenta corriente para evitar esos efectos, como han hecho otros países en tiempos de crisis.
Estas alternativas no sustituyen la necesaria reforma fiscal, pero sirven para ganar tiempo e implementar una concienzuda y profunda reforma, evitando de esta forma el enfrentamiento social. Esta reforma no puede festinarse porque al gobierno le faltan recursos este año, lo que resulta insólito si las proyecciones de los ingresos tributarios se sopesaron técnicamente y las necesidades de financiamiento se calcularon correctamente. El presidente de la república no debe apresurar una reforma fiscal durante una crisis económica como la que vive el país, hay que tener presente que el bienestar de una nación no se mide por la propaganda del crecimiento. Reflexionen, que aún hay tiempo.