Desde hace diez años una serie de bancos centrales, principalmente de países subdesarrollados, ha adoptado el esquema de metas de inflación, divulgado públicamente al principio de cada año.

Se trata de una estrategia de política monetaria para controlar la inflación en donde un banco central proyecta y publica una tasa de inflación proyectada, o “target” y luego intenta dirigir la inflación real hacia esa meta propuesta, a través del uso de variaciones en la tasa de interés y otros instrumentos monetarios. Esa estrategia promueve la transparencia en la conducción de la política monetaria y cambiaria y también reduce la incertidumbre entre empresarios, banqueros y el público en general, sobre todo si se logra continuamente cumplir con esa meta la cual como objetivo es muy sencilla y fácil de entender.

Países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú,  Polonia y la República Checa, entre otros, han adoptado esta estrategia y la experiencia ha sido que los países que establecen esa meta explícita han sufrido menos inflación y han enfrentado mejor los choques externos que países que no lo han hecho.

Pero es poco lo que puede hacer un banco central para lograr una meta anunciada previamente si la política fiscal promueve déficits y los consecuentes endeudamientos. También se corre el riesgo de que buscando no exceder la meta, no se devalúe suficientemente la moneda, afectando negativamente la competitividad de las exportaciones de bienes y servicios, incluyendo el turismo.

En nuestro país llevamos ocho años con un esquema de meta de inflación. Comparando la meta de cada año con la inflación promedio de ese año tenemos:

La estrategia dominicana ha sido exitosa ya que durante siete años se ha logrado no exceder la meta de inflación y es probable que en el 2019 ocurra lo mismo, pues la inflación proyectada se cree que no pasará del 4%. Es cierto que durante cuatro de los siete años la inflación estuvo por debajo de la meta y algunos podrían pensar que convendría haber estimulado más a la economía para así lograr más empleo y crecimiento, pero la realidad es que fueron años de niveles extraordinarios de crecimiento, de los más altos de América Latina y un mayor estímulo podría haber chocado con los límites potenciales de crecimiento.

En nuestro país también se ha adoptado una meta de devaluación que aparece al final del año cuando el Ministerio de Hacienda presenta su presupuesto. La tasa de cambio influye extraordinariamente en el gasto público, ya que una proporción muy alta del mismo está representada por la amortización de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera y mientras más alta la devaluación, más pesos tendría que buscar Hacienda. Igualmente serían mayores las pérdidas del sector eléctrico que son asumidas por ese ministerio. Siempre debe de compararse la tasa proyectada de inflación con la tasa de devaluación, ya que la segunda no debe ser menor que la primera pues, repetimos, no serían competitivas las exportaciones.

Para el fin del 2019 la meta de devaluación del ministerio es de 53.10 pesos por dólar y actualmente está a 52.86, quedando todavía 42 días para terminar el año. Es improbable que se logre en esta ocasión esa meta de 53.10, más cuando ya existe un pequeño mercado paralelo que ha llegado a ese nivel.

El próximo año es uno de elecciones, cuando los gobiernos, para ganarlas, “desguañangan” la economía, a través de incrementos en el gasto. Lo reciente del asfalto es solo un ejemplo. Sin embargo, en el 2016, año electoral, tuvimos la inflación más baja en ocho años. Ojalá que se repita, aunque ahora, con las fuerzas de Leonel Fernández en el Congreso, que ya lograron parar un préstamo a todas luces conveniente, el del BID para la ciudad colonial, quién sabe si tratarán de impedir la emisión de bonos soberanos, lo que daría al traste con las metas de inflación y devaluación.