El funcionamiento de las instituciones en una economía de libre mercado son de vital importancia para lograr el crecimiento sostenido. Las instituciones son un conjunto de "reglas de juego" que limitan y norman la interacción de los individuos en todos sus actos. Algunos estudiosos de la operatividad de las reglas argumentan que uno de sus principales atributos consiste en que evitan las incertidumbres alrededor de la interacción de los individuos en un mercado, por ejemplo. Esas reglas (leyes) proporcionan una  estructura para el adecuado funcionamiento de la vida diaria (North, 1990).

Estas normas regulan y limitan las organizaciones que existen en la sociedad, tales como son las políticas (partidos políticos, congreso, agencias regulatorias), económicas (firmas, sindicatos), sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas) y educativas (escuelas, universidades y centros de instrucción vocacional).

Este conjunto de leyes que armoniza equitativamente la convivencia social promueve el desarrollo económico y social de las naciones, sobre todo si las organizaciones y las instituciones se coordinan y cooperan (Axelrod, 1984), a tal grado que minimiza la incertidumbre que normalmente genera la interacción social protagonizada por individuos con intereses diversos.

Valdría la pena preguntarse si el subdesarrollo dominicano se relaciona con el incumplimiento de los preceptos legales vigentes. Pocos estarán en desacuerdo de que el país está dotado de un cuerpo legal que norma casi todos los órdenes de la vida nacional y muchos estarán de acuerdo con que pocas de esas leyes se cumplen en el país.

En primer lugar, la Constitución de la República se viola con frecuencia. Hace poco la violaron los legisladores de la Cámara de diputados, hace unos años un ministro firmó un acuerdo de préstamo internacional sin que lo sancionara el Congreso de la República, pero había sido avalado por el ciudadano presidente.

También se viola la Ley de Hidrocarburos, la de contratación de obras del estado, la ley de transparencia, la de educación, la de los ayuntamientos y la de la Universidad del Estado.

Elegantemente se viola anualmente la Ley de Gastos Públicos cuando, mediante el sometimiento de un presupuesto complementario diluido en la Ley de Presupuesto 423-06,  se autoriza la transferencia de fondos a organizaciones públicas que ejecutan los proyectos de inversión de interés del Poder Ejecutivo o de los funcionarios sectoriales que las ejecutan.

De la misma manera, se viola la ley de tránsito, de  los derechos humanos consagrados en  acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario y  la ley de medioambiente se intentó violar con la aprobación de la cementera.

Hace poco que se le transfirieron al Gobierno y a las firmas privadas los fondos acumulados para cubrir los riesgos laborales de los trabajadores. Y como si todo esto fuera poco el presidente Fernández intenta violentar la recién aprobada Constitución de la República para re-elegirse por un tercer período consecutivo.

Resulta muy difícil encontrar racionalidad en esta madeja de incumplimientos a preceptos legales. Estos hechos afectan la forma de hacer negocios en el país. En efecto, la experiencia en cuanto a la inobservancia de las leyes nos impone la Ley de la Selva: predomina quien tenga la alta dirigencia social.

Recuerden que hace unos años el esposo de una embajadora acreditada en el país participó en eventos que reñían con la ley y su abogado, dominicano por cierto, le aconsejó que se fuera tranquilo que en este país estas cosas se olvidan rápidamente. Lamentablemente así fue!

Pienso, que en este escenario legal la competencia entre firmas recorre un desafortunado camino de inseguridad jurídica; que solamente se revierte mediante el financiamiento de candidatos presidenciales, olvidándose de las inversiones en investigación y desarrollo propio de los países de ingresos altos, ya que sus resultados son de muy largo plazo.

En fin de cuentas predomina la inmediatez en las decisiones de las firmas con el apoyo solidario del político de turno.  Por eso cabe esperar que el desarrollo económico sea el que diariamente leemos en la prensa o escuchamos en los programas patrocinados: avanzamos porque crecemos más que el promedio de América Latina, aunque este crecimiento haga felices a muy pocos dominicanos.