La cultura de incumplimiento de la ley es un tema que no es novedoso en nuestro país, pero no cabe dudas de que en algunas áreas la situación es mucho más crítica que en otras, como es el caso de las leyes que regulan la administración financiera del Estado.
En los últimos tiempos se ha trabajado intensamente en modernizar la legislación relacionada a la administración financiera del Estado y se han aprobado, además de las disposiciones incluidas en la nueva Constitución, una cantidad apreciable de leyes al respecto, entre las que podemos citar:
- La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06 del 17 de noviembre de 2006.
- La Ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, No. 126-01, del 27 de julio de 2001.
- La Ley sobre el Sistema de Administración Financiera del Estado, No. 5-07, de fecha 8 de enero de 2007.
- La Ley de Organización del Ministerio de Hacienda, No. 494-06, de fecha 27 de diciembre de 2006.
- Ley que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, No. 496- 06, del 28 de diciembre de 2006.
- La Ley de Planificación e Inversión Pública, No. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006.
- La Ley de Tesorería, No. 567-05, de fecha 30 de diciembre de 2005.
- La Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, No. 10-07, de fecha 8 de enero de 2007.
- La Ley de Crédito Público, No. 6-06, de fecha 20 de enero de 2006.
En este diseño se ha tomado muy en cuenta la interconexión que debe existir entre los diversos departamentos del Estado y por eso se ha creado el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), que reúne el Sistema de Presupuesto con los sistemas de Tesorería, Contabilidad y Crédito Público, en relación con otros sistemas conexos: Sistema de
Administración Tributaria; Compras y Contrataciones; Administración de Recursos Humanos; Administración de Bienes Nacionales; Control Interno; y Planificación e Inversión Pública.
Este andamiaje se encuentra finalmente sometido a un control interno, de parte de la Contraloría General de la República y a un control externo de parte de la Cámara de Cuentas, que debe suministrar al Congreso toda la información pertinente que le permita ejercer su labor de fiscalización.
Y a pesar de toda esta excelente labor de modernización de las normas de la administración financiera del Estado y de su control, la cultura del incumplimiento en esta área no ha variado para nada. Y algunos pesimistas podrían señalar que por el contrario, ha empeorado.
Realmente no se puede ser optimista luego de las violaciones a todas estas leyes que permitieron la generación del déficit en que incurrió el gobierno en el año 2012. Tampoco cuando ya existen denuncias de prácticas violatorias por el actual gobierno.
Con respecto al déficit del año 2012 se comenta que el déficit no llegó a ser de la magnitud que se anunciaba, rondando los 200 mil millones de pesos. Aunque esto es cierto, es importante resaltar que fue el gobierno que señaló en octubre pasado que el déficit se proyectaba en un 8% del PIB, que representa cerca de 187 mil millones de pesos, y luego el FMI, que indicó que sería de 8.5% del PIB, un poco menos de 200 mil millones de pesos.
La Cámara de Cuentas ha informado que el déficit será de alrededor de 125 mil millones de pesos, pero se trata solo del déficit del gobierno central, por lo que cuando se sume el déficit de las entidades descentralizadas y el Banco Central, veremos dónde llega a parar, aunque entendemos que superará los 150 mil millones de pesos. Esta cifra representa el mayor déficit fiscal en toda la historia de la República Dominicana desde que se llevan registros y es el resultado precisamente de esa cultura del incumplimiento.
El nuevo gobierno se atrasó de manera significativa en la publicación de la ejecución presupuestaria y algunos datos ya publicados parecen advertir que no vamos por buen camino. Confiemos en que las buenas intenciones del presidente y de un grupo cercano de sus colaboradores corten temprano esta dirección.