La Ley No. 5994 que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en su artículo 7, refiriéndose a las condiciones del director ejecutivo de la referida institución establece lo siguiente: “el Director Ejecutivo, cuya remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo, será el representante legal y órgano ejecutivo del Consejo de Administración y deberá ser ingeniero civil con grado de especialización en ingeniería sanitaria”.  A pesar de estos requisitos, el pasado mes de agosto, el presidente de la República nombró Director Ejecutivo del INAPA al señor Wellington Arnaud, quien es abogado de profesión, por ende, no cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo asignado por el presidente.

Tras lo anterior, la Cámara de Diputados inició a trabajar en la modificación de la referida ley con el objeto principal de modificar el artículo 7 de la misma para que el nuevo Director Ejecutivo no tenga ningún impedimento para ocupar la posición. Luego de aprobada la modificación en la Cámara de Diputados, el pasado 16 de febrero la modificación de la ley fue declarada de urgencia en el Senado de la República y aprobada su modificación en dos lecturas consecutivas. No obstante, el proyecto de ley tendrá que volver a la Cámara de Diputados ya que el Senado hizo ciertas modificaciones a lo aprobado por la cámara baja. Con la modificación aprobada por nuestro Congreso el artículo 7 en lo adelante establecerá: “el director ejecutivo será el representante legal y órgano ejecutivo del consejo de administración y será un profesional de reconocida capacidad”.

Con lo anterior ha quedado demostrado que nuestro Congreso Nacional una vez más sirve como sastre perfecto del traje a la medida solicitado por el Poder Ejecutivo. De nuestra parte, no dudamos que el señor Wellington Arnaud sea un profesional de reconocida capacidad, sin embargo, la posición que ocupa exige una preparación técnica que la profesión de abogado, lamentablemente, no se la ofrece. Por demás, no es posible que en nuestro país nos embarquemos en un proceso de modificación de una ley para favorecer a una persona en específico. Estos son los hechos que indignan a nuestra sociedad que durante años exigió la eliminación del matrimonio infantil, la promulgación de un nuevo Código Penal, así como otras piezas legislativas que son esenciales para nuestra nación, pero, que pasan los años y no son aprobadas.

El presidente de la República y todo su partido previo a su llegada al poder nos prometieron un cambio, siendo este su slogan de compaña, que a su vez se convirtió en grito de guerra de gran parte de los dominicanos. Desde el pasado mes de agosto está en sus manos demostrar que esa promesa de cambio es una realidad. Cuestiones como las planteadas en esta columna son las que nos demuestran que pudieran tener muy buenas intenciones de hacer las cosas diferentes, pero, en la práctica aún les cuesta concretizarlo.

Es lamentable, pero, uno de los males que a mi entender más nos afecta como sociedad y es responsable del porque cometemos los mismos errores una y otra vez es la falta de memoria que tenemos como país. Nos subimos en la ola del momento, en el tema que crea la tendencia en los medios de comunicación, mientras nos olvidamos de muchos otros temas que ya no generan likes ni seguidores, pero, que, nos siguen afectando y nos van mostrando poco a poco la verdadera cara de quienes elegimos para dirigir los destinos de nuestro país.

No pongo en duda las buenas intenciones que pudiera tener el actual gobierno, sin embargo, les hago un llamado de atención, pues si bien hasta ahora gozan de una alta tasa de popularidad, esto no es eterno y tampoco fortuito. Desde el momento en que empiecen alejarse del accionar que prometieron en su discurso de campaña, empezará a llegar el rechazo. Aún tienen la oportunidad y la capacidad de marcar un rumbo diferente en nuestra historia. Para esto deben respetar la institucionalidad de nuestro país, deben ignorar cualquier sentimiento de omnipotencia que pueda afectarles, para no caer en el error histórico de nuestros pasados gobiernos. De lo contrario, el tiempo, les pasará factura.