Las causas de la pobreza dominicana, de la frágil institucionalidad, del desorden generalizado que exhibe el país y de la reducida movilidad social de sus habitantes, no están relacionadas solo con la ausencia de recursos económicos y, obviamente, tampoco con la falta de crecimiento de la economía.  Más bien se deben al poco compromiso con el progreso colectivo por parte de las élites políticas y empresariales durante las últimas décadas, sobre todo a  partir de la apertura del ciclo democrático del año 1978.

Cuando hablamos de élites nos referimos a aquellas minorías selectas que han llegado a una posición de liderar o dirigir en el ámbito político, empresarial o social, a colectivos e incluso a toda una sociedad.

Para Pareto las élites están compuestas por aquellos miembros de un conglomerado que manifiestan actitudes y cualidades excepcionales. A su juicio están integradas por miembros "superiores" de una sociedad, cuyas cualidades los prestigian y diferencian de los demás.

Para Gaetano Mosca las élites están compuestas por una minoría en el poder.  Esta minoría es la clase dirigente o dominante y  detenta el poder en contraposición a las "masas".

Como quiera que se asimilen estas dos visiones, ya sea como minoría de clase dominante en el poder o como miembros "superiores" de una colectividad, las élites a través de la historia siempre han guiado a los pueblos.

La democracia moderna se ejerce por representación. Ante la imposibilidad de que toda la población sea directamente parte del poder, los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática delegan este poder en una minoría, escogida en procesos eleccionarios.  La idea en principio fue escoger o seleccionar a lo mejor de un grupo, la élite, para que por sus cualidades "superiores" pudieran liderar, representar y defender, con todas sus capacidades, los derechos, intereses y aspiraciones del conjunto de la sociedad que le ha otorgado el mandato. En ese sentido, la lógica de las élites políticas debe ser, desde el poder político, cumplir con fidelidad un mandato de representación efectivo que le ha sido otorgado.

En cambio, la lógica de las élites económicas es maximizar recursos mediante transacciones y negocios lícitos. Es decir, desarrollar empresas, crear riquezas y empleos,  satisfacer necesidades y anhelos de la población, y contribuir a impulsar el crecimiento y el desarrollo de un  país.    

Hasta ahí todo estaría bien en una sociedad de economía de mercado y donde el marco institucional funcione. Sin embargo, en nuestro país ha habido históricamente todo un entramado de confabulaciones entre un reducido sector de las elites empresariales y segmentos de las élites políticas en el poder, para maximizar intereses particulares por vías "non sanctae".

Estas confabulaciones perversas han hecho que las líneas divisorias entre los negocios e intereses privados de algunos sectores empresariales, y los intereses particulares de algunos miembros de las élites políticas en el poder, se vuelvan cada vez más delgadas y difusas, al dedicarse estas últimas, a una vertiginosa y vergonzosa acumulación de capital, al "facilitar" mediante privilegios los negocios de ciertos sectores de las élites económicas. Estas "facilidades" a través de sobrevaluaciones de obras y servicios para poder pagar "coimas” van en detrimento del patrimonio público.

Por su parte, este reducido sector de la élite empresarial prostituye a través de estas prácticas las funciones del gobierno y del Estado, y ejerce posiciones dominantes respecto a otros sectores empresariales. 

Con estas conductas, ambos sectores de las élites llegan a conformar una asociación de malhechores para estafar al Estado y a la sociedad.  El caso actual de Odebrecht es un ejemplo bastante paradigmático de lo que acabamos de afirmar.

La indiferencia, la traición y la falta de compromiso y responsabilidad de una parte de las élites con la sociedad, constituyen las razones básicas por las cuales la República Dominicana, a pesar de su constante crecimiento económico, ha permanecido en un círculo vicioso sin poder resolver problemas básicos de la población, disminuir la pobreza y las desigualdades sociales, y avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.

Este momento de crisis que vive el país, de desorden institucional generalizado, que amenaza la cohesión social y hace peligrar los pocos avances democráticos que hemos logrado con grandes esfuerzos, es la oportunidad perfecta que nos debe encausar a un gran pacto social entre el liderazgo político, empresarial responsable y honesto, y una ciudadanía empoderada, con el firme propósito de avanzar juntos y realizar las urgentes transformaciones que necesita nuestro país.