Todos tenemos la obligación de colaborar en cuanto sea necesario para garantizar la feliz realización de las elecciones y el conteo subsiguiente de los votos emitidos en esa jornada cívica. Esa cuota individual de responsabilidad ciudadana ayudaría a preservar la paz y la continuidad de la estabilidad bajo la cual vivimos, a pesar de nuestras viejas debilidades institucionales.
La JCE ha aceptado el reclamo opositor de que la contabilidad del sufragio se haga también manual en adición al uso por primera vez de máquinas electrónicas, en una de las tres boletas, la presidencial. La demanda se extiende también a las boletas con las que los electores escogerán a los miembros del Congreso y a las autoridades municipales, alrededores de 4,100 posiciones electivas, todas en un mismo día. Los partidos opositores han advertido que impugnarán los resultados si no se atiende el pedido, alegando que la JCE violaría disposiciones legales, lo que prestigiosos abogados han rechazado como errónea interpretación de la ley electoral.
Independientemente de quien tenga la razón y dónde comienza y termina la autoridad del organismo electoral, lo cierto es que todo esto puede enrarecer el panorama electoral en el tramo final de la campaña y poner al país en una delicada situación, a pesar de que las encuestas han venido sosteniendo la creciente ventaja en la intención del voto del presidente Danilo Medina, quien aspira a un segundo mandato, sin la posibilidad de una segunda vuelta. Para muchos actores del drama político nacional, las elecciones representan la oportunidad de un salto social, a través de una victoria política. Para la nación, en cambio, es un nuevo tránsito hacia el fortalecimiento del sistema democrático y del poder del voto; una vía para mejorar las condiciones del pueblo dominicano y hacer del respeto a los derechos ciudadanos una norma del quehacer político partidista.