El informe sobre la situación de Derechos Humanos en la República Dominicana rendido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el año 2014 detalla la grave problemática de las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país y específicamente arroja el dato de que los nefastos intercambios de disparos cegaron la vida de 200 personas este año de los cuales el 70% de los casos se trato de ejecuciones mientras la persona ya se encontraba detenida, esposada o inclusive pidiendo clemencia, todo esto ante la mirada indiferente de las autoridades y sobre todo de gran parte de la sociedad.
Desde hace varios años esta práctica inconstitucional, ilegal y sobre todo inhumana es llevada a cabo por los cuerpos de seguridad de nuestro país, llegando a existir patrullas especializadas para estos fines llamadas en las calles “escuadrones de la muerte” cuya labor es “limpiar” o “sacar de medio” a personas señaladas como delincuentes.
A medida que la delincuencia ha ido incrementándose producto de múltiples factores que no pretendemos discutir en este artículo pero en el que se destaca la falta de políticas preventivas por parte del Estado, estos métodos son cada vez mas apoyados por personas que los justifican como una necesidad para la seguridad ciudadana y como única solución ante la descomposición del sistema judicial dominicano. Así diariamente desde medios de comunicación se exige la mano dura de las fuerzas del orden, se aplauden las ejecuciones en supuestos intercambios de disparos sin que se exija una investigación sobre la forma en que sucedieron y si en realidad se trato de un enfrentamiento donde los agentes de seguridad no les quedo otra opción. Algunos llegan al extremo de pedir a otro Rafael Leónidas Trujillo como solución a la ola delincuencial que nos aqueja en referencia al supuesto orden imperante en la dictadura.
Estamos de acuerdo en que nuestro sistema judicial, en cuanto al aspecto penal que nos ocupa, adolece de múltiples fallas que producen reenvíos excesivos, medidas de coerción inadecuadas y otras tantas situaciones que permiten la liberación de una persona que comete un crimen antes de ser condenado o de cumplir la totalidad de la pena impuesta. Hemos vivido como la mayoría de los dominicanos, la indignación de no obtener en los tribunales condena justa y merecida ante un delito que a todas luces debió ser castigado y que muchas veces provoca el dolor de toda la sociedad dominicana haciendo que desaparezca la confianza en la justicia dominicana. Sin embargo la solución no está en las ejecuciones extrajudiciales, nada las justifica, a pesar de que la impotencia nos conduzca a desear una solución donde el imputado sufra las mismas consecuencias, dolor o daños que cause a una víctima, este no es el camino. Con cada ejecución de este tipo pierde el sistema de derecho de nuestro país, se debilita pudiendo llegar a sucumbir ante la barbarie y la violación a los derechos humanos.
El camino a tomar es el de la institucionalidad, el de exigir como ciudadanos un mejor sistema judicial, con mayor capacitación para los funcionarios judiciales y más recursos económicos para poder desempeñar las funciones para las cuales está diseñado el sistema judicial, el de la lucha contra la corrupción que también permea la justicia, así como el de exigir al Estado que además de velar por la parte punitiva del sistema haga esfuerzos específicos y contundentes en la parte preventiva, a través de la educación y mayor oportunidad de desarrollo para los dominicanos. Es el camino más difícil pero a la larga es el camino correcto.