Difundir públicamente informaciones u opiniones es un derecho humano, protegido por la Constitución, que no tiene otros límites que el derecho al honor y buen nombre del afectado y el derecho del público a recibir información veraz.
Cuando se realiza una denuncia pública, es decir difundida a través de los medios de comunicación, puede afectarse a la colectividad positiva o negativamente; de ahí que,la denuncia responsable no debe traspasar los límites de la verdad y debe considerar el daño o perjuicio que puede causar.
Recientemente,el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), a través de su directora ejecutiva, la licenciada Altagracia Paulino, ha denunciado insalubridad en el salami, azúcar y arroz, y obviamente esas denuncias han afectado las ventas de las empresas privadas que producen o importan esos productos.
Nunca podrá el ejercicio de un derecho dejar indemne al otro. El interés superior de la colectividad está por encima del interés particular. La gente tiene derecho a conocer lo que consume. Proconsumidor ha sido responsable y ha actuado de buena fe en sus denuncias para defender el derecho de los consumidores.