La República Dominicana es un país de tantas carencias que uno no sabe por dónde comenzar para enumerarlas.

Hay mucha gente que no tiene  dudas de que el PLD retendrá el Poder, pues son demasiados los mecanismos de que dispone para imponerse,  aparte del apoyo popular que tiene, que no es solo suyo, sino principalmente del presidente Leonel Fernández. Es una lástima, una aberración, que gozando de tales privilegios el gobierno del PLD no haya actuado contra los ladrones que se cobijan bajo su bandera morada, salpicando de estiércol podrido la memoria de su fundador, Juan Bosch.

Sin embargo,  si los mecanismos del PLD fallan y su principal adversario gana las elecciones previstas para el 20 de mayo próximo, a nadie se le ocurra decir que fueron fraudulentas o que el pueblo se equivocó. No hay que olvidar que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y esa voluntad hay que respetarla.

El gobierno que surja de las urnas este 20 de mayo tendrá que afrontar grandes retos, como son el combate al narcotráfico, la delincuencia común y la de cuello blanco, que es la peor, pues quienes la practican no son simples rateros, sino gente influyente con vinculaciones que van más allá de lo que uno se imagina.

Es muy fácil para un candidato presidencial  proclamar que “en mi gobierno combatiremos la delincuencia hasta erradicarla”. En ninguna parte del mundo la delincuencia ha sido erradicada, sino controlada. En el único lugar donde no existe la delincuencia es el Principado de Mónaco, que es el segundo Estado más pequeño del mundo después de El Vaticano, con sólo dos kilómetros cuadrados de superficie, con la densidad de población más alta del planeta con 16.500 habitantes por kilómetro cuadrado para una población total de 33.000 habitantes.

Es el único país del mundo con una tasa de desempleo del 0%, no tiene ejército y la delincuencia no existe, con una  esperanza de vida más alta del mundo: 89,73 años. Y  sólo  un 12,3% de su población menor de 14 años. Mónaco no tiene partidos políticos y su crecimiento económico es del 10% anual. Naturalmente, gracias los casinos de juego.

No es que se aspire a tanto, porque se trata de otra cultura. Los dominicanos formamos parte de un pueblo levantisco, cuyos ciudadanos somos violentos por naturaleza, aunque los teóricos lo nieguen, diciendo que somos pacíficos.

Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país quisiéramos tener un gobierno que sea respetuoso de los derechos de todos; que conceda prioridad a la educación, no para crear más burocracia, sino para fomentar su calidad, comenzando por sacar de la nómina a profesores que no saben responder una pregunta sobre historia, por ejemplo, hecha por un periodista empírico que apenas llegó al octavo grado “de antes”, cuando había educadores, no profesores.

Necesitamos un gobierno que resuelva el problema de la vivienda, con la construcción de casas modestas, accesibles a los menos pudientes, aunque luego se hagan los apartamentos más sofisticados, cobrándoselos a quienes puedan adquirirlos, no regalándoselos para lograr adherencias políticas.

No creo, como prometen los dos principales candidatos, que van a construir de golpe y porrazo 500.000 viviendas. Eso solo sería posible si se contara con tierras del Estado, la mayoría de las cuales son del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero que están en manos de particulares, vale decir, generales, ex generales y políticos de toda laya.

Habría que tener el suficiente material colgante necesario para recuperar esas tierras, aunque el Presidente que lo haga corra el riesgo de ser derrocado por los intereses envueltos, en razón de que partes de dichas tierras también han sido destinadas a alojar instalaciones empresariales de alto valor.

El 6 de julio de 2002, cuando era Presidente,  Hipólito Mejía instruyó al entonces secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez, y al Jefe de la Policía, mayor general Jaime Marte Martínez, para que ofrecieran el apoyo necesario al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), a fin de que esa institución recuperara los terrenos del Estado en manos de particulares.  Mejía dijo que con los terrenos del Estado no debe haber privilegios y advirtió a los ocupantes de tierras del CEA a pagar por ella a los precios actuales o devolverlas al Estado.

“Esto es igual para todos, todo el mundo debe pagar, al precio actual, porque los intereses del Estado no pueden estar a merced de nadie, el que quiera tierra que la pague o la entregue”, advirtió.

Pero la gran pregunta es ¿se recuperaron las tierras? No juegues, Magino, que no soporto la risa.

 

En la Era de Trujillo, el CEA empleaba alrededor de 40.000 obreros y trabajadores en sus doce ingenios en pleno funcionamiento, cuando había un trabajo casi forzado y el azúcar tenía buenos precios. Solamente camiones Mack tenía alrededor de 350, ninguno de los cuales queda. Hoy día, el CEA apenas cuenta solamente con empleados administrativos y, de doce que tenía, nada más quedan dos que más o menos funcionan.

Los habitantes de los casi 200 bateyes del CEA, sin más habilidades que las de vivir en las actividades de la zafra, se encuentran prácticamente en la indigencia, sin esperanzas de conseguir un trabajo apropiado para subsistir. La delincuencia y  la prostitución de hombres y  mujeres se han incrementado.

Proliferan las “barras”, las “discotecas” y las bancas de apuestas, a donde va a parar el escaso salario de los chiriperos. En algunos lugares  de esos asentamientos marginados existen los estratégicos puntos de venta de drogas, visibles para todos, pero nadie se atreve a denunciarlos para no verse en problemas.

Sentados al sol en destartaladas sillas o mecedoras, como quien mira el porvenir incierto, los más viejos recuerdan con nostalgia los buenos tiempos, cuando los bateyes se animaban durante los pagos de cada zafra. El dinero corría y se armaban fiestas fenomenales, hasta que se volvía a la faena agotadora, solo sosegada durante el llamado “tiempo muerto”, es decir después que terminaba la zafra.

Cuando cayó la dictadura en 1961, el CEA tenía poco más de cuatro millones de tareas de tierras en todas las zonas correspondientes a sus ingenios.

Comenzó una etapa de invasiones y verdadero pillaje que arrasó con tierras, equipos y ganado. En el período transcurrido entre 1961 y 2003, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) recibió más de un millón de tareas de tierras para una Reforma Agraria permanentemente cuestionada. Hoy día, el 80 o el 90 por ciento de esas tierras se encuentran en otras manos, no precisamente en las de  los campesinos que originalmente las recibieron, quienes las vendieron a precio de vaca muerta porque pocas veces fueron apoyados con asistencia técnica o créditos oportunos.

Invasores con influencias políticas y militares en diferentes gobiernos se las agenciaron para conseguir títulos como si fuesen dueños legítimos de las tierras no repartidas, cuando en realidad fueron concesiones graciosas, afincadas en favores políticos y dinero. Una verdadera zafra, pero no de caña sino de apropiaciones ilegales.

Hoy día la cantidad de tierras del CEA apenas es calculada en menos de 900 mil tareas (3.000 de ellas de potreros improductivos) pues las restantes fueron paulatinamente ocupadas por generales activos y retirados, políticos vinculados a los gobiernos, y gentes pobres que levantaron sus ranchos en los alrededores de los ingenios, fomentando comunidades carentes de servicios esenciales.

En la administración del presidente Hipólito Mejía, las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas recibieron en donación más de 3.5 millones de metros cuadrados en la zona de Palmarejo, con el anuncio de que allí construirán viviendas para militares. Los ayuntamientos de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste también recibieron su “ración de arepa”, al serles donadas 87.000 y 84.000 metros cuadrados para sendos nuevos recintos carcelarios, uno en San Luís y otro en Palavé, que según un anuncio oficial serían construidos por la procuraduría general de la República. Uno se pregunta ¿donde están esos recintos?

En otra transferencia durante el gobierno de Mejía, el CEA entregó 188 mil 520 metros cuadrados de terrenos valorados en 23 millones 690 mil pesos a los síndicos de los cuatro municipios de la provincia Santo Domingo para que ejecuten obras de interés comunitario.

La síndicos Francisco Peña, del ayuntamiento Santo Domingo Oeste; Domingo Batista, del Santo Domingo Este; Daniel Carvajal Lois, de Santo Domingo Norte, y Daniel Ozuna, del Ayuntamiento de Boca Chica, recibieron la documentación de los terrenos.

El municipio Santo Domingo Oeste recibió 65 mil metros cuadrados, 30 mil de los cuales están ubicados en el batey Yacó, donde será construida la base de operaciones de equipos y transporte de esa entidad. Otros 25 mil metros están en el batey Buenas Noches, en Hato Nuevo, que serian usados en la construcción del cementerio municipal y los 10 mil metros restantes en el batey Bienvenido se edificaría un local.

El Cabildo de Santo Domingo Este recibió 69 mil 446.41 metros cuadrados, ubicados en Guerra, supuestamente para ser utilizados para la construcción de viviendas para familias de escasos recursos, así como para la edificación de taller de equipo y transporte.

El Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Norte recibió 20 mil 56.45 metros cuadrados, de los cuales 10 mil 56.45 se destinarían a la construcción de un local de la dirección de equipo y transporte y siete mil para un parque de recreación en la explanada frontal de Guanuma.

Esa es la forma legal de repartir tierras del Estado, pues la otra no guarda ningún tipo de apariencias. En cada campaña electoral, avivatos de los diferentes partidos políticos levantan casuchas con banderolas y fotos de sus respectivos líderes en alguna parcela del CEA, lo que basta para ocuparlas luego. Esa práctica se ha mantenido hasta hoy.

 

Esas irregularidades se mantienen e irritan, principalmente a los jóvenes que desean que la situación mejore, para tener mayores oportunidades de progreso. Existe un inútil Ministerio de la Juventud que apenas se ocupa de otorgar reconocimientos y tramitar becas concedidas por gobiernos amigos, con un afán de figureo que parte el alma.

¿Sirve para algo la famosa Comisión de Ética o el Departamento de Prevención  de la Corrupción, el no menos famoso DEPRECO, que siempre achaca a la Justicia no haber actuado contra los escasos expedientes que ha sometido y que  involucran a sospechosos de corrupción?

Hace falta un Ministerio de Medio Ambiente que realmente actúe contra los influyentes que contaminan, especialmente nuestros ríos, lagos, arroyos, manantiales, humedales y escorrentías, no solamente metiéndole mano a los más chiquitos, que lo hacen por ignorancia.

Sí, hay que estimular la agricultura, pero no financiando a agricultores mala paga que no siembran ni hacen otra cosa positiva con los dineros que les presta el Banco Agrícola, que cada año, sobre todo en campaña electoral, les condona deudas millonarias simplemente por razones políticas. Eso hay que decirlo, sin demagogia, pues en la República Dominicana la gente se ha mal acostumbrado a escuchar solamente lo que le conviene, irritándose cuando le dicen la verdad.

Hace falta aplicar la Ley sin favoritismos, porque la mañosa práctica de tapar o proteger los delitos cometidos por “ciudadanos de alcurnia” le hace un daño terrible a la Justicia que aspiramos todos. No es posible que se mande a la cárcel de La Victoria, quién sabe Dios por cuanto tiempo, a un infeliz que por hambre se roba un pollo, mientras  quien le roba millones de pesos al Estado Dominicano es catapultado como un hombre progresista, llamándosele impropiamente “don fulano”, cuando debería ser mencionado como “un gran ladrón”.

Hace falta un gobierno que le imponga reglas claras a los carteles del transporte, que obligan a los empresarios a usar sus patanas y camiones para sacar mercancías de los muelles, cuando dichos hombres de negocios tienen sus propios vehículos de carga. Son los mismos que chantajean a los gobiernos con paros y obstaculizaciones del tránsito cuando alguna autoridad les recrimina por violar la Ley. Son los mismos cuyos dirigentes sacan ventajas de eso, con prebendas y otros tipos de canonjías.  Pero también debería obligar  a los empresarios a  vender las mercancías que sacan de los muelles  a precios justos, no sobrevaluados, cuando muchísimos de ellos gozan de múltiples privilegios, incluyendo las exoneraciones.

¿Cómo es posible, en esa misma onda, que a peloteros de grandes ligas que ganan millones les sean exonerados de impuestos a los autos lujosos que traen al país? Eso ocurre, sencillamente, por la funesta demagogia, cuya retribución es la que permite a cualquier Presidente de la República salir en una foto con los beisbolistas beneficiados. ¡Gran cosa!

No voy a continuar porque estoy cogiendo la cuerda, y eso no es bueno a la hora de escribir. Pero sí quiero concluir que debemos tratar de lograr un mejor país, pero para todos, para continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho, algo que falta por ver.