Siempre ha sido una práctica tanto de este y de otros gobiernos, la creación de comisiones conformadas tanto de funcionarios como de ciudadanos notables para investigar hechos lamentables que han afectado la ciudadanía.
Sin embargo, intenciones aparte, creo y estoy convencido que las mismas sustituyen o derogan el rol convencional y legal que tiene el ministerio público, que es el actor principal dentro de nuestro ordenamiento jurídico para la persecución de hechos punibles.
Las comisiones investidas con un decreto presidencial investigan, entrevistan, documentan y recomiendan al Poder Ejecutivo ejercer la acción pública en un caso determinado, funciones naturales del ministerio público.
Recientemente se creó una comisión para la investigación del caso Odebrecht, la cual fue atacada públicamente la cual sigue trabajando y se esperan sus resultados. Ha hecho una serie de entrevistas cuyo contenido no se ha dado a conocer por el momento.
Por otro lado, el Procurador General de la República está en la fase investigativa. Quiso que se aprobara un acuerdo con Odebrecht pero fue rechazado por un juez, decisión que apoyamos entre otras razones porque no se puede "pre acordar" la no persecución de un delito de una empresa que ha admitido la comisión de hechos punibles, sin existir un proceso judicial abierto.
Lo que observamos es que lo ideal sería que el ministerio público asuma su rol, y dejar la práctica gubernamental de crear comisiones para la investigación de situaciones que han captado el interés general de la nación.
Otra comisión creada para un hecho de sangre que consternó la nación fue la designada para investigar lo ocurrido en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que produjo la muerte de tres personas. Ya dicha comisión estableció lo que pasó, y las circunstancias que roderon la tragedia.
Ya se tomaron algunas medidas. El director del CEA fue sustituido y ya se da por cierto que ya el "hecho ha sido investigado". Ahora bien, muchos se preguntarán si la comisión hizo una investigación completa.
En ese caso hizo falta una investigación exhaustiva del ministerio público para definir y precisar el tipo penal sancionable para ese delito y hacer sometimientos a la justicia.
Las comisiones gubernamentales en la mayoría de los casos, suplantan o sustituyen la labor del ministerio público. Es una forma política de mucha habilidad para controlar desde el Poder Ejecutivo determinados procesos.
Esta práctica la consideramos inconstitucional aunque constituya en ocasiones una salida a determinadas crisis que han afectado a la sociedad dominicana. Este planteamiento digno de estudio, merece reflexión. Así esperamos.