En todos los gobiernos se encienden muchas alertas y alarmas sobre la comisión de actos de corrupción administrativa que muchas veces, por permisividad, complicidad o conveniencia política, se pasan por alto, pues los autores no son investigados, suspendidos ni sometidos, a pesar del rumor público y de estos exhibir públicamente los bienes distraídos constituyendo una especie de “laissez faire”, esto es, dejar hacer, dejar pasar.
Hacemos estos señalamientos por los distintos actos de corrupción descubiertos recientemente, entre ellos el de la “Operación Coral” 5G, en la que están involucrados varios oficiales de altos rangos de los distintos organismos de la seguridad del Estado, los cuales acumularon grandes bienes y fortunas, sin que sus superiores, aun conociendo su salario, pudieron observarlo.
Otra alerta de corrupción, que ya es una antigua rutina, fue la detención del nacional haitiano Erwin Pierre Louis con 92 pasaportes de ese país y 11 mil dólares, los cuales serían visados en el consulado dominicano de Juana Méndez, cuyo consulado otorga unas 80 visas diarias, a un costo de 200 dólares. Por este hecho fue desvinculado José Valenzuela Arias, cónsul de esa localidad.
A estas acciones corruptas se debe la gran cantidad de nacionales haitianos y mujeres embarazadas que diariamente emigran hacia nuestro país. Fueron visados más de 90 mil estudiantes universitarios, pero en nuestras universidades solo aparecen matriculados unos 9 mil. Todo ese dinero, al igual que el de los demás consulados, va a parar a los bolsillos de los cónsules designados, no a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Este hecho viola la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el gobierno no debe contribuir con dicha violación.
A los cónsules ubicados en Haití hay que prestarles mucha atención, pues se manejan con muchas irregularidades, pues lo único que les interesa es vender visados, sin escrúpulos ni pudor, sin importarles el daño y los graves problemas sociales que les provocan al país: insalubridad, desempleo, atenciones a embarazadas, inseguridad, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.
Señor presidente Luis Abinader. Los problemas de corrupción de los consulados no se resuelven cancelando cónsules; es transparentando los ingresos provenientes de los visados, los cuales no llegan a las arcas del Estado dominicano.
Cuando nos correspondió formar parte del pleno de la Cámara de Cuentas de la República solicitamos muchas veces y publicamos varios artículos para que se estableciera este control, tal como se hace para la obtención y renovación de un pasaporte, para las licencias de conducir, de armas de fuego y de los pagos a la Dirección General de Impuestos Internos, mediante la adquisición de un comprobante en el Banco de Reservas.
El Estado Dominicano está dejando de percibir anualmente miles de millones de pesos por falta de transparentar esos y otros recursos, necesarios para poder enfrentar la demanda de obras y servicios, la deuda social acumulada, la cual venimos arrastrando desde tiempos inmemorables y la deuda pública consolidada, que ya sobrepasa el 70 % del PIB.
Aunque la Reforma Fiscal fue dejada sin efecto, urge corregir las distorsiones existentes en nuestro sistema tributario. Para esto solo se requiere de voluntad política. Desde que los cónsules sean designados por un sueldo, muy pocos aspirarán a esa posición. Sería un gran aporte a la lucha mundial contra la corrupción. Que así sea.