Como probablemente han escuchado, básicamente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son las administradoras del ahorro mínimo obligatorio por ley del salario para el retiro cuando termine la vida laboral de una persona, es decir, de las pensiones. En República Dominicana, estos fondos de pensiones funcionan bajo un sistema de Capitalización Individual donde el pensionista recibe lo que aportó durante su vida laboral, más los intereses que las AFP generaron con el aporte obligatorio. Por suerte, las AFP en nuestro país no funcionan bajo el insostenible Sistema de Reparto, en el cual los trabajadores activos jóvenes financian las pensiones de los trabajadores retirados. Este sistema de pensiones, por carácter distributivo, por cambios demográficos y por cambios en la expectativa de vida de las personas, suele quebrar teniendo que ser rescatados por los contribuyentes, lo que conlleva a más gasto público, más impuestos, más deuda o emisión monetaria.
Ahora bien, este buen sistema base de la Capitalización Individual, que es anti-quiebra y multiplicador de los ahorros, en nuestro país está a la vez mal regulado y sobre-regulado. La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y en ocasiones el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) eligen cuales empresas pueden entrar al mercado como AFP y cuales no, lo cual limita la competencia que reduciría sus altas comisiones, y también controlan dónde pueden invertir los fondos y dónde no, dirigiendo la mayoría de las inversiones al Estado, incrementando nuestra propia deuda como contribuyentes a través de los bonos del Estado y no autorizando inversiones internacionales que suelen ser más rentables a favor de los pensionistas. Estas organizaciones estatales también dirigen la mayoría de estas inversiones de las pensiones al Estado incrementando nuestra propia deuda como contribuyentes con los bonos del Estado y regulan las comisiones de las AFP, transmitiendo por ley un alto porcentaje que como información de precio que encarece las comisiones estableciendo un punto de partida alto de forma no competitiva (aunque sea en forma de límite) del cual parten las AFP, en lugar de no establecer tasas de comisiones que permitiría una libre competencia real en beneficio de todos los pensionistas. Ahora, ustedes decidan quién es el Villano y quién es el cómplice convenientemente forzado: las AFP o el Estado.
Sin dudas, el sistema se debe liberalizar urgentemente. Como consecuencia de estas prácticas, actualmente en República Dominicana los fondos de pensiones no están en dinero líquido. Están invertidos en instrumentos financieros y bonos, también llamados títulos de deuda que básicamente pagan interés al inversionista por prestarles. Cerca del 77% de los fondos están invertidos en bonos del Estado, lo cual es una aberración maquiavélica porque nuestros propios ahorros y pensiones se utilizan para endeudarnos como país y como contribuyentes, en lugar de ser invertidos en instrumentos del sector privado nacional e internacional. Esto último no ocurre porque la ley limita la inversión de los fondos de las AFP de forma negativa en este aspecto y, en la práctica, la todopoderosa SIPEN guía con toda su fuerza a las AFP a financiar el sector público. Se trata de una sobrerregulación dañina en la cual se utilizan nuestros aportes para aumentar nuestro propio endeudamiento caro, a altos intereses, y destructivo que, a la vez, se traduce en menos capacidad de pago por parte del Estado, más desconfianza en el peso y una caída del peso frente al dólar.
Por estas y otras razones, es crucial analizar cómo se realizaría la devolución del 25% (RD$158MM) o del 30% ($190MM) de los fondos de pensiones ante la difícil situación que enfrentan las personas a causa del COVID-19. Evaluemos las opciones:
Emisión Monetaria
Una de las posibles opciones es imprimiendo papelitos. Si se retiran los fondos de las AFP a través de una emisión monetaria, o impresión de papel moneda, ante la caída actual de la demanda del peso (ya que las personas prefieren tener otra divisas, como el dólar) y con la base monetaria actual (la cantidad de todo el papel moneda que está circulando actualmente en el país), la inflación sería fuerte ya que estaríamos aumentando nuestra base monetaria (u oferta monetaria) drásticamente al mismo tiempo que la demanda monetaria del peso cae. Esto crearía una más fuerte caída del peso frente al dólar y frente a todos los servicios y productos, es decir, incrementaría los precios tanto del dólar como de los productos y servicios frente al peso dominicano, afectando primero a los activos financieros y el dólar, luego a los mayoristas, después a los minoristas y finalmente al consumidor final. Es decir, estallaría una bomba, quizás nuclear, dentro de la economía dominicana.
Endeudamiento
La otra opción es mediante aún más endeudamiento público. Antes de la crisis, el Estado destinaba un 24% del total que se recauda de nuestros impuestos a los pagos de intereses de la deuda pública. Si se retiran los fondos de las AFP a través de más endeudamiento público, con el nuevo altísimo porcentaje que se destinará de las recaudaciones a los pagos de intereses de la deuda (que antes de la crisis era un alto 24%, sin hablar del capital de la deuda, del gasto público en salud, en educación, entre otros) donde ahora con las caídas de las recaudaciones por la cuarentena del coronavirus será muy difícil cumplir con estos altos intereses, resultando en que podríamos ir camino de un incumplimiento (Default) lo cual es inflacionario, ya que siempre genera desconfianza en la moneda que emite y de quien es dueño el país deudor en incumplimiento (nosotros en este caso). También, es bueno recordar que la deuda representa más impuestos a futuro que eventualmente se tiene que pagar. Es decir, otra bomba.
Reducción y Ahorro del Gasto Público
La mejor opción, la menos dañina, consiste en que los fondos no provengan de los ahorros de los trabajadores sino que se utilicen directamente de la reducción y posible ahorro del gasto público, de forma que no se agregue aún más deuda. Se ha confirmado que el Estado solo ha pagado nómina y publicidad durante la cuarentena, por lo que hay un sobrante teórico en el presupuesto. A pesar de esto, lamentablemente ya este gobierno tomó aún más préstamos para financiar y cubrir el gasto publico por las caídas de las recaudaciones, imponiéndonos aún más carga peligrosa al futuro. Si no se cubren estos fondos con el posible ahorro y reducción del gasto público innecesario, cuyas partidas a reducir se pueden observar en nuestro plan de gobierno, solo en este caso se debe utilizar las reservas internacionales del Banco Central en la menor medida posible. Estos fondos para distribuir deben basarse en lo cotizado por cada pensionista, pero no deben salir directamente de su pensión, destruyendo su ahorro, erradicando la seguridad jurídica y generando temor en el clima de inversión en la República Dominicana. Por igual, la distribución del fondo en base al porcentaje de las cuentas individuales de pensiones no debe exceder los RD$140,000 debido a que la clase alta no necesita esta distribución, reduciendo la carga a este Estado debilitado y a sus contribuyentes que, al final, son quienes realmente pagan. Del mismo modo, para toda persona que esté en el programa FASE, el monto obtenido por FASE deberá serle reducido para evitar una doble carga al contribuyente. Esta propuesta reduce la carga del fondo a los contribuyentes sin reducir el porcentaje en discusión, no es inflacionaria (siempre y cuando se utilice de las reservas lo menos posible) y el coste no lo paga directamente el pensionista, lo cual de por sí era ridículo.
Ahora bien, hay que comprender que solo el 30% de todos los cotizantes ostentan un fondo mayor a RD$140,000, es decir, la mayoría de los cotizantes tienen pocos fondos. Por esto y otras razones que hemos mencionado, ninguna propuesta basada en los fondos es perfecta. Simplemente estamos aportando al informar cual es la mejor opción viendo que un 85% de los dominicanos apoyan la idea de la devolución de los fondos de pensiones, y viendo que los políticos han hecho de este tema uno que parece que su aprobación será inevitable. Lo ideal sería, tal como hemos propuesto anteriormente, rescatar temporalmente los salarios, las personas suspendidas y desempleadas, y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) a través de estos fondos de reducción del gasto que hemos descrito, además de reducir los impuestos y las regulaciones. Sin embargo, como lo que está en discusión es en base a las AFP, estamos intentando que, si sucede, que se haga de la mejor forma posible y con el menor daño económico posible. Tratemos de convertir la bomba en un colchón, aunque sea un colchón frágil, pero por dios, que no nos explote una bomba en el medio del huracán COVID.