La prensa del miércoles 13 de julio trae dos noticias que podrían ser indicativas de lo que podemos esperar de Francisco Ozoria, sus luces y sus sombras, lo que cambiará y lo que permanecerá penosamente igual durante su gestión como arzobispo de Santo Domingo.
La primera noticia es que Ozoria estuvo en Palacio, realizando la reglamentaria “visita de cortesía” que acostumbran hacer tras su designación los altos mandos de la Iglesia al Presidente de la República. Aunque ocurren al margen del ordenamiento político-institucional establecido en la Constitución, estas consultas entre los jefes de los dos grandes poderes de la nación cumplen un rol político de primer orden. Más de una vez se ha sabido que allí, en la privacidad del despacho presidencial, los jefes de Estado y los jerarcas católicos han fijado posiciones y tomado decisiones de gran trascendencia para el país.
Poco importa que los jerarcas no sean elegidos por el electorado dominicano y que por consiguiente no les corresponda despachar asuntos de Estado ni con el Presidente ni con nadie. Esa es la peculiar relación Estado-Iglesia aquí donde rige el Concordato más complaciente de la bolita del mundo (después que los españoles reformaran el suscrito por el Generalísimo Franco y que sirviera de modelo a su gran admirador y discípulo, el Generalísimo Trujillo).
Pero volviendo al tema de la visita de cortesía, veamos primero lo positivo: el anuncio de que se extenderá la vigencia de los carnets de los migrantes regularizados, que se hizo casi simultáneamente con la visita de Ozoria a Palacio. Por supuesto que esa decisión no se tomó ayer, sino que se venía negociando -incluso con el gobierno haitiano- desde hace algún tiempo. La importancia de Ozoria en este asunto es que, a diferencia de la jerarquía liderada por López Rodríguez, la de Ozoria no va a montarle shows “nacionalistas” al gobierno, ni va a darle cuerda a Vinicito y a su séquito de “patriotas” para que sigan utilizando los medios de comunicación más afines a la Iglesia para atacar la política migratoria del gobierno y azuzar la xenofobia anti-haitiana.
Los obispos y curas a los que no les guste la nueva actitud frente a los migrantes de los dos Franciscos –el de aquí y el de allá- tendrán que tragarse el pique y aguantarse la boca, por aquello de la obediencia incondicional a la que obligan sus contratos de trabajo (“votos”). Por su parte, habrá que esperar a ver qué resuelven los medios ultracatólicos ahora que sus jefes espirituales les han variado la línea de forma tan radical.
Pasando ahora a lo negativo, consideremos el candor con que Ozoria describió lo tratado en la reunión con Danilo: además de saludarlo, dijo, fue a hablarle “de unos proyectos en San Pedro de Macorís que debemos continuar, como una oficina del obispado” (énfasis mío). En otras palabras, fue a pedirle cuartos, a recordarle al Presidente que el cambio de mando no altera en lo más mínimo el peaje que el gobierno tiene que entregarle a la Iglesia por sus favores políticos. Eso hay que seguir pagándolo igualito, con este arzobispo o con el otro, con el papa “bueno” (éste) o el papa “malo” (el anterior, que las malas lenguas hasta apodaban “Maledicto”). Las políticas migratorias podrán humanizarse, pero la tripleta Dinero-Estado-Poder que tantos beneficios le ha dado a la Iglesia durante casi dos milenios no se cambia así por así.
Con el mismo candor –o impudicia, según como se vea- con que Ozoria habló de las obras que el gobierno le debe construir a la Iglesia, a su salida del despacho presidencial también les aclaró a los periodistas el asunto de unos terrenos invadidos en San Pedro que han estado dando de qué hablar en los últimos días. Resulta que los 35,000 metros en cuestión fueron donados por el CEA a la Iglesia católica, una de las tantas propiedades del pueblo regaladas graciosamente a la Iglesia por los sucesivos gobiernos desde la época de Trujillo. Sumados a los terrenos municipales y a las áreas verdes de urbanizaciones ilegalmente donadas por los ayuntamientos para la construcción de iglesias y escuelas, supongo que estamos hablando de millones de metros cuadrados de terrenos públicos ilegítimamente “donados” por los políticos de turno, sin consulta ciudadana alguna, para la obtención de favores políticos. La cantidad exacta nadie la conoce ni la imagina, por aquello de que a los presuntos interesados, los ciudadanos, no hay por qué mantenerlos al corriente de estas transacciones.
Y esto solamente en el renglón terrenos. En el próximo artículo continuaremos con el tema de la peculiar relación Estado-Iglesia y sus funciones políticas en la floreciente democracia dominicana.