A propósito de otro asesinato para robar un celular, cabe preguntarse para qué sirven esos aparatos si no pueden reactivarlos. Escuché que las compañías telefónicas dicen que no se reactivan a menos que se demuestre el origen del celular. Pero siguen los atracos. Lo reactiven o no, el hecho es que muchas personas han sido víctimas de atracos e incluso han sido asesinadas para despojarlas de un aparato que está en venta en cualquier establecimiento comercial, a diferente niveles de precio.
Cada vez que ocurre un hecho de esa naturaleza suelo preguntarme si los autores de esos horrendos hechos merecen un tratamiento distinto al que les dan a sus víctimas. Y cada vez la realidad me pone de frente ante el espejo de una justicia corrupta que trata a esos delincuentes como si fueran ángeles enviados del cielo, por lo que quedan casi siempre libres de sanción para seguir cometiendo sus fechorías. La única posibilidad de reducir esa modalidad del crimen es imponiendo severas sanciones a las empresas que reactivan esos aparatos y exigir del NDOTELl normas y supervisiones más rigurosas.
Lo mismo ocurre con el hurto de propiedades públicas, como alambrado y bombillas eléctricas en calles, plazas y puentes y los llamados “ojos de gato” o de “buey”, como se llamen, y tapas de alcantarillas, y otros objetos, para venderlos en establecimientos de empeño o de artículos usados, que si bien pueden ser cientos los ladrones, son pocos quienes los compran para revenderlos o reciclarlos, razón por la que no se entiende porqué se incrementan esos hurtos.
Es obvio que hay en ambos casos alguna suerte de complicidad y de protección con asesinos, atracadores y ladrones. Y esa situación continúa aumentando el nivel de inseguridad en que hoy vive una parte importante de la sociedad, que a diario lee en los medios la ocurrencia de estos hechos, que ya parecen parte de la cotidianidad dominicana.